La Dirección de Integración de Políticas Post-Carcelarias (DIPP), dependiente de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de San Martín, realizó el primer taller del año este jueves por la tarde, en el cual abordaron distintas problemáticas que aquejan a la población que habita los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). En esta oportunidad participó Andrés Harfuch, defensor general del departamento judicial de este distrito.
Karina Aloe, es abogada y fue la moderadora de este primer encuentro -que se realizó en el salón Victoria Pueyrredón ubitado en el 3° piso del palacio municipal- denominado, “los desafíos de la defensa pública penal”, que es el puntapié de “los próximos talleres que iremos desarrollando durante todo el año, a través de los cuales pretendemos brindar herramientas que orienten y acompañen a la población que transita procesos de conflicto con la ley penal”, dijo la letrada. También a sus familiares y a cada uno de “los que trabajan o colaboran en este proceso de integración social”, fueron las palabras con la que rompió el hielo de la reunión.
El defensor general
La clase de este jueves empezó con un repaso sobre que “la defensa pública penal de la inquisición al sistema acusatorio son modelos de actuación, litigio y organización”, dijo el defensor general Harfuch. Sobre los desafíos sostuvo que, en la actualidad, “dentro de la esfera de la justicia penal, a 40 años de la recuperación de la democracia, nos estamos preguntando hacia dónde deben enfocarse las próximas reformas, es la discusión central”.
En este marco, “analizamos a los ministerios públicos fiscales, la gestión judicial, juicio por jurados y justicia con perspectiva de género, son reales luchas de la defensa pública en estos tiempos”, apuntó Harfuch. Continuó remarcando que es necesario una reforma y que la justicia se democratice: “Para que podamos tener una administración de justicia de calidad, esto sería uno de los motores para reforzar la democracia”.
Advirtió que hay una agenda de trabajo muy fuerte y recordó los pendientes, “como la designación del procurador o procuradora general, la integración de la Corte Suprema, la expansión del juicio por jurado, la reforma del Consejo de la Magistratura, la organización de las fiscalías y las defensorías públicas”.
Hay que dar por caducado todo el sistema “de alianzas que sustentó el programa de reforma de la justicia penal”, opinó el defensor. Porque la provincia de Buenos Aires reformó su Constitución en 1994, “simultáneamente junto a la reforma de la Carta Magna Nacional”, recordó.
Lamentablemente,” los constituyentes provinciales no aprovecharon el impulso para reflejar en sus normas los radicales cambios sucedidos en el ministerio público durante la reforma de los sistemas de enjuiciamiento penal latinoamericanos”, explicó.
Sobre los otros talleres dictados
Esta clase se sumó a otros ocho talleres que se desarrollaron durante 2022 y 2023 sobre diferentes temáticas de interés general, todos ellos con la participación de expositores expertos del área judicial, social y Derechos Humanos, entre otros. Uno de ellos fue “responsabilidad civil en delitos de lesa humanidad”, que tuvo como expositor a Pablo Llonto, “que es abogado, periodista, escritor, especialista en Derechos Humanos y un gran compañero”, recordó el licenciado Gustavo Segovia, director de la DIPP, en diálogo con Tiempo.
Siguió relatando que otro taller fue “hacia un Estado presente que integre políticas públicas dirigidas a las grandes minorías”. El mismo fue dictado por el doctor Aníbal Hnatiuk, “que es presidente de Patronato de Liberados Bonaerense, lo hizo junto a Gustavo López, director de la Región IX de este mismo organismo”, repasó el licenciado.
Otro fue sobre “derecho penal y formación jurídica” a cargo de los abogados Alejandro Latorre y Karina Aloe “esta última forma parte del equipo de profesionales de la dirección que dirijo”, contó el director Segovia. También contó que, además, “ella lleva las asistencias jurídicas, carcelarias y talleres extracurriculares de los once dispositivos territoriales intramuros y extramuros, que coordinamos nosotros”, detalló.
Los resultados de la clase
Terminada la exposición del defensor general “los participantes del taller hicieron muchas preguntas”, contó Segovia. ¿Las defensorías, visitan las unidades penitenciarias? Si las visitan ¿realizan entrevistas a los detenidos, con qué objetivo? “fueron los primeros interrogantes que surgieron”, recordó.
Además, tienen conocimiento de la existencia de una oficina de Procuración General al interior del Complejo Carcelario Conurbano Norte San Martín. ¿Dónde se ubica, cuál es su funcionamiento? ¿Los internos pueden acceder a la misma? ¿Existen en otras unidades?, “preguntaron los participantes con mucho interés, entre otras cosas”, aseguró, “porque la mayoría tiene a un familiar preso”.
Hubo respuestas e intercambios “con los asistentes, que en su mayoría son referentes de organizaciones territoriales, familiares de personas judicializadas, docentes y externados del Servicio Penitenciario Bonaerense”, explicó Segovia. También participó por videollamadas, “una detenida del pabellón 3 de la Unidad Penal 46 de San Martín”, valoró.
No estaba programado que “yo haga el cierre el cierre final de esta jornada, lo iba a hacer el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Andrés Alonso, pero la dinámica de la política hizo que no pueda estar presente, entonces tuve que hacerme cargo de finalizar el primer taller”, concluyó el director Segovia.
