Enrique “Coti” Nosiglia atiende en sus oficinas de la calle Corrientes, pero está en todos lados. Sus dominios se extienden hacia los confines del Estado y más allá: jueces, legisladores, militares, empresarios, funcionarios, banqueros y espías conviven en su agenda, un auténtico Libro Azul del poder.

Operador histórico de la Unión Cívica Radical, Nosiglia tuvo su pico de visibilidad como ministro del Interior de Raúl Alfonsín, pero lo suyo es la trastienda, la política lejos del flash. Elisa Carrió, en eso, es su opuesto perfecto: la diputada ascendió en base a histrionismo y apariciones de alto impacto en tevé.

Enemigos íntimos desde hace décadas, Nosiglia y Carrió aparentan tener apenas dos cosas en común: el pasado radical y el presente en Cambiemos, la alianza que llevó a Mauricio Macri a la cima del poder formal. Los dos fueron claves para construir esa candidatura, pero la guerra se reactivó apenas el ingeniero pisó la Casa Rosada. Y eclosionó esta semana, cuando Carrió ventiló en tribunales y en público su disgusto por los espacios cedidos al entorno del operador radical. En especial en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, la ex Side), donde el oficialismo restituyó nombres, cargos y prácticas ligadas a la historia negra del espionaje local.

La campaña de Carrió se aceleró hace dos semanas en el Senado, cuando ordenó a su partido rechazar el pliego de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani como titular y vice de la AFI. Fue una puesta en escena sin consecuencias institucionales serias: la mayoría peronista ya había comprometido su aval a los pliegos.

Pero esta semana la diputada fue por más. Ayer, a través de la agencia DyN, Carrió avisó que presentará «en breve» un proyecto para desmantelar la AFI y reformar el sistema de inteligencia criminal. Su proyecto prevé derogar la AFI y propone separar tareas entre Inteligencia e investigación del delito. Para hacerlo, se crearía media docena de organismos con alcances limitados y segmentados, algunos descentralizados y otros dependientes de distintos ministerios.

De prosperar, la reforma sería un golpe letal para un sistema de Inteligencia que, desde el regreso de la democracia, sirvió más para la ejecución de operaciones políticas sucias y tráfico de influencias que para prevenir amenazas externas y delitos. Y pegaría fuerte en el poder real, entrenados en aceitar negocios con carpetazos confeccionados por espías.

Carrió apuró su réplica luego de una designación que pasó inadvertida, pero que la diputada observó como una provocación. A principios de junio se constituyó la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividad de Inteligencia. Por unanimidad, la comisión escogió como presidente al senador radical pampeano Juan Carlos Marino. En el Senado, a Marino se lo conoce como “el senador del Coti”, por su vieja y estrecha amistad con Nosiglia.

Carrió interpretó el nombramiento de Marino como parte de una avanzada que busca restituir a la ex Side en la nueva AFI. Precavida, la diputada se cuida de nombrar a Nosiglia –conoce de sobra su influencia dentro y fuera de Cambiemos–, pero dispara denuncias que pican cerca del operador radical. El jueves, por caso, pidió la renuncia del director de Administración y Finanzas de la AFI, Juan José Gallea.

Viejo conocido de La Casa, Gallea ocupó un cargo similar durante el gobierno de la Alianza, pero debió renunciar tras el escándalo del supuesto pago de sobornos en el Senado. Una de las primeras medidas del macrismo fue reincorporarlo, con un detalle adicional: un decreto de Macri restituyó el secreto absoluto sobre el presupuesto que administra Gallea.

“En lugar de la AFI, Gallea debería estar dando explicaciones ante la Justicia en la denuncia que hice por el vaciamiento y los fondos negros del grupo Szpolski”, le dijo Carrió a Clarín, en referencia a una demanda que ella misma inició hace cuatro meses para que se investigue a los ex dueños del Grupo 23. En efecto, como la diputada explicó en su denuncia ante el juez penal económico Alejandro Catania, Gallea fue gerente general del grupo, propiedad de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. El Grupo 23 fundó y editó distintos medios durante el gobierno K, entre ellos Tiempo Argentino. Tras la fuga patronal, hoy el diario es editado por sus trabajadores.

Ante Catania, Carrió denunció por los posibles ilícitos de “fraude fiscal” a Szpolski, Garfunkel y Gallea. También al abogado Darío Richarte, antiguo jefe de Gallea en la Side aliancista que patrocinó al Grupo 23 y a varios funcionarios del gobierno K. Richarte mantiene trato fluido con Nosiglia, que lo patrocinó en su paso por la Side y por el Rectorado de la UBA, histórico coto radical.

En diciembre, Richarte asumió como vice de Daniel Angelici en Boca. El presidente xeneize fue uno de los primeros blancos de Carrió. Lo acusó, entre otras cosas, de operar en la justicia y de colocar gente propia en la AFI. Fue el primer paso de una cruzada que esta semana subió de tono con el pedido de renuncia a Gallea y el proyecto para desmantelar la AFI.

La recalentada disputa siembra nervios en el elenco presidencial. Hacen bien en preocuparse: la última vez que Carrió y Nosiglia disputaron espacios de poder en público fue durante la Alianza. Y, como se sabe, esa historia no terminó bien. «