La Federación Iberolatinoamericana de Artistas (FILAIE) se suma a los distintos colectivos y representantes de la cultura internacional que en los últimos días han manifestado su preocupación por las modificaciones que impulsa la Ley ómnibus, las cuales ponen en peligro las actividades vinculadas al arte y el espectáculo nacional en prácticamente todos sus aspectos. En este caso, la organización que agrupa a entidades de gestión de 20 países de Latinoamérica, España y Portugal, entre ellas, a la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), expresó su preocupación en relación a “los derechos conexos a los derechos de autor, reconocidos a los artistas intérpretes o ejecutantes”, que en nuestro país están contemplados en la Ley 11723, y que además, tal como señala la misiva, ratifican los tratados internacionales.
La carta titulada “La música argentina está en peligro” lleva la firma de Luis Cobos, director y compositor español y presidente de la FILAIE. El texto va en línea con lo que ya expresaron no sólo AADI sino también organizaciones como Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) o Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina). En el caso de los primeros, a través de una carta firmada por figuras como Susana Rinaldi -máxima autoridad de la entidad-, Zamba Quipildor, Teresa Parodi, Guillermo Novellis (La Mosca), León Gieco, Víctor Heredia y Juan Carlos Baglietto, entre muchos otros, se expone ante los legisladores que el proyecto que busca sancionar el gobierno de Javier Milei “es un ataque letal a la gestión colectiva de derechos”, el cual “está en el corazón de la cultura nacional y que funciona en nuestro país desde hace más de 100 años y cuya sustentabilidad económica no depende en absoluto de dineros públicos ni del financiamiento por parte del Estado”.
La modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a través de la descentralización de las entidades como la mencionada AADI, Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), implicaría que estos colectivos pierdan su condición de única representación de cada rubro artístico, para compartir esta tarea con otros colectivos o incluso artistas que a título individual deseen gestionar sus derechos de autor. En ese sentido, la carta de FILAIE expresa que “es un principio universal que el derecho del artista intérprete o ejecutante deba ser de gestión colectiva obligatoria mediante una única entidad, es decir, con exclusividad. La gestión individual y/o la concurrencia de diferentes entidades para una misma categoría de derechos, ambas modalidades conspiran contra la gestión hasta el punto de hacerla inviable”.
La norma 11.723 protege los derechos de las y los autores de obras no sólo artísticas sino también científicas, literarias y didácticas, permite exponerlas o reproducirlas por cualquier medio, traducirlas, explotarlas comercialmente o autorizar a otros a hacerlo; y, al mismo tiempo, impide que cualquier persona no autorizada ejerza estos derechos. En ese marco es que interviene el sistema de gestión colectiva que en Argentina funciona con entidades que fueron creadas a partir de un decreto ley que tienen en cada segmento o tipo de autor la potestad de gestionar los derechos autorales en favor de los autores o titulares de dichos derechos.
La carta de la FILAIE concluye expresando que “despierta honda preocupación la iniciativa de convertir la Dirección Nacional de Derecho de Autor en una oficina estatal con facultades omnímodas sobre la gestión colectiva, llegando incluso a estar facultada para retirarles la autorización a entidades que llevan más de medio siglo de funcionamiento con el beneplácito de sus asociados, como es el caso de la AADI. Una oficina de tales características podría terminar siendo un instrumento de censura”.
