La fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquín pidió a la Cámara que haga lugar a la medida cautelar de no innovar, solicitada por los trabajadores del Bauen, y deje sin efecto el procedimiento de desalojo pautado para diciembre por la jueza Paula María Hualde. Los cooperativistas, que ven que su pedido no avanza desde hace siete meses porque los jueces rechazan su competencia, presentaron un recurso a la Corte para que intervenga y evite una situación de denegación de justicia.

Boquín destacó que el amparo pedido por los trabajadores es «una acción directa, expedita y operativa de jerarquía constitucional». Sin embargo, desde su presentación hace siete meses «no sólo no se ha dirimido quién es el juez que resolverá el tema sino que tampoco ha sido tratada la medida cautelar solicitada», indicó. Por ello, pidió que se haga lugar a la medida «atendiendo a la proximidad de la fecha fijada para el desalojo y sin perjuicio de lo que en definitiva sobre el fondo del asunto, se dictamine o se resuelva, a fin de evitar que la cuestión a decidir en autos se torne abstracta y teniendo en cuenta la entidad de los derechos sociales en juego».

El Congreso había votado en noviembre de 2015 la Ley 27.344 que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio donde funciona el hotel y lo cedía en comodato a la cooperativa. El 20 de marzo de 2016 Macri vetó esa ley y, amparada en esa medida, la jueza Hualde avanzó con la orden de desalojo. Los trabajadores, sin embargo, plantearon que el veto para hacerse efectivo según la Constitución debía ser ratificado por el Congreso, cosa que no ocurrió. Por ende se planteó una medida cautelar de no innovar ante el fuero laboral ya que lo que estaba en juego era la fuente de trabajo de unos 130 cooperativistas. La justicia laboral derivó el pedido al fuero Comercial, que volvió a girarlo al fuero Contencioso Administrativo, pero en los hechos ninguno de los tres asumió la responsabilidad de investigar. Finalmente la jueza Hualde, que es la que había solicitado el desalojo, envió el pedido a la Cámara Comercial que pidió el dictamen de la fiscal Boquín. 

«Los derechos constitucionales comprometidos en este conflicto no pueden admitir demora. La Justicia debe poner un límite y ejercer un control sobre el uso arbitrario que se le dio al veto», explicó a Tiempo Daniel Arenaza, abogado de los trabajadores del Bauen junto con José Luis Rachid y Ataliva Dinani.

El Hotel Bauen fue abandonado por sus antiguos dueños en 2001 y desde 2003 es administrado por unos 130 trabajadores organizados como cooperativa. En estos 14 años se transformaron en uno de los emblemas del movimiento de empresas recuperadas y prestaron su sede para organizar cientos de actividades solidarias. La Ley 27.344 planteaba que al asumir el comodato del edificio, los trabajadores del Bauen debían dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla y mantener su actividad productiva. «