La educación que piensa La Libertad Avanza: híbrida, con financiamiento por matrícula y publicidad en las escuelas

Un niño o niña de nueve años podría dejar de asistir a la escuela, pero seguir figurando como escolarizado. Un adolescente que egresa de 5° año podría ver condicionado su futuro por el resultado de un examen final, más allá de cómo haya sido su desempeño y trayectoria. Una joven de más de 25 años que no tuvo oportunidad de completar la escuela media podría quedarse sin chances para acceder alguna vez a una carrera universitaria. Postales posibles de infancias, adolescencias y juventudes bajo la impronta de las políticas educativas en la era Milei. Postales probables si se aprueba la Ley Ómnibus y se confirma el Mega DNU.

Según pudo saber este diario, la norma que se debate en Diputados contaría con principio de acuerdo de La Libertad Avanza con el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, aunque desde el sector del radicalismo y la Coalición Cívica impulsan que se dejen de lado los puntos conflictivos de Educación: sobre todo el modo de financiar universidades (que hoy es con el presupuesto 2023, en una inflación interanual superior al 200%) y la no obligación de la educación presencial. Desde el gobierno por el momento no dan respuestas.

La norma que se debate en Diputados introduce cambios en las leyes de Educación Nacional, de Educación Superior y la de Cooperadoras. El mega DNU con el que Milei estrenó su gobierno se mete también con la Ley 25.877 del régimen laboral para limitar el derecho a la huelga docente.

Tiempo habló con especialistas en educación para analizar el escenario actual y lo que se avisora: coinciden en que el derecho a la educación tambalea y que el achicamiento del Estado (también en lo educativo) se traducirá en mayor desigualdad.

Ajuste y meritocracia

Para Graciela Morgade -doctora en Educación y vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA-, la política educativa que propone Milei no puede desprenderse de su perspectiva general: “Una tradición que sostiene que el Estado molesta, es un estorbo, que complica a las personas y es una especie de sede de parásitos. Todo ese imaginario tiene un efecto en la gestión de las políticas públicas, en la eliminación de regulaciones, en que el Estado se reduzca a un mínimo. La política educativa va en el mismo sentido”.

“Se busca reducir al máximo las inversiones estatales en educación y prevenirse de que en el futuro el Estado se vea obligado a desembolsar dinero en aulas, escuelas, bibliotecas, libros, etcétera. A este rasgo ajustador, que el propio gobierno admite y destaca, debe agregarse el de la inclusión de una marca mercantilista y meritocrática a las distintas áreas de la política educativa”, define Daniel Brailovsky, doctor en Educación, profesor e investigador en la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE).

Esto es, un Estado “que deje de igualar oportunidades, o al menos que deje de ser su obligación intentarlo”. En lugar de ello, la ley del mercado. “El problema central de este cambio, claro, es que acentúa las desigualdades y deja fuera del sistema a quienes están en desventaja”.

Uno de los ítems que generó más polémica cuando se conoció la Ley Ómnibus fue una modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional que apunta a permitir la educación fuera de la escuela desde el segundo ciclo de la primaria: que cursar de forma presencial deje de ser obligatorio desde 4° grado, para continuar con un formato híbrido.

“¿Por qué se hace esto? –se pregunta Brailovsky-. Para preservar tasas de escolaridad ‘teóricas’ sin garantizar la plena experiencia de la escolaridad para los más desfavorecidos. Dado que este conjunto de reformas generará exclusión, les hace falta un ‘tacho de basura virtual para pobres’ que les servirá para que los caídos del sistema figuren (en las estadísticas) como escolarizados en modalidad híbrida”.

Para la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre, ese planteo “retrocede más de 200 años”. Y apunta a los intereses económicos alrededor, como el negocio de las plataformas: “Cada vez que nos proponen algo así pensamos cuál es el negocio detrás”. Otra modificación con aroma mercantilista es la que elimina de la Ley de Cooperadoras la prohibición de hacer publicidad en escuelas.

La oposición «dialoguista» le propuso al gobierno que los estudios a distancia sean solo para el ciclo orientado de la secundaria. Y los estudios híbridos se limitarían «a las materias extraprogramáticas o situaciones excepcionales que impidan el desarrollo curricular normal». Desde el gobierno enfatizan que la palabra «híbrido» permanezca en la Ley.

También en materia de educación superior aparece la marca del mercado y la meritocracia, advierte Brailovsky. Ya desde el financiamiento: en la propuesta oficial los aportes del Estado se atan a la matrícula de cada universidad. A la demanda. 

“La meritocracia se expresa en la propuesta de eliminar una hermosa cualidad de nuestro sistema educativo: el artículo 7 de esa ley establece que personas mayores de 25 años que no hubieran completado los estudios secundarios pueden ingresar a la educación superior. Al borrar ese artículo Milei se asegura que la educación superior deje de ser un vehículo de ascenso social para muchísimas personas”. No solo el financiamiento dependerá de cuánta matrícula tengan, sino también de qué tipo de carreras ofrezcan, lo que puede derivar en represalias a carreras críticas, como Sociales o Humanas.

Examinar para qué 

Desde el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía que a la Educación no se le quitaba el rango ministerial. En el Congreso, el flamante secretario Carlos Torrendell salió a destacar que se incorporen instancias evaluadoras, como si hoy no fueran parte constitutiva del sistema educativo. Sería para docentes y estudiantes, con un examen al final de la secundaria. “Se habla de la calificación docente. Nosotros somos calificados todos los años. Si se quiere discutir cómo, es en el ámbito de la paritaria. Tenemos una evaluación anual que impacta en la carrera, no es lo mismo sacarte un 7 que un 10. Te podés quedar sin trabajo”, señala Torre.

“Es notable la insistencia en la temática de la evaluación –observa Morgade- Cualquier persona que se dedica a la educación sabe que es propio del sistema educativo evaluar. En una política en la que el Estado se reduce al mínimo y solo aparece la evaluación como parte integral, es ir a ver los resultados sin hacerse cargo de los procesos y condiciones de partida. Cualquier política educativa tiene que entender que tanto los procesos –instituciones, equipamiento, infraestructura- como las políticas generales –capacitación, libros, computadoras- forman parte del resultado”. Esta lógica ya la vio antes: “Es como en los ’90, todos esos procesos quedan del lado individual, de las familias. El que puede, puede. El que no, se queda en el camino”.

“Un examen, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. El asunto es para qué se usa. Se lo podría usar (como las pruebas PISA) para conocer el nivel general de la población en una determinada área y así saber qué y cuánto reforzar. Este proyecto, en cambio, piensa la evaluación como herramienta competitiva. Se examina para que quede claro que a algunos (los ricos) les va mejor que a otros (los pobres) y para asegurarle a los primeros mejores posiciones –resume Brailovsky–. Insólitamente, el discurso oficial hace de este mecanismo injusto una bandera”.

A su vez, los resultados de esos exámenes no serían anónimos sino que “padres y docentes tendrán acceso a la información”, algo que abre la puerta a la competencia y a que puedan acceder a esos datos empresas o casas de altos estudios. Según el experto, “el resguardo de los derechos es remplazado por el reaseguro de los privilegios”.