La «montaña de dolor» que pronosticaba el entorno del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta hace dos semanas comenzó a asomar con potencia en los barrios más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. La metáfora elegida para hablar del pico de contagios de Covid-19 confirma las previsiones de la administración capitalina, que ocultaba parte de la estrategia elegida para afrontarla, como la velada decisión de entregarle la detección de casos en las villas porteñas al Ministerio de Salud de la Nación y avanzar en la instalación de cerrojos de seguridad en sus ingresos para disuadir la salida de los vecinos, especialmente en el barrio 31 de Retiro, considerado el epicentro inaugural del pico de contagios en los barrios populares de la Capital.
«Será como cerrar un pueblito para cuidar a sus habitantes», confió a Tiempo un integrante del Gabinete del alcalde para confirmar que la comuna estudia la instalación de «check points» en la villa 31 que estarán a cargo de la Policía de la Ciudad. Esa misma arquitectura de control policial, que ha sido experimentada en algunos distritos bonaerenses, podría repetirse en los barrios más pobres de la zona sur porteña, como la villa 21-24, de Barracas, donde ya hay presencia de Prefectura, y la 1-11-14, de Flores, donde está Gendarmería Nacional. Los dispositivos podrían extenderse también a la villa 20 de Lugano y al resto de los núcleos habitacionales precarios de la Ciudad. Ese mapa de controles «está en estudio» por los funcionarios porteños, que también utilizarían recursos del Estado nacional para aplicarlos.
La implementación de ese mecanismo de control profundizará la tensión existente entre los vecinos y las fuerzas policiales y explica, en parte, por qué algunos exfuncionarios de la administración de Mauricio Macri plantean la utilización de «cuadrículas» para dividir la Capital en “verdes y rojas”. “Las primeras con libre circulación y las segundas sin entradas o salidas», como propuso el exdirector del Pami, Carlos Regazzoni, con el apoyo del exsenador Federico Pinedo y la titular del PRO, Patricia Bullrich. La experiencia ya fracasó en otros países, pero es parte de una nueva ofensiva argumental.
La extensión del plan Detectar y los refuerzos de seguridad federal en los barrios pobres de la Ciudad son parte de los tironeos entre el gobierno porteño y la Nación para encontrar un abordaje común. El disparador de esa búsqueda fue la resignación que comenzaron a ventilar en el entorno de Larreta sobre la «inevitable» multiplicación de contagios en las villas capitalinas, a partir de los errores cometidos por la gestión comunal, especialmente en el barrio 31, donde la crisis se incrementó a partir de los problemas estructurales de provisión de agua potable.
El mayor destinatario de las críticas internas es el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, que ingresó a la gestión de Larreta como encargado del «plan maestro de integración urbana Retiro-Puerto Madero» con el apoyo del actual senador nacional Esteban Bullrich. Tal como reveló este diario en su edición online, el funcionario aseguró en una teleconferencia que la villa 31 tiene «la mejor red de agua potable que cualquier otro barrio vulnerable». Lo hizo para defender los 17 kilómetros de infraestructura realizados por su administración, pero sus pares lo critican por haber priorizado el alcance de esa red para la sede del Ministerio de Educación que se construyó al lado de los tribunales federales de Comodoro Py y no para los vecinos del barrio.
El dato no fue desmentido por ninguno de los funcionarios porteños consultados por este diario y en Nación lo dan por descontado como una de las fallas que disparó la crisis de contagios. No es la única diferencia. Distintos funcionarios de la Rosada ya hicieron llegar sus quejas a Larreta y al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por los maltratos que padecen los vecinos de los barrios pobres cuando se detecta que tienen coronavirus, y las derivaciones «de facto» desde la línea de atención porteña. «Sabemos que cuando llaman de una villa para pedir asistencia ante un posible caso sospechoso les dicen que llamen a las líneas de Nación», lamentó una de las fuentes nacionales consultadas por este medio.
«Un tipo que tiene un local de sushi en Figueroa Alcorta y Tagle no puede manejar la villa 31», se quejó un funcionario porteño, en referencia al secretario Fernández. Pero las fuentes consultadas también apuntan a su superior inmediata, la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, aunque la funcionaria todavía no cumplió seis meses en el cargo y su subalterno transita su quinto año de gestión y una estrepitosa derrota electoral en el barrio 31 en las elecciones del año pasado.
Las fallas de esa repartición se multiplican en otras áreas. Este sábado los delegados vecinales de Lugano denunciaron la recepción de carne podrida para los comedores del barrio, un problema que también se repite en otras latitudes de la Ciudad. En la cartera que conduce Migliore detallaron que en el comienzo de la cuarentena asistían a 102 mil personas en 471 comedores comunitarios y que ahora llegan a 260 mil personas, pero la mala calidad de las provisiones de alimentos frescos revelan fallas que podrían haberse evitado con una mayor inversión presupuestaria.
En la villa 31, la cartera de Migliore ya instaló 15 postas febriles para detectar casos. Desde el lunes serán 50 y podrían ser custodiadas por los cerrojos de seguridad que analiza el alcalde porteño para rodear a las villas más pobladas a partir de esta semana. Con esa estrategia, en gran parte sostenida por el Estado nacional, el gobierno capitalino buscará evitar que los contagios se propaguen al Conurbano.
