El Tribunal Superior de Londres falló en contra del Estado argentino y lo obligó a abonar una compensación cercana a los U$S 1.500 millones, en el juicio que le siguen varios fondos de inversión, por el método de cálculo de una serie de bonos de deuda, conocidos como «cupones PBI«.

El fallo argumentó que el cambio en la metodología aplicado en su momento por el Indec provocó pérdidas para los tenedores de bonos. Sus cláusulas de emisión habilitaban un pago cada vez que el PBI anual subía más de 3,22%. La modificación en la manera de cálculo, argumentaron los fondos, alteró el resultado de 2013, que fue menor al previsto, e impidió que los bonistas cobraran los dividendos esperados para ese ejercicio.

Los fondos que iniciaron la demanda judicial fueron Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, que poseían alrededor del 48% de esa serie de bonos en circulación. El juez Simon Picken ordenó que reciban una compensación de 643 millones de euros más los intereses acumulados desde 2014 en adelante, lo que duplicaría ese monto. Se descuenta que la sentencia será apelada por el gobierno argentino.

Los llamados «cupones PBI» fueron emitidos por el gobierno argentino durante el canje de deuda realizado en 2005 por el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. El propósito con el que fueron emitidos era que los acreedores del gobierno argentino podrían recibir dividendos siempre y cuando la economía del país creciera. Como en esos años hubo una notable expansión de la actividad, los cupones se volvieron atractivos para los inversores.

El rol del Indec en los «cupones PBI»

Sin embargo, en 2013 el Indec (como lo hacen todos los organismos estadísticos de manera periódica) modernizó sus estadísticas y aplicó una nueva base de cálculo: dejó de lado la matriz productiva de 1993 y empezó a tomar la que surgió del Censo Nacional Económico y la Encuesta Nacional de Hogares realizados en 2004, que es la que aún está vigente.

La modificación determinó que el producto bruto de 2013 había crecido solamente 3% en lugar del 4,9% que se había estimado provisoriamente. Eso hizo que no se habilitaran pagos del cupón PBI.

Por esos años, había serias sospechas sobre la legitimidad de las estadísticas del Indec; sobre todo, en las vinculadas a los precios. Desde la oposición al gobierno kirchnerista, e incluso desde sectores sindicales ligados a los trabajadores del organismo, se cuestionaba su validez. Lo curioso fue que en 2016, el flamante gobierno de Mauricio Macri dispuso una revisión de las estadísticas hechas por el Indec en años anteriores y allí se descubrió que en realidad el PBI de 2013 había crecido todavía menos: 2,3%. Esto implicaba que la decisión de no abonar dividendos a los bonistas tomada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, había sido correcta.