Hace una semana que los 70 trabajadores echados de la sucursal de Gregorio de Laferrere de Medamax acampan en las puertas del mayorista de artículos de limpieza y perfumería. Buscan ser reincorporados o que se les abone “una indemnización justa”. Por si fuera poco, denunciaron que en una de las movilizaciones un empleado de seguridad de la empresa amedrentó a los manifestantes con un arma de fuego.

El jueves pasado, uno a uno, los 70 empleados de Medamax, a medida que llegaban a su trabajo, se enteraban que habían sido despedidos. El lugar no abrió sus puertas y con el correr de las horas, los telegramas fueron llegando a las viviendas de los trabajadores. 

Ante esta situación, y con el acompañamiento del Sindicato de Empleados de Comercio–Zona Oeste (SEOCA) los damnificados, juntos a sus familias y allegados, resisten en la puerta de la empresa situada en la avenida General Juan Manuel de Rosas al 11.800, en la mencionada localidad del partido de La Matanza.

“Este es el séptimo día de acampe. Desde que nos notificaron que estábamos despedidos, no tenemos comunicación con la empresa, solamente algunos contactos a través del sindicato”, explicó a Tiempo Gastón Figueroa, delegado gremial y trabajador echado, quien agradeció la solidaridad de los vecinos y las iglesias evangélicas de la zona que les acercan viandas y contención para seguir adelante.

Para este miércoles estaba pautada una audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo en San Justo, pero la empresa no se presentó. “La situación se agravó más todavía porque hicimos una denuncia penal porque no pudimos ingresar a tomar nuestras pertenencias que quedaron en la sucursal”, esgrimió el dirigente, quien lleva 19 años trabajando allí. La mayoría de los trabajadores tienen una antigüedad promedio de 20 años.

“Nos quedaremos acá hasta que algún representante de la empresa nos dé una respuesta que nos satisfaga: que nos paguen la indemnización que corresponde o nos reincorporen”, advirtió Figueroa. Es que desde Medamax justificaron el cierre de la sucursal amparándose en el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo por el que puede extinguir el contrato laboral por “falta o disminución de trabajo” no imputable al empleador o “fuerza mayor”. De esta manera, «pagaría el 50% de lo que nos correspondería y en varias cuotas».

Para los trabajadores, la empresa nunca justificó la aplicación de tal artículo, aunque reconocen que la firma debió vender y deshacerse de algunas sucursales del interior, al tiempo que venían advirtiendo maniobras extrañas desde hace meses. “A fines de año y principios de este, notamos una disminución en las compras de mercaderías, ellos adujeron que tenían una deuda, y por eso vendieron sucursales. Pero acá, estaban vaciando la mercadería de nuestra sucursal con ventas truchas y clientes truchos. No pudimos actuar en su momento porque no teníamos los medios”, recordó.

Grave denuncia

Este viernes, los trabajadores despedidos se movilizaron a la sucursal de Medamax de Quilmes, donde funcionan las oficinas centrales de la empresa. Lejos de recibir una respuesta de los directivos fueron amedrentados. Según denunciaron, “en el contexto de un reclamo justo y pacifico, el jefe del personal de seguridad de la empresa mayorista, Emiliano Santos, primero empujó violentamente a algunos de los compañeros, sacó un arma de fuego y apuntó hacia el pecho a uno de los trabajadores despedidos. Posteriormente, tiró del percutor del arma hacia atrás y amedrentó a todos los presentes mostrando la pistola”, puntualizaron desde el gremio a través de un comunicado. 

“Para nuestra organización sindical, esto es inadmisible y cruza cualquier tipo de límites. En tanto, los compañeros y compañeras víctimas de este hecho, realizaron la denuncia en la comisaría correspondiente”, completaron.

Planificado

Si bien los damnificados entienden que la situación económica del país es muy mala, sospechan que la empresa tomó esta medida para beneficiarse en el mediano plazo. “Lo que vemos con mis compañeros es que lo que nos hicieron fue justamente a partir de la aprobación de la Ley de Bases, no es casual que nos hayan echado un día antes de que se aprobara”, analizó Figueroa.

“Está claro que la empresa -se lamentó el delegado- buscaba deshacerse de estos trabajadores con tantos años y con tantos derechos para atravesar un mes o dos meses parados y levantarse de nuevo con chicos más jóvenes, con contratos basura de seis u ocho meses y sin derechos, y renovarlos constantemente. Todo acorde al cambio de gobierno, no es casual lo que está sucediendo”.