“La redistribución de las tierras para quienes las trabajan”. La consigna encabezada por las familias pequeño-productoras está a dos sesiones de concretarse, después de una batalla de años. El avance del proyecto para declarar la Ley de Acceso a la Tierra, que obtuvo esta semana dictamen de la Cámara de Diputados, va camino a marcar un hito para la historia productiva del país.

El 60% de los alimentos frescos que se consumen en la Argentina es producido por este sector, pero el 75% de estas familias no son propietarias de las tierras en las que trabajan. El acceso a terrenos propios también representa tener un hogar. Según el Censo Agropecuario realizado en 2018, desde 2002 desaparecieron 100 mil explotaciones agropecuarias. Entre 1988 y 2002 ya había dejado de existir el 21% de ellas.

La Ley de Acceso a la Tierra entró por primera vez al Congreso en 2016, motorizada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). El documento propone un cambio de paradigma: la creación de un Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar, con el objetivo de facilitar la adquisición de tierras a través de un crédito blando; y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) o registros provinciales,  para la adquisición de inmuebles rurales y la construcción de viviendas.

El crédito podrá ser solicitado como crédito familiar pero también de manera colectiva para la creación de colonias agrícolas en tierras fiscales o privadas.

Las familias que accedan al crédito tendrán que cumplir obligaciones: vivir en el terreno adjudicado, trabajarlo en forma personal o familiar y reducir progresivamente la aplicación de agroquímicos. No podrán arrendar, desprenderse de parte del terreno, ni ceder sus derechos sobre la tierra, sin consentimiento previo del Comité Ejecutivo del Fideicomiso. No podrán transferirlo por 20 años.

La iniciativa también dispone un criterio de selección que promueve la equidad de género y el empleo joven. “Tienen prioridad las mujeres solteras con hijos e hijas, las y los jóvenes; quienes tengan conocimientos previos de producción agroecológica y quienes tengan residencia en el mismo distrito del predio a adquirir”, remarca el artículo 11.

El sector de la agricultura familiar produce la mayor parte de los alimentos consumidos a nivel nacional, y según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel mundial este sector genera el 80 por ciento.

La norma ya puede ser debatida en la Cámara Baja para recibir su media sanción. De concretarse el debate antes de fin de año, se dará un paso clave para resolver el problema de la tenencia de la tierra, una problemática que afecta la calidad de vida de trabajadores de la tierra y que impacta en los precios de los alimentos. De acuerdo con relevamientos del Ministerio de Agricultura, este sector produce “el 70% de la yerba mate, el 62% del tabaco, el 61% de pollos parrilleros, el 60% de los porcinos y el 59% de las hortalizas”. Además, se encarga de un tercio de la leche, un cuarto del ganado bovino y caprino del país, y genera el 53% del empleo en el sector”.