En el año 2006 el Congreso dictó la Ley Nacional de Educación, N° 26.206, que establece la estructura unificada del Sistema Educativo Nacional para asegurar su ordenamiento y cohesión así como la validez nacional de los títulos y certificados que se expidan. Esa ley también creó el Consejo Federal de Educación (CFE) como organismo encargado de la coordinación de la política educativa nacional, a la vez que estableció la obligación de las provincias y la CABA de aplicar las resoluciones del CFE para resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional.

Lo que hoy pasa con los bachilleratos comerciales nocturnos, es el “revival” de la negligencia en la gestión de los Profesorados del Instituto Joaquín V. González: El CFE ordenó actualizar y modificar los planes de estudio para otorgarles validez nacional, y la Ministra Acuña – al igual que lo hizo el Ministro Bullrich antes- no actualizó los planes. Ergo, la validez nacional se pierde, y las cohortes de alumnas y de alumnos que cursan navegan en la marea de la indefinición, hasta que sus derechos al tránsito en y egreso de la institución educativa parecieran diluirse. La Ministra no hace “mea culpa”, sino que tira excusas y distractores, ofreciendo como única salida el cierre progresivo de los institutos de educación media. Le adiciona un engaño: afirma que existen alternativas para quienes hasta hoy cursaban con esos planes de estudio en el turno vespertino, pero se cuida de hablar sólo de jóvenes y adultos, nunca menciona los adolescentes, y se cuida de hablar de otros planes de estudio: en ningún momento dice que son bachilleratos comerciales. Porque no hay bachilleratos comerciales para adolescentes para reemplazar los que comienza a cerrar.

La competencia administrativa es de ejercicio obligatorio. La ministra no puede dejar de ejercerla, por tanto esa falta de adecuación al mandato del CFE constituye un grave incumplimiento de su tarea como funcionaria pública. Los gremios se han movilizado en reclamos de distinta índole, porque les docentes se verán perjudicados; el 4 de enero hubo una mediación en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el acta suscripta a su finalización no exhibe un compromiso de la ministra de derogar la resolución 4055-18. Además de afectar el empleo de les docentes, los efectos se verán en un amplio sector de la población, vulnerable por su situación socioeconómica y ahora vulnerado por la omisión ministerial, que resultará privado de la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y egreso de la educación. Estos educandos no están nucleados, muchos y muchas ni siquiera saben que existen esas vacantes, porque durante un tiempo –valga la suspicacia- no se hicieron las ofertas on line.

La educación, que es un derecho humano, es reconocida en la Ley 26.206 como un derecho personal y social garantizado por el estado. Cuando un gobierno adopta políticas liberales, todos los derechos sociales se van considerando prescindibles. No es casualidad que en gobiernos del mismo cuño se repitan estas conductas negligentes, así como no es casualidad que quienes son responsables de las omisiones lleguen a ocupar el Ministerio de Educación sin tener titulación con incumbencias pedagógicas ni experiencia en la materia. La educación no importa.

Más allá de los reclamos gremiales, nos queda a los ciudadanos y ciudadanas de la CABA plantearnos si nos importa involucrarnos en el reclamo de una educación que crezca cualitativa y cuantitativamente, o si solo nos molestan el tarifazo y la política tributaria regresiva que agujerean nuestro bolsillo individual. Después de haber visto en 2018 como Macri halagaba a Lagarde en un déjà vu del brindis Roca- Runciman, viene bien recordar las palabras de Mariano Moreno: “Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía».