Los 27 dirigentes de las organizaciones sociales investigadas en la causa que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita en el juzgado liderado por Sebastián Casanello comenzaron a declarar la semana pasada y continuaron durante los dos días de esta semana corta.

Entre varios otros dirigentes, el martes fue el turno de uno de los principales acusados por la fiscalía, el dirigente nacional del Polo Obrero, Jeremías Cantero.

La causa que comenzó por una investigación por presunta extorsión se reorientó en el sentido de una eventual defraudación al Estado en el manejo de fondos destinados a las cooperativas que gestionan las organizaciones.

Según pudo saber Tiempo Argentino, el martes, el juez Sebastián Casanello se presentó una hora más tarde de lo pautado generando cierto malestar entre los indagados que se habían hecho presentes en el lugar varios minutos antes de lo estipulado y debieron esperar al magistrado para que tome las declaraciones.

Etapa indagatoria

La presente etapa comenzó el lunes 10 de junio y finalizará el 25 de este mes cuando sea el turno de Eduardo “Chiquito” Belliboni, dirigente nacional del Polo Obrero y, entro otros, de María Isolda “Tango” Dotti que cobró notoriedad cuando, en el allanamiento a su domicilio, se encontraron más de U$S 50 mil dólares que los medios afines al gobierno se apresuraron a difundir en tono de escándalo. La dirigente, hija del prestigioso filósofo Jorge Dotti, ya presentó a la justicia las pruebas que demuestran que el dinero se originó en su parte de la herencia por el fallecimiento de su padre velado con honores en la Biblioteca Nacional.

Para los abogados de la defensa en la fase indagatoria se violó el legítimo derecho a defensa en tanto los letrados de parte no accedieron a las pruebas presentadas por la fiscalía que, por otro lado, sí fueron acercadas a medios de prensa afines a la parte acusatoria. Por eso, Liliana Alaniz, abogada de Cantero confió haber preguntado al juez si La Nación+ se había constituido en parte querellante.

Durante la declaración de Cantero, contó la letrada a modo de ejemplo, se presentó una prueba clave que la defensa desconocía. Ante el pedido de acceder a la misma para analizarla el juez concedió un cuarto intermedio de 10 minutos cuando, la sola descarga de la misma en un CD según los técnicos del juzgado, demoraría al menos dos horas.

Extorsión y «listas de espera»

Una de las principales vertientes de la causa y que le dio origen pretende demostrar un sistema piramidal de extorsiones a través del cual los dirigentes de las organizaciones investigadas obligarían a los beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo a participar de marchas y asambleas bajo la amenaza de dar de baja los programas y el acceso a los alimentos que recibían los comedores.

El ahora ex jefe de gabinete Nicolás Posse, en su única alocución frente al Congreso, mostró indignación por el supuesto hallazgo de “listas de espera” que confeccionaban las organizaciones dando cuenta de una supuesta “estructura de tipo piramidal”.

Jeremías Cantero le dijo al juez que el Estado cuenta con toda la información que demuestra la falsedad de las denuncias.

La estrategia para enfrentar la acusación que adoptó la defensa es muy elemental. El delito del que los acusan resulta inviable por el simple hecho de que las bajas y las altas de los beneficiarios, según la normativa vigente, resulta una potestad única de la cartera de Desarrollo Social. Ellos, insisten, no tienen el poder de otorgar o quitar el beneficio.

Las listas, repitieron ante el juez, son las que impone el Estado en tanto no da cuenta del reclamo que ellas mismas levantan y que consiste en la universalización de los programas para todo aquel que lo necesita. De esa manera no habría necesidad de intermediarios ni de confeccionar listas o empadronamientos de gente que precise acceder a una ayuda social.

De hecho el 1,2 millón de beneficiarios del Potenciar Trabajo dista largamente de los 9 millones de argentinos que recibieron el IFE durante la Pandemia (cuando la pobreza alcanzaba al 40% de la población, lejos del actual 50%), o de los 3,5 millones que se encontraban inscriptos en 2023 en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) que resultaba un requisito para acceder a un beneficio a través de algún cooperativa. Una gigantesca lista de espera en poder del gobierno e ignorada por el Estado.

La estrategia: contar la verdad

En la conferencia posterior a su declaración, Jeremías Cantero señaló que “cuando uno tiene que decir la verdad no tiene ningún problema. No tenemos nada que ocultar”. El líder del Polo Obrero contó que “vinimos a explicarle al juez cómo nos organizamos y a denunciar que el gobierno busca criminalizar a las organizaciones que hemos luchado contra todos los gobiernos para que se universalicen los planes de asistencia”.

