Los tribunales federales porteños parecen haber tomado desde hace un par de meses la decisión de levantar el pie del acelerador en las causas que involucran a funcionarios del anterior gobierno en hechos de presunta corrupción. Con excepción de Claudio Bonadio, quien esta semana encaminó hacia el juicio oral otra parte de la causa de las fotocopias de los cuadernos, y los juicios orales que ya están en marcha (y que, según lo dispone el Código Procesal, no pueden interrumpirse por más de diez días hábiles), los expedientes calientes ingresaron en una etapa soporífera, expectante, con la mirada puesta en el proceso eleccionario que en diciembre próximo desembocará en la continuidad de Mauricio Macri o el desembarco de Alberto Fernández en la Casa Rosada.
A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2015, cuando la corporación judicial jugó indisimuladamente en el escenario político, precipitando el cambio, o en los años posteriores, acompañando a ese cambio, Comodoro Py parece haber decidido desensillar hasta que aclare. Ese edificio, que olfatea los finales de época acaso antes que cualquier otro actor institucional e, incluso, económico, optó por la prudencia. Ni siquiera la decisión del fiscal federal Franco Picardi, de impulsar una investigación contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, integrante del grupo íntimo de consulta del presidente, Mauricio Macri, puede ser interpretada como un presagio de alteración del escenario político.
Tampoco las esquirlas de la explosión del submarino ARA San Juan que impactaron e impactan judicialmente en el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Desde la oposición, llegaron mensajes tranquilizadores sobre lo único que amalgama los intereses de la corporación judicial: su propia estabilidad. No habrá –anticiparon– cobro de facturas por el desempeño de los últimos cuatro años. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero nadie los empujará a hacerlo», repiten.
Acaso la señal más inquietante la haya dado la candidata a diputada por Consenso Federal Graciela Camaño, quien deslizó que en las próximas elecciones se juega –además del futuro gobierno– una cuestión personal entre Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: «el que pierde va preso». Nadie más habló (ni habla) en esos categóricos términos en el Poder Judicial. ¿En qué causas podría producirse un escenario de potencial encarcelamiento al derrotado político? La expresidenta tiene media docena de expedientes encaminados o ya en debate oral y público. Todas sus prisiones preventivas fueron dictadas por el juez Bonadio, pero por aquella cuestión de los fueros ninguna se ha concretado. Aun en el caso de que el Senado de la Nación resolviera quitarle la protección, los argumentos jurídicos para disponer su encierro preventivo no resisten el control judicial.
Según un fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal de hace más de una década, una persona puede ser privada de su libertad durante el proceso si existiere riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La realidad es que CFK estuvo siempre «a derecho»; salió y sale regularmente del país, últimamente por visitas humanitarias a su hija, hospitalizada en Cuba. Las prisiones preventivas no se concretaron, y pese a que continuó en libertad, las investigaciones que la tienen como imputada siguieron avanzando, aun con las irregularidades denunciadas por su defensa.
El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, tiene una causa judicial que está a la espera de la fijación de la fecha del debate. Se trata del expediente conocido como «dólar futuro», en el que también está procesada la expresidenta. El Tribunal Oral Federal número uno debe fijar fecha para el debate, pero todavía no lo hizo.
Alberto Fernández no tiene causas en trámite, pese a los esfuerzos de algunos «denunciators» que buscaron de apuro involucrarlo tras su postulación a la presidencia. ¿Y en el oficialismo? Durante estos cuatro años la mayoría de las causas que arrastraba el presidente Mauricio Macri fueron cerradas. Pero, en el mismo lapso, surgieron al menos una docena de denuncias que se movieron hasta ahora con la agilidad de un elefante con artrosis, entre ellas las del Correo Argentino, los parques eólicos y las autopistas.
Desde su creación en los años ’90, tal como se los conoce hoy, los tribunales federales rigen sus derroteros en sintonía (con sus más y con sus menos) con los tiempos políticos. La aparente prescindencia de las últimas semanas no es tal. Más bien parece un repliegue estratégico; un tiempo de reflexión y observación frente a la incertidumbre electoral. «
A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales de 2015, cuando la corporación judicial jugó indisimuladamente en el escenario político, precipitando el cambio, o en los años posteriores, acompañando a ese cambio, Comodoro Py parece haber decidido desensillar hasta que aclare. Ese edificio, que olfatea los finales de época acaso antes que cualquier otro actor institucional e, incluso, económico, optó por la prudencia. Ni siquiera la decisión del fiscal federal Franco Picardi, de impulsar una investigación contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, integrante del grupo íntimo de consulta del presidente, Mauricio Macri, puede ser interpretada como un presagio de alteración del escenario político.
Tampoco las esquirlas de la explosión del submarino ARA San Juan que impactaron e impactan judicialmente en el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Desde la oposición, llegaron mensajes tranquilizadores sobre lo único que amalgama los intereses de la corporación judicial: su propia estabilidad. No habrá –anticiparon– cobro de facturas por el desempeño de los últimos cuatro años. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero nadie los empujará a hacerlo», repiten.
Acaso la señal más inquietante la haya dado la candidata a diputada por Consenso Federal Graciela Camaño, quien deslizó que en las próximas elecciones se juega –además del futuro gobierno– una cuestión personal entre Mauricio Macri y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner: «el que pierde va preso». Nadie más habló (ni habla) en esos categóricos términos en el Poder Judicial. ¿En qué causas podría producirse un escenario de potencial encarcelamiento al derrotado político? La expresidenta tiene media docena de expedientes encaminados o ya en debate oral y público. Todas sus prisiones preventivas fueron dictadas por el juez Bonadio, pero por aquella cuestión de los fueros ninguna se ha concretado. Aun en el caso de que el Senado de la Nación resolviera quitarle la protección, los argumentos jurídicos para disponer su encierro preventivo no resisten el control judicial.
Según un fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal de hace más de una década, una persona puede ser privada de su libertad durante el proceso si existiere riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
La realidad es que CFK estuvo siempre «a derecho»; salió y sale regularmente del país, últimamente por visitas humanitarias a su hija, hospitalizada en Cuba. Las prisiones preventivas no se concretaron, y pese a que continuó en libertad, las investigaciones que la tienen como imputada siguieron avanzando, aun con las irregularidades denunciadas por su defensa.
El candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, tiene una causa judicial que está a la espera de la fijación de la fecha del debate. Se trata del expediente conocido como «dólar futuro», en el que también está procesada la expresidenta. El Tribunal Oral Federal número uno debe fijar fecha para el debate, pero todavía no lo hizo.
Alberto Fernández no tiene causas en trámite, pese a los esfuerzos de algunos «denunciators» que buscaron de apuro involucrarlo tras su postulación a la presidencia. ¿Y en el oficialismo? Durante estos cuatro años la mayoría de las causas que arrastraba el presidente Mauricio Macri fueron cerradas. Pero, en el mismo lapso, surgieron al menos una docena de denuncias que se movieron hasta ahora con la agilidad de un elefante con artrosis, entre ellas las del Correo Argentino, los parques eólicos y las autopistas.
Desde su creación en los años ’90, tal como se los conoce hoy, los tribunales federales rigen sus derroteros en sintonía (con sus más y con sus menos) con los tiempos políticos. La aparente prescindencia de las últimas semanas no es tal. Más bien parece un repliegue estratégico; un tiempo de reflexión y observación frente a la incertidumbre electoral. «
