No son excesos ni la única alternativa de un gobierno, en un contexto lleno de violencia producto de la crisis económica actual. La decisión de sumar más de mil policías porteños a las calles, anunciada en las últimas horas, y encarcelar a personas que delinquen dentro de containers y en “cárceles ilegales” (como la de Flores) es una decisión política.
Respecto al barrio de Flores, la promesa original de la Ciudad fue instalar una comisaría en la calle Membrillar al 800 justo debajo de la autopista. Pero esa promesa jamás la cumplió y en su lugar instaló una alcaidía. Aunque el edificio no tiene finalización de obra, El ministro de seguridad porteño decidió encarcelar a más de 50 personas en su interior. A este grave hecho se suma el reclamo de miles de vecinas y vecinos de los barrios de Chacarita, Saavedra y Barracas. Allí el gobierno decidió instalar cárceles containers para apresar a cientos de personas.
Tras varios reclamos, la Legislatura porteña exige explicaciones al gobierno de Jorge Macri pero, hasta la fecha, se negaron a responder sobre esta situación.
“Como sabemos, hace 17 años que gobierna la misma fuerza política en la ciudad y estamos en una situación de emergencia en términos de seguridad. Pero lejos de atender la necesidad de los vecinos, lo que ha declarado el gobierno es la emergencia edilicia para intentar resolver un tema que no ha sido planificado, que es la situación de los presos”, declaró a Tiempo el diputado porteño (Unión por la Patria) Matías Barroetaveña.
El legislador presentó en las últimas horas otro pedido de informes para indagar al Ejecutivo y una “resolución de preocupación”, sobre este tema que puso en alerta a miles de vecinos de la Ciudad
“Hay más de 2.000 presos en comisarías de CABA que durante el último año se han escapado, que ha sido noticia pública, y para eso la solución que han encontrado es montar contenedores en la comuna 15, en la 4, en la 12 y en la 8, en Chacarita, Barracas, Saavedra y Lugano, y también ahora una alcaldía en la comuna 7 en el barrio de Flores. Todo esto provoca un fuerte rechazo de los vecinos porque los presos, además en condiciones absolutamente inhumanas, van a estar en los barrios dentro de contenedores”, agrega Barroetaveña y termina: “Los van a vigilar policías que, además, van a tener que ser reemplazados de alguna forma porque van a ocupar el rol de guardía cárceles en vez de estar brindando seguridad a los vecinos”.
Flores sigue exigiendo una comisaría
A mediados de 2018, el Gobierno de la Ciudad comenzó su campaña de cara a las elecciones de 2019, anunciando diferentes obras que reclamaban vecinas y vecinos en algunos barrios porteños. En Flores, uno de los más castigados por varias situaciones de inseguridad, el Ejecutivo avanzó con la pegatina de panfletos prometiendo “una comisaría para Flores”. La idea era construir un anexo de la Comisaría 38 sobre la calle Membrillar y la Autopista 25 de Mayo y transformar ese espacio en una respuesta a los reclamos.
A los pocos meses iniciaron las obras, pasaron las elecciones donde Rodriguez Larreta fue reelecto y, curiosamente, la construcción entró en un cese de actividades. A inicios de 2023 las obras del nuevo centro de inserción comunitaria continuaron pero, hasta la fecha, el edificio está sin terminar. Vecinas y vecinos del barrio de Flores denuncian que el gobierno porteño está utilizando ese lugar como una cárcel ilegal, donde tiene detenidas decenas de personas en un edificio que no tiene finalización de obra.
