Corrían los años noventa y el clima festivo de la “pizza con champán” del menemismo. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Alfonsín, y el indulto concedido por Carlos Menem a más de 200 militares y civiles que habían cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) daban un marco de impunidad para los ex represores.
En ese ambiente, frívolo y espeso, se movía como pez en el agua Alfredo Astiz, el “ángel de la muerte”, sobre cuyas espaldas caían el secuestro y asesinato de la estudiante sueca Dagmar Hagelin, las monjas francesas Alice Domon y Léoni Duquet, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, entre varias decenas, acaso cientos, de crímenes más. Y también una derrota, humillante para cualquier militar: la de haberse rendido en las Islas Georgias frente a los ingleses, a fines de abril de 1982, sin disparar un solo tiro.
Pero eran tiempos de fiesta y atrás quedaba el mal trago para un todavía capitán de navío (recién sería destituido en 1998), que pisaba los 40 años y gustaba de pasearse junto a jovencitas por las discos de moda.
Fue en abril de 1993 cuando su imagen -poco conocida para el gran público, en tiempos en que no había celulares y las cámaras usaban rollo- cobró notoriedad al publicarse en la “vidriera” de la revista Gente.
El reportero gráfico Guillermo Pardo, autor de la foto, recuerda muy bien aquel momento: “Esa noche, el jefe de seguridad de New York City me presentó a Alfredo Astiz. El tipo me dio la mano y me advirtió: ‘No quiero fotos’, cuenta. Luego subió con una joven rubia a los reservados. Lo seguí, y él tomó el ascensor. Entonces bajé por la escalera a los saltos y le abrí la puerta. Al verme, Astiz se dio vuelta, pero el espejo le jugó una mala pasada. En un segundo acomodé la lente y el flash de mi cámara, me corrí para no salir reflejado en la foto, y disparé el obturador. Fue una sola foto, que luego había que revelar, y yo recién la vi cuando salió publicada en la revista”, relata.
Después de aquel disparo de flash, “Astiz salió del boliche con la joven, y otros fotógrafos lo persiguieron. Ya en la calle, le pegó un puñetazo y le rompió la cámara a uno de los colegas. Nadie lo denunció, así era en esos tiempos”, recuerda.
La foto salió publicada el 22 de abril de 1993 en la sección “Personajes” de la revista Gente. “A partir de ahí, mis colegas reporteros gráficos empezaron a escrachar a los represores que veían en restaurantes y lugares nocturnos. La gente se levantaba y comenzaba a aplaudir, o directamente a insultarlos”.
Luego del episodio, durante algunos meses, Pardo sufrió amenazas. “A la salida de la editorial (Atlántida), un tipo desde un auto me hacía señas de que me iba a cortar el cuello. Yo en ese momento no tuve miedo. Tenía indignación de que los represores y genocidas anduvieran sueltos por ahí… Yo había hecho el servicio militar en 1983, el último año de la dictadura, y la pasé muy mal… Sabía muy bien quién era Astiz, y por eso me obstiné en hacer esa foto. Fue mi forma de decirle a él y a todos los milicos genocidas Nunca Más”, confiesa.
Hoy, el reportero gráfico siente que “hubo un antes y un después” de esa imagen. “Los genocidas, a falta de una condena por parte de la justicia, dejaban el anonimato y al ser reconocidos sufrían el escarnio público”, señala.
“Esos mismos personajes, que son hoy ancianos, no dejaron de ser criminales. Quienes cometieron delitos de lesa humanidad no merecen estar libres, ni tener prisión domiciliaria”, reflexiona.
Una visita inoportuna y un plan siniestro
El debate sobre la memoria y la condena social vuelve a cobrar vigencia a partir de conocerse la visita que realizaron seis diputados libertarios al penal de Ezeiza, donde cumplen condena Alfredo Astiz y otros represores como Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías y Alfredo Donda, el pasado 11 de julio.
Tras la filtración de la visita, desde distintas organizaciones se elevaron voces de repudio y en la propia cámara de Diputados se conformó una comisión para investigar el hecho. En medio de las controversias, la diputada por Mendoza Lourdes Arrieta, publicó en la red social X los chats del grupo de WhatsApp en el que se organizaron las visitas y borradores de proyectos de ley y decretos para otorgar la libertad a militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Según las capturas de pantalla, el grupo estaba integrado por los 6 legisladores que participaron de la visita y otros 8 diputados del bloque de La Libertad Avanza (del que Arrieta fue expulsada), más funcionarios y ex funcionarios de la Justicia e integrantes de grupos de apoyo a los militares represores.
Uno de los proyectos de ley pretende reformar el Código Penal e incorporar una nueva causal de extinción de la acción penal: cuando hubieran transcurrido 20 años desde el momento en que el Estado toma conocimiento de un delito, sin que se hubiese llegado a sentencia. El proyecto se titula “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”.
En tanto, el presunto decreto reglamentario, propone que, independientemente del criterio de cada tribunal, se fije en 25 años “el plazo máximo de un proceso penal. Vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción”. En su artículo 2, agrega: “El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática”.
Las capturas de pantalla, al igual que la filtración de una foto en la que condenados y diputados posan frente a la cámara, dejan registro certero de la reunión y el plan siniestro que la enmarcaba.
Una vez más, hay imágenes que hablan por sí solas. La pregunta vuelve a ser: ¿habrá una justicia o será la sociedad quien condene?