El vínculo diplomático entre los gobiernos de Argentina y Venezuela alcanzó otro pico de tensión luego de que la Cámara Federal porteña ordenara la detención y captura del presidente Nicolás Maduro y de uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un supuesto “plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país”.
El polémico e inédito fallo se produce justo después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una orden de detención contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich por el caso del avión venezolano de la firma Emtrasur.
La respuesta del Poder Judicial argentino vino de la mano de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, de la sala I de la Cámara Federal porteña (conocida como la sala M por macrista), quines tomaron el guante tras una denuncia presentada por el gobierno de Milei. El fallo alcanza a más de 30 dirigentes chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia. Según dijeron, las órdenes de captura serán elevadas a Interpool.
La sentencia asegura que “se comprobó que existe en Venezuela un plan sistemático de represión, desaparición forzada de personas, tortura, homicidios y persecución contra una porción de la población civil, desarrollado –cuanto menos– desde el año 2014 hasta el presente”.
El tribunal llegó a esta decisión luego de unificar todas las causas radicadas en los tribunales de Comodoro Py 2002 contra Maduro y tras haber escuchado a un grupo venezolanos residentes en el país.
De esta manera, los magistrados señalaron que “en consideración de la gravedad y trascendencia de los hechos, pero especialmente, que se denuncian como ejecutados por la estructura misma del Estado venezolano, y que se seguirían perpetrando al día de la fecha, a fin de evitar un entorpecimiento en la investigación, poner fin a la continuación de la trama delictiva y evitar futuras víctimas que padezcan irreparables violaciones a los derechos humanos, corresponde disponer la inmediata detención -vía Interpol- de Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, con fines de extradición a esta República Argentina”.
Días atrás, Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe habían solicitado que la Cámara Criminal y Correccional Federal solicite la indagatoria y la captura del presidente venezolano.
El pedido fue realizado durante una audiencia en la Sala 1 de la Cámara Federal donde estuvieron presentes, entre otros, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en representación del gobierno nacional y el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, quien acompañó a los denunciantes.
La denuncia argentina fue presentada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) en 2023. La FADD publicó en X un video en el que celebró el fallo de la Justicia: «¡Histórica decisión!»
La denuncia de Venezuela
La decisión de los jueces de Comodoro Py se dio unas horas después de que la Sala Penal del TSJ venezolano emitiera una medida privativa de libertad contra Milei, su hermana Karina y Patricia Bullrich por el “robo” del avión de Emtrasur, la aeronave retenida durante el gobierno de Alberto Fernández y enviada a Estados Unidos este año por decisión de la ministra argentina.
Según informó el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, la medida se basa en una investigación abierta por “los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, privación de libertad, interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil, inutilización de aeronaves y asociación de conformidad con lo establecido en las normas sustantivas penales”.
El caso se remonta a junio de 2022, cuando un avión de la empresa venezolana Emtrasur aterrizó en Argentina. En ese momento, sus 19 ocupantes (cinco iraníes y 14 venezolanos) fueron detenidos. La controversia escaló en febrero de este año cuando el gobierno de Milei entregó la aeronave a Estados Unidos, donde posteriormente fue desmantelada.
Todo indica que ambos fallos no tendrán efectos concretos. En los dos casos, el paso siguiente es pedirle la detención a Interpol, que suele rechazar las órdenes de captura contra presidentes, cancilleres y personalidades políticas relevantes.
