El Operativo Independencia tuvo una faceta de complicidad civil y empresarial con la cual se buscó maximizar las ganancias de la industria azucarera radicada en la zona de Famaillá mediante crímenes de terrorismo de Estado cometidos contra los trabajadores. Esos hechos perpetrados en Tucumán hace 50 años son investigados actualmente en una causa judicial sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el ingenio “La Fronterita”, fundado por la familia Minetti, donde el Ejército y las Fuerzas de Seguridad montaron un centro clandestino de detención ilegal por el que pasaron decenas de víctimas, de las cuales once permanecen desaparecidas.
El próximo 17 de febrero, en los tribunales federales de Tucumán, se realizará la audiencia preliminar en la que debe fijarse una fecha para la realización del juicio oral y público de esta causa, que desde hace años se encuentra demorada en medio de dilaciones que parecen destinadas a garantizar la impunidad de los acusados.
Tras una larga instrucción, impulsada por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, el expediente fue elevado a juicio oral y público hace más de tres años. En ese momento, se encontraban procesados Alberto Figueroa Minetti -quien era administrador de la empresa al momento de los hechos-, Eduardo Buroti, Fernando Cornú De Olmos y Alfredo José Martínez Minetti, integrantes del directorio del ingenio La Fronterita.
Pero Cornú Olmos espera la realización de una pericia médica para saber si está en condiciones de afrontar el debate de esta causa, y Martínez Minetti falleció el año pasado.
Los dos directivos de la empresa que estarán sentados en el inicio de este proceso oral y público son acusados de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en perjuicio de 68 víctimas.
La acusación dictaminó que los directivos de la empresa prestaron las instalaciones del ingenio y facilitaron infraestructura para que las fuerzas represivas cometieran secuestros, asesinatos y desapariciones entre los trabajadores y la población civil de esa zona de Faimallá, La Aguada y otras poblaciones.
En febrero de 1975, con el comienzo del Operativo Independencia en Tucumán, desplegado con el pretexto de neutralizar a la compañía guerrillera Ramón Rosa Jiménez del ERP que operaba en la zona, se instaló el Ejército en el ingenio con el aval del directorio de La Fronterita. En ese sitio se desplegaron los efectivos de una fuerza de tareas denominada “Rayo”, quienes pusieron en funcionamiento en el predio del ingenio un centro clandestino para detener y torturar a los trabajadores azucareros y habitantes de los poblados cercanos.
Según se estableció en la instrucción, los detenidos eran luego trasladados a otros centros más grandes, como los de La Escuelita (en Famaillá), o Jefatura Central y Arsenales, ubicados en Tucumán.
“La instalación de este centro está directamente ligada con el Operativo Independencia y la necesidad que tenían los empresarios del lugar de disciplinar a los trabajadores. Se puso en marcha en 1975 y operó hasta 1979. Es importante que después de tantos años y demoras, podamos llegar a un juicio”, señaló en diálogo con Tiempo Argentino Rodrigo Scrocchi, abogado de la asociación Andhes, que es querellante en esta causa.
Con anterioridad al despliegue del Operativo Independencia por parte del gobierno de Isabel Perón, Tucumán vivía una etapa de conflictividad social que había comenzado una década atrás, con el cierre de la mayoría de los ingenios de la provincia durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.
Más de 50 mil trabajadores perdieron sus puestos laborales y 300 mil tucumanos se vieron obligados a emigrar a otras provincias. En este contexto, FOTIA, el gremio de los azucareros, encabezó huelgas y movilizaciones. La organización sindical se convirtió así en el principal objetivo del terrorismo de Estado en la provincia.
Para las querellas y las fiscalías, las fuerzas represivas buscaban imponer el terror en la población civil de Famaillá para restarle apoyos a la guerrilla e impedir todo tipo de organización política y sindical. En un dictamen elaborado por el Ministerio Público se indicó que entre 1976 y 1983, la producción del ingenio propiedad de la familia Minetti se incrementó en más de un 30%.
Prueba de que la represión ilegal estaba principalmente dirigida contra los trabajadores azucareros es el caso de Jacobo Fidel Ortiz, activista del gremio de FOTIA detenido ilegalmente en dos oportunidades. Fue visto con vida en el centro clandestino de La Fronterita tras su segundo secuestro, a principios de 1976, y desde entonces permanece desaparecido.
La Patronal de La Fronterita confeccionó un documento en el cual Ortiz renunciaba a su trabajo, cuando en realidad estaba secuestrado. Los hijos de este trabajador, Hortensia y Jacobo Fidel son querellantes en esta causa bajo la representación de Andhes.
En el expediente se detalla que, tras la desaparición de su padre, que trabajaba en el ingenio desde 1952, la familia perdió su sustento. Hortensia debió emplearse como empleada doméstica y Jacobo Fidel hijo como lustrabotas. Debieron dejar la vivienda que habitaban porque no podían mantenerla.
“Tenía 16 años cuando a mi papá se lo llevaron y tuvimos una vida muy dura y bastante triste acá entre La Aguada y Famaillá. Queremos que se haga justicia por mi papá, que era un hombre bueno que ayudaba a todos sus compañeros. Espero que todo lo que sufrimos no quede en el olvido”, le confió Hortensia a Tiempo. «
