La política económica del gobierno de Javier Milei tiene dos objetivos: empobrecer a los que trabajamos y regalar el país a los grupos económicos. Lo primero que hizo fue devaluar, y eso llevó a que la inflación de todo el 2023 llegara al 211,4 %. Por eso los sindicatos tenemos la obligación de impulsar la reapertura de las paritarias. Solamente para mantener el poder adquisitivo del salario perdido en los últimos doce meses, deberíamos multiplicarlo por un poco más de tres.
Los asalariados, entre formales e informales, somos más de 10 millones. Nuestros ingresos dependen de las paritarias, porque los salarios de quienes trabajan en la informalidad también mejoran cuando se recomponen los salarios formales. Por eso es que este gobierno ataca a los sindicatos y la legislación laboral, que establecen y garantizan los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Sin dudas, la huelga general convocada por la CGT y ambas CTA para el 24 de enero es imprescindible para resistir los embates contra la legislación social. Si una reforma laboral regresiva no prospera será por la fuerza del movimiento obrero, tal como ocurrió en 2018 con el intento de Macri.
Pero la defensa de los derechos de quienes trabajamos también exige ejercitar el derecho a la negociación colectiva, sobre todo cuando este gobierno alienta la inflación. Si los empresarios aumentan todos los días los precios, nosotros debemos impedir en forma urgente que se sigan destruyendo los ingresos de la clase trabajadora. Tal vez tengamos que acostumbrarnos a negociar todos los meses.
Por un lado, la gravedad de la situación requiere de una acción urgente para evitar la caída del salario real. Pero, por otro, es hora de avanzar en la pelea por salarios realmente dignos, que garanticen que no haya más trabajadores pobres.
La Constitución Nacional, en su art. 14 bis, nos reconoce tres derechos fundamentales y necesarios para ello: salarios justos, negociación colectiva y huelga.
El primero de esos derechos está reglamentado en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo: “Salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.
En enero de 2024, la suma necesaria para cubrir todas esas necesidades es de más de 900.000 pesos por mes.
La ley de negociación colectiva (Ley 14.250) sigue vigente y sin limitaciones, y permite que los sindicatos exijamos los salarios que consideremos pertinentes. Por ejemplo, un salario mínimo de 900.000 pesos, porque los salarios los fijan las necesidades de los que vivimos de nuestro trabajo, y no el Estado ni los empleadores.
Conocer el derecho y exigirlo es importante, pero lógicamente, para los patrones eso no alcanza. Se oponen sistemáticamente a los aumentos salariales en esos términos. Entonces tenemos el tercer derecho, sin el cual los otros no serían nada: el derecho de huelga.
Es nuestra herramienta más importante y el gobierno de Javier Milei lo sabe muy bien. Por eso, el nefasto Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 -escrito por las patronales y hoy suspendido temporalmente por la Cámara Laboral-, prácticamente prohíbe la huelga, que es la que nos permite ganar salarios suficientes para que nuestras familias vivan dignamente.
Y porque no estamos dispuestos a perder esos derechos, este 24 de enero vamos hacer huelga, vamos a gritarlo en las calles y vamos a reclamar en paritarias los salarios dignos que nuestras familias merecen. Para eso trabajamos, para vivir dignamente.
