El Juzgado de Garantías N° 4 de Morón, a cargo del juez Marcelo Manso, durante los últimos días ordenó clausurar la comisaría 2° de Hurlingham, para investigar presuntos delitos cometidos por policías y refaccionar el lugar. Prohibió el alojamiento de personas hasta que los calabozos sean acondicionados, puntualmente, que pongan agua caliente y reparen las aberturas. La resolución del magistrado es la respuesta a un habeas corpus colectivo que presentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras una inspección en esa dependencia de la Policía Bonaerense.

“Cuando hicimos la denuncia el juez decidió ir a la comisaría para verificar la situación. En el habeas corpus nosotros señalamos la falta de atención médica que padecían los detenidos con distintos problemas de salud y describimos las condiciones inhumanas en las que estaban alojados”; denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.

Sobrepoblación

“La comisaría estaba sobrepoblada, algunas personas dormían en el piso sobre colchones húmedos y no les permitían el ingreso de frazadas a pesar de las bajas temperaturas climáticas”, aseguró el letrado. “También detectamos el uso de una celda de castigo sin agua, los policías tampoco les proveían ni siquiera para que puedan quitar la sed y la alimentación era insuficiente”, agregó.

“El magistrado constató que había veintiún detenidos en cuatro calabozos, uno de ellos dormía en el piso, se trata de personas que requerían controles médicos y no los trasladaban a los hospitales por la supuesta carencia de móviles y tampoco les proveían ningún tipo de medicamento”, detalló el secretario ejecutivo.

“Todos los detenidos confirmaron que sólo tenían agua fría, la calentaban en una pava eléctrica para higienizarse. Además, la comida que les daba el Estado a través de la comisaría era solo tres veces por semana. Muchos de los detenidos vieron afectados sus vínculos familiares, porque no les dejaban tener teléfonos celulares, los policías no respetaban los horarios de visita haciendo esperar a los parientes de los presos afuera durante horas”, aseguró el abogado.

Precariedad institucional

“Los detenidos nos contaron que los policías les pedían dinero para permitirles que sus familiares les lleven comida. También denunciaron que les hacían requisas de cuerpo y sufrían vejámenes, entre otros tratos crueles y degradantes para la dignidad humana”, apuntó Cipriano. “Y nos contaron que cuando sus allegados les llevaban mercadería, siempre les faltaba algo, por sobre todo la yerba y el azúcar”, señaló.

Cabe destacar que los funcionarios judiciales comprobaron que los detenidos padecían temperaturas: “por debajo de los cero grados, sin ningún tipo de calefacción ni agua caliente, las estaban rotas y los allí cautivos eran obligados a amontonarse para transmitirse calor entre ellos, era algo terrible e inhumano, sufrían mala alimentación”, denunció.

Resolución del juez

Es por todo ello que el juez Marcelo Manso resolvió que en el término de 12 horas se otorgue cupo de alojamiento en unidades penitenciarias -dependientes de Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)- a los detenidos en la comisaría 2° de Hurlingham, partido de Villa Tesei. “También dispuso que le realicen un informe médico a cada uno de los presos, para saber el estado de salud de cada uno de ellos y si necesitaban tratamientos médicos o algún tipo de medicamentos”, detalló.

Manso, además, remitió una copia -de las entrevistas que hizo a los presos en la comisaría- a la Fiscalía General: “Para que investigue posibles delitos cometidos por los policías y prohibió el alojamiento en esa dependencia que estaba en estado deplorable, hasta que terminen de refaccionarla”, cerró.