La crisis de la industria solo tiende a empeorar. La empresa gráfica Anselmo Morvillo emplea a 200 trabajadores y fue fundada hace ya 50 años. La compañía llegó a ser líder en el rubro local de impresiones de folletería, revistas y otras publicaciones incluyendo materiales elaborados por el propio Estado.
Mediante un comunicado enviado el lunes por la noche a través de la red social watsapp la empresa anunció a los empleados su decisión de discontinuar las operaciones y dar cierre a su actividad en el país.
El comunicado oficial se refiere a los empleados como colaboradores y manifiesta su agradecimiento por “los esfuerzos compartidos durante tanto tiempo”. A la vez, con la firma de la Dirección de la compañía manifiestan que “con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante”.
La empresa que supo liderar el mercado atribuye el pedido de quiebra a un derrotero general de la industria que, recuerdan, llevó a la quiebra a sus competidoras Donelley en 2014 (hoy gestionada por sus trabajadores), AGR del Grupo Clarín en 2016 e IPESA en 2020. Para los empresarios el sector se vio afectado por “los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
Esa situación, aseguran, redujo el volumen de producción en un 63% que, luego, se vio prácticamente interrumpido por la decisión del principal cliente la perfumista Avon que “dejó de imprimir los catálogos y mudo su comercialización a internet”. Esa nueva realidad, aseguran, “nos dejó en una situación económica y financiera terminal”. A la vez, la dirección patronal, con cierto cinismo, conmina a sus trabajadores a “superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.
Del otro lado, los trabajadores optaron por recoger el guante y no bajar los brazos y procedieron a una ocupación de la planta “en defensa de los puestos de trabajo, nuestras conquistas y por la continuidad productiva”.
La comisión interna gráfica de la planta emitió un comunicado en el que anuncian que “los trabajadores de Morvillo resolvimos una permanencia indefinida contra el anuncio de cierre de la planta”.
El comunicado oficial de la empresa adelanta a los trabajadores que “recibirán las comunicaciones pertinentes en tiempo y forma conforme lo establecido en el art 196 de la ley 24.522”. De esa forma, los trabajadores se anoticiaron de que el cierre se da en el marco de un pedido de quiebra y que según establece esa norma referida, “la quiebra no produce la Disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de sesenta (60) días corridos”.
Por eso la comisión interna asegura que existen diversas versiones que incluyen “la posibilidad del cierre definitivo por un lado y por otro, la llegada de inversionistas que reclaman despidos masivos, la rebaja de los salarios y destruir las conquistas obreras”. Así las cosas es de esperar que durante el período mencionado se produzcan negociaciones que apunten a un proceso de reducción de personal y vulneración de derechos adquiridos.
Por su parte, la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) realizó una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia denunciando el lock out patronal. La cartera laboral dictaminó una conciliación obligatoria cuya aplicación resulta al menos controvertida en tanto debería traducirse en una reapertura de la planta por un lado y el fin de la ocupación por el otro.
Aníbal Moro secretario de organización de la FGB explicó que “la conciliación obligatoria es contra el lock out patronal que implica que las partes retrotraen al día anterior volviendo a la normalidad y se abren 15 días hábiles de negociación en una mesa de diálogo. La empresa no se presentó a la reunión con el ministerio pero debería retomar la producción. Es difícil porque no atienden el teléfono. La negociación debería servir para buscar una plan de reactivación, garantizar las indemnizaciones o lo que surja de allí mismo”.
A la vez, la FGB convocó a un plenario de delegados “para implementar la solidaridad activa” y en “rechazo a las políticas de destrucción de la industria nacional y ataque a los derechos laborales y sindicales que lleva adelante el gobierno encabezado por el presidente Milei”.