A la vez, instó a que “vayan a revisar en el ministerio de Desarrollo Social como nosotros mismos planteamos que los compañeros puedan contra prestar laboralmente en la organización en la que más cómodos se sientan. La inmensa mayoría se quedaba en nuestra organización. Si fuéramos extorsionadores se hubieran ido. Eso figura en los archivos de Desarrollo Social, lo pueden revisar. Todo eso vinimos a explicarle al juez”. Es que, efectivamente, de un tiempo a esta parte y por propuesta de las mismas organizaciones que integran la Unidad Piquetera, los beneficiarios tienen la libertad de cambiar de organización y cooperativa con un simple trámite ante la cartera de Desarrollo Social. A eso se refirió Cantero.

Sobre supuestos regímenes de puntaje o presentismo las organizaciones aseguran que es una obligación de ellas mismas relevar que los beneficiarios cumplan con la contraprestación que forma parte de las normas del programa. A la vez, insistió Cantero, “es el gobierno el que niega el trabajo, la asistencia alimentaria y social a todos los que lo necesitan. Nosotros conformamos asambleas para luchar y generamos una conciencia sobre la necesidad de movilizarnos. Explicamos ante los tribunales que conformamos asambleas para reclamar que la asistencia alimentaria llegue a todas las familias que lo necesiten y con el método colectivo de la asamblea. Ahí se discute y se vota cómo se distribuye esa asistencia que siempre es limitada”. El dirigente explicó que le relató al juez que “las asambleas toman en cuenta a los más vulnerables, a los jubilados y a las mujeres que no son asistidas por el Estado. También, por supuesto, se tiene en cuenta a los compañeros más comprometidos en la lucha” para conseguir esa asistencia.

Por eso, insistió, “no hay ninguna extorsión para el autofinanciamiento. Como hacen los clubes de barrio o cualquier organización popular, si no damos una lucha por reunir los recursos hay que bajar la persiana del comedor. Necesitamos plata para comprar las ollas, pagar el alquiler, los fletes, eso es lo que le explicamos al juez, que acá no hay ningún delito sino que es un método democrático de organización”. 

Para Cantero, en definitiva, “detrás de esta persecución está la idea de que un pobre no puede tener la suficiente conciencia para organizarse y que siempre es arrastrado por uno u otro. No conocen ni conciben una organización democrática y transparente que ataca los métodos punteriles y donde sus integrantes realizan un aporte voluntario y votan a sus delegados que, además, son revocables”.

Defraudación al Estado

La causa, luego de los allanamientos, pegó un giro hacia la investigación sobre un supuesto mecanismo de desvío de fondos con la presentación de facturas apócrifas. Es que las organizaciones sociales que tienen la responsabilidad de gestionar las cooperativas en las que se desarrolla la contraprestación laboral, acceden a fondos para la compra de insumos y herramientas de trabajo. La funcionara de Capital Humano, Leila Gianni, declaró en la causa que “parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”.

En este punto, la estrategia de la defensa de la organización que a partir de los allanamientos está sufriendo una auditoría intempestiva y sin contar con gran parte de la documentación respaldatoria que esta en poder de la justicia, apunta a demostrar la existencia física de los insumos y maquinarias comprados y, fundamentalmente, a desviar la responsabilidad hacia el Estado en tanto las supuestas facturas apócrifas obtuvieron la aprobación de la AFIP y el entonces Ministerio de Desarrollo Social sin la cual no se hubieran liberado los fondos posteriores.

Sobre el supuesto desvío de los alimentos, una estadística presentada por el mismo ministerio de Capital Humano da cuenta de que la principal fuente de sustento de los mismos (el 38,6%) resulta “propia”, basada en colectas y actividades de las propias organizaciones. El Estado nacional explica apenas el 16% de los recursos. Si el abastecimiento de comida resulta insuficiente y obliga a las organizaciones a generar recursos propios difícilmente exista un excedente capaz de ser desviado que, por otro lado, también atraviesa una auditoría de parte del Estado.

Por eso, la estrategia de la defensa, según pudo saber Tiempo, podría incluir el pedido de citación a funcionarios del anterior gobierno como testigos de parte para que ratifiquen parte de sus declaraciones en tanto eran los responsables de gestionar los pases voluntarios entre organizaciones, auditar la entrega de alimentos y de dar cuenta de la legitimidad de las facturas presentadas por las organizaciones como parte de sus gastos operativos.

A partir del 25 de junio el juez Sebastián Casanello tendrá 10 días para definir la imputación, la absolución o la falta de mérito de los dirigentes indagados.