El viernes a primera hora, mediante la disposición 143/24 de la Secretaría de Trabajo, el gobierno nacional homologó la paritaria del sindicato de Camioneros que se acordó en febrero con las cámaras patronales, pero el gobierno se negó a formalizar.
El sindicato y la parte patronal tuvieron que reformular el texto original. Allí se disponía una suba del 25% para marzo y de un 20% para abril sobre los haberes de febrero. El acta nueva dispone una suba del 15% para marzo y del 9% para abril y, a la vez, impone un 10% en marzo en concepto de «recomposición diferencia mes de diciembre» y otro 7% en abril bajo el ítem de «recomposición diferencias 2023». Ambas cifras tienen carácter remunerativo y, al ser acumulativas, equiparan el aumento del 45% acordado originalmente.
En la renegociación, Camioneros pudo extender por un mes más una compensación para su obra social equivalente a $ 10 mil por trabajador, y las patronales postergar el período hasta el 31 de mayo con revisión en junio. El nuevo acuerdo se presentó el martes en la cartera laboral y, en menos de 72 horas, resultó formalizado sin observaciones.
La negativa del secretario de Trabajo, Julio Cordero, para avanzar en lo que la ley dispone, se fundamentaba en las condiciones que el ministro de Economía, Luis Caputo, le había puesto: el salario debe ser un ancla para la inflación y, por ese motivo, no se homologará ninguna paritaria que exceda la suba de precios del mes negociado o las expectativas para los meses hacia adelante. El rechazo a esa postura fue uno de los puntos clave que la conducción de la CGT llevó a la reunión, el 10 de abril, con los funcionarios del gobierno y la que, a la postre, provocó la convocatoria al paro del próximo 9 de mayo.
¿Todos ganan?
El diseño de un nuevo acuerdo viabilizó una recomposición salarial para los trabajadores que no habían recibido aumentos desde noviembre y que sufrieron el golpe de la escalada de precios de diciembre, enero y febrero. Para el gobierno resultó la oportunidad de mostrar capacidad de encuadramiento en las negociaciones colectivas. De hecho, la difusión oficial de la cartera laboral omitió los porcentajes relativos a la recomposición y solo mostró aquellos que se refieren al incremento en los básicos.
A partir de ahí se abrió una polémica para definir cuál de las partes había cedido. La discusión, además, está atravesada por el esfuerzo del gobierno para inducir a la CGT al levantamiento del paro que, puertas adentro, confían lograr.
El director del Taller de Estudios Laborales, Oscar Martínez, señaló a Tiempo que «el acuerdo de Camioneros se puede interpretar de dos maneras. Es bueno dentro de lo que es la etapa porque le ganaron a la inflación. Ellos, a diferencia de Aceiteros y el Neumático, venían con atraso y esto recupera». Sin embargo el especialista opinó que políticamente tiene un costado complicado porque «no sólo se subordinaron a los requerimientos del gobierno. Pablo Moyano es uno de los dirigentes de la CGT, si cierra bien para su gremio pero hacia afuera queda como que se acomoda ante el reclamo del gobierno, es un problema. No tuvo en cuenta que su proyección nacional es como dirigente de la CGT. Tendría que haber forzado más la cosa».
Un camino similar al adoptado por el sindicato Camionero para sortear el bloqueo oficial fue el que tomó la UOM, que acordó una suba del 42% pero incluyendo sumas por fuera del acuerdo. Rubén Urbano, secretario general de UOM Córdoba explicó a Tiempo que «ya está la homologación de nuestro acuerdo. Se disimuló la cifra poniendo una parte no remunerativa. Pero no nos condiciona porque después queda con carácter remunerativo y como base de cálculo hacia adelante». Con todo, el dirigente opinó que «no tendrían por qué meterse. Hay libertad para todo. Libertinaje para los precios y un techo a la paritarias. Lo que hacen Caputo y Milei es un absurdo. Es un tema que va a estar presente en el paro del 9 de mayo».
Uno de los sindicatos que aguarda la formalización de su acuerdo, que no reúne los requisitos oficiales, es el de la Federación de Trabajadores Aceiteros, que pactaron una suba del 41% en enero y otro 25% en abril que totaliza más de un 70% para el primer semestre. Daniel Yofra, en diálogo con Tiempo, se mostró atento: «No está homologado. La pauta del gobierno es muy egoísta. Quieren condenar a aquellos que sufrieron la devaluación y no pudieron recomponer. No nos dijeron nada, vamos a esperar un tiempo prudencial. Vamos a exigir que homologuen porque eso es lo que corresponde por ley».
Sobre el acuerdo camionero Yofra planteó que «si al final reciben lo mismo en el bolsillo, lo que pidió el gobierno es una chiquilinada. No veo cuál es el propósito de hacer ese mamarracho. Yo no estaría dispuesto a revisar el acta porque ya la arreglé con las cámaras. Es una negociación de partes. No haría nada que perjudique al resto de los trabajadores, no sé si este nuevo acuerdo lo hace. Puede ser una excusa del gobierno para debilitar al resto de las organizaciones que vienen siendo sumisas y hace 20 años que aceptan las pautas que ponen los gobiernos», opinó. «
Paritarias: lo que dice la ley
Según la legislación, la intervención del Estado, vía la Secretaría de Trabajo, se limita a certificar que la negociación paritaria entre privados se ajusta a los requisitos legales. La ley no le otorga el derecho a establecer cuáles son los porcentajes que se pueden acordar ni le permite rechazar un acuerdo paritario con ese fundamento.
Según el artículo 6 de la Ley 25.877, que regula las negociaciones paritarias, «la homologación deberá producirse dentro de un plazo no mayor de treinta días de recibida la solicitud, siempre que la convención reúna todos los requisitos establecidos a tal efecto. Transcurrido dicho plazo se la considerará tácitamente homologada».
El abogado laboralista León Piasek explicó a este diario que «siempre hubo un techo sobrevolando». Explicó que para no homologar, el gobierno debería «fundamentarlo por ejemplo diciendo que ‘altera el interés general’, pero no puede negarse a homologar alegando que afecta la economía o impacta en la inflación. Es completamente arbitraria la omisión de homologar. Queda la posibilidad de ejercer el derecho de defensa con recursos administrativos ante la Secretaría de Trabajo o ir a la Justicia por la omisión de la autoridad de aplicación».
