Fue necesario que un gringo de doble nacionalidad, prepotente y de buena billetera, hijo de un norteamericano llegado a Panamá para imponer la mano dura en el Canal, matara a dos maestros a plena luz del día, y a la vista del mundo, para que el establishment periodístico americano llevara el tema a la primera plana de los diarios y al horario central de la televisión.
Ese martes 7 se tuvieron que dar por enterados de que desde hacía al menos tres años, con interrupciones y un renacimiento en octubre pasado, los sindicatos obreros, los estudiantes, las organizaciones sociales y los ambientalistas habían ocupado las calles y rutas exigiendo la anulación de una ley por la que el Estado había entregado un excepcional yacimiento de cobre a la canadiense First Quantum Minerals.
Minera Panamá, una fachada de la canadiense, había recibido la generosa extensión de un contrato de 1991 para extraer cobre y otros minerales durante los próximos 20 años, con una opción de prórroga por igual lapso. A mediados de octubre el presidente Laurentino Cortizo había entregado el mayor yacimiento cuprífero de explotación a cielo abierto de Centroamérica, que incluye también otros minerales sobre cuya cuantía no hay precisiones. Por sus prácticas extractivas, que ponen en riesgo el ecosistema del Bosque de Donoso, una reserva mundial de la biósfera celosamente custodiada por los panameños, la First Quantum y su filial son viejas conocidas. Según un fallo reivindicado ahora por los movilizados, la ley en cuestión es inconstitucional y viola la soberanía nacional.
De protestas y chantajes
Ante la actitud del pueblo panameño, que en todo este proceso ha demostrado que unido y retomando las calles todo se puede, Cortizo ha intentado mantener a toda costa el beneficio dado a la canadiense. Básicamente, defendió el contrato de prórroga valiéndose de un mismo viejo chantaje propio de las mineras (lo hizo aquí la Meridian Gold, cuando en 2002 enfrentó a dos sectores de la sociedad chubutense). Argumentó que, para el erario público supondría aportes mínimos de 375 millones de dólares, diez veces más de lo previsto. Para redondear el chantaje advirtió que la anulación del contrato provocaría la pérdida de 8000 puestos de trabajo directos y 40.000 indirectos, unos números tentadores en un país con el 8,5% de la población económicamente activa desocupada (unas 205.000 personas).
Para cerrar su acto de postración, y cuando la actitud militante de los panameños lo tenía contra la pared, Cortizo intentó una jugada final. El último día de octubre, desde Colón, sección norte del canal bioceánico y territorio del ecosistema del Bosque de Donoso, el presidente anunció que convocaría a una consulta para “que sea la población la que tenga la última palabra”. Desconociendo elípticamente la validez de la acción directa como forma de lucha popular, dijo que “a través del referéndum se podrá legitimar la voluntad del pueblo, ya que el resultado será de cumplimiento obligatorio”. Para entonces ya había firmado un decreto que prohibía toda nueva concesión minera y las que estén en debate. La trampa se cerraba porque nada decía sobre los contratos ya firmados.
Finalmente, el 2 de noviembre, el Congreso aprobó un proyecto que declaró una moratoria por tiempo indefinido de la minería, además de derogar la norma 406 –un texto que está en el centro de todos los planteos sobre las actividades extractivas–, sobre el contrato-ley de concesión entre el Estado y la First Quantum Minerals. La decisión legislativa reactivó la protesta. Los ambientalistas quedaron satisfechos. Consideraron que en lugar de que el contrato fuera anulado por ley sea la Corte Suprema la que lo declare inconstitucional, para así ofrecer argumentos de defensa ante eventuales demandas de la compañía canadiense.
En cambio, los mayores sindicatos y otras organizaciones insisten en que el contrato debe ser anulado por ley y por ello continuaron las protestas. Fue en un corte de la Ruta Panamericana que el norteamericano Kenneth Darlington asesinó a los dos maestros.
Unos 470 proyectos en Latinoamérica
Panamá no es un caso aislado. En América Latina la minería se debate entre la riqueza y el conflicto social, los proyectos mineros contribuyen a la economía de los países pero las comunidades de las zonas de impacto dicen que los proyectos no vienen acompañados de desarrollo. Al contrario, las afectan con contaminación, los territorios se convierten en lo que se llama “zona de sacrificio”.
La síntesis es del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que a enero de este año registró unos 470 proyectos mineros en marcha y al menos 284 conflictos que involucran a 301 de ellos. Entre las causas –dice– “conflictos por el agua, criminalización de la protesta y disputas por el territorio. Y a esto se suma que las políticas públicas sobre la minería son deficientes”.
Según la CEPAL y otras agencias de la ONU, la minería es uno de los sectores que atrae más inversión externa, y el mayor inversor es Canadá, de la mano de Barrick Gold, Yamana Gold, Meridian, Teck, Goldcorp, Kinross Gold, Pan American Silver, Colombia Gold, First Quantum Minerals y otras miles que operan en la Bolsa de Toronto, aliadas a empresas británicas o australianas.
Y ello sin contar la penetración de las llamadas “mineras junior”, dedicadas a la exploración. Una vez dimensionados los yacimientos, estas junior lo transfieren a las grandes empresas, que son las que tienen el capital suficiente para encarar la explotación. Todo se explica: el respaldo financiero y político que Canadá ofrece a las mineras a través de su estructura diplomática, lo que ha hecho que sus embajadas se hayan convertido en agencias de auxilio y sostén, como en el caso de la inmunidad garantizada a los paramilitares de Quantum en Panamá.
