Javier Milei comenzó a capitalizar, al menos por ahora, la botonera que controla su nuevo amigo Donald Trump en la Casa Blanca. El magnate republicano volvió al Salón Oval hace dos meses y ahora puso en marcha una instancia que Estados Unidos utiliza para condicionar a políticos extranjeros, pero en este caso desde una perspectiva casi consular. Forma parte del amplio abanico de sanciones que usa la Casa Blanca  y en este caso decidió enfocarlas en Cristina Fernández de Kirchner. El castigo le impide a la expresidenta ingresar a territorio estadounidense y no tiene implicancias en la Justicia, pero le alcanza a Trump para ayudar a Milei antes de que surja otro movimiento desde Washington, que preocupa especialmente al gobierno argentino.

El anuncio corrió por cuenta del secretario de Estado, Marco Rubio, y la embajada estadounidense en Buenos Aires se encargó velozmente de hacer llegar la noticia. La sanción está prevista en el artículo 7031 de la “Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados”. Ese artículo obliga a Rubio a incluir en una lista a “los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos”.

La norma deja en manos del canciller de Trump la posibilidad de incluir a un político extranjero en una lista que le impide ingresar a Estados Unidos pero que, al mismo tiempo, se basa en los antecedentes que elija y considere para acusarlos de delitos de corrupción en un país que no está en la jurisdicción norteamericana.

Las implicancias inmediatas no serán judiciales. “Las designaciones bajo la sección 7031 (c) no implican la imposición de sanciones financieras”, contestaron a Tiempo en la oficina del vocero del State Dept. La otra gran incógnita es el momento elegido. Revela el nivel de discrecionalidad que tiene la Casa Blanca cuando decide utilizar información para construir un castigo de carácter político. “¿Por qué ahora?”, preguntó este diario. “Las decisiones se basan en información creíble sobre la participación de CFK y del exministro Julio de Vido en hechos significativos de corrupción mientras actuaban como funcionarios públicos”, contestó la fuente diplomática. La explicación refleja que no hubo otro disparador que una decisión política, originada a pedido de otro gobierno, en este caso, de Argentina.

La sección 7031 c le impedirá a Cristina visitar Nueva York, una ciudad que siempre le fascinó y que recorrió en varias oportunidades.

Las otras implicancias son políticas en dos aspectos. A partir del martes, el oficialismo se valdrá en la “designación” de Rubio para darle más fuerza al tratamiento en el Senado de la media sanción que tuvo en Diputados en proyecto de Ficha Limpia, que está a un paso de quedar postergado para el año que viene. La semana pasada el oficialismo presentó un pedido a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que incluya el tema en una próxima sesión. El comunicado del State Dept llegó como combustible potente para un conglomerado libertario que, quizás, tenía algún dato sobre un inminente aventón proveniente de Washington.

Más allá del impacto que tendrá en la política doméstica, hay otro componente que involucra a Milei y lo preocupa lo suficiente como para que se transforme en un problema para la relación bilateral y también para el vínculo político con Trump. Se trata de la investigación que lleva adelante el FBI sobre la criptomoneda $Libra. La Oficina Federal de Investigaciones afloja información a cuentagotas, pero ya deslizó que avanza en su pesquisa. No se trata de un organismo judicial sino de una agencia que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es decir, de la cartera que integra el Ejecutivo nortamericano.

La imagen del FBI genera impacto mundial y sus movimientos a veces infunden temor, pero es un organismo que depende de Trump y no de los tribunales estadounidenses. En esa oficina podría definirse el futuro de una investigación sobre Milei y su entorno que la Casa Blanca podrá demorar, pero no frenar. Es cuestión de tiempo para que ese caso comience a generarle preocupaciones a la Casa Rosada. No es una especulación sino la información que mencionó Mauricio Claver Carone, enviado especial del Departamento de Estado para América Latina. Fue consejero de Seguridad Nacional de Trump en su primer mandato y dijo hace 20 días que hay muchos daminificados norteamericanos por el criptoescándalo.

Trump tiene en su tablero el control del Departamento de Justicia y es poco probable que no sea informado sobre un expediente que afecta a un presidente aliado y amigo con un caso que podría ponerlo en problemas.

En Washington algunos observadores estiman que Trump adelantó un atenuante para Milei y orientó una acusación de corrupción contra Cristina. Así allanó el camino para lo que viene, vinculado con la criptomoneda Libra y el “empresario” Mark Hayden Davis, que sigue sin recibir críticas de Milei. Quizás porque el joven criptoemprendedor podría transformarse en un arrepentido que complique todo.

Hasta entonces, el foco será la sanción contra Cristina y su familia. Aunque las implicancias judiciales son nulas, el dedo acusador de Rubio reforzará la narrativa del gobierno y de Milei, que fue el primero en festejar la decisión de sus amigos republicanos y del secretario de Estado, con quien ha mantenido dos encuentros fugaces, pero reservados, en los últimos 60 días.