Las promesas de libertad económica dejaron a los argentinos condenados a llevar una mochila cada vez más pesada: la deuda pública, que creció un 25% a lo largo de 2024. El último dato disponible la ubica en U$S 464.258 millones, según el reporte oficial de la Secretaría de Finanzas. La cifra corresponde a noviembre, lo que significa que el número de cierre del año podría ser todavía mayor.
El gobierno de Javier Milei había recibido un pasivo de U$S 370.673 millones. Si bien el stock de deuda en moneda extranjera se mantuvo casi sin variantes desde entonces, lo que ocurrió fue un fuerte crecimiento de los compromisos en pesos, que pasaron a significar el 45% del total y totalizan $ 209,9 billones.
Los números corresponden a la Administración Pública Central. No incluyen a las empresas estatales ni tampoco al Banco Central, que a comienzos de año emitió unos inéditos bonos en dólares (Bopreales) para saldar las divisas que la entidad debía a los importadores desde fines del año pasado.
Tomala vos
El fortísimo crecimiento está vinculado a la estrategia que eligió el gobierno para sanear el balance del Banco Central: pasar la deuda de una ventanilla a la otra. Así la entidad monetaria se desligó de sus pasivos, que generaban una fuerte carga de intereses que se traducían en emisión monetaria, algo que para la administración libertaria es tabú. El pato lo terminó pagando el Tesoro, que debió emitir títulos a tasas atractivas para que los bancos aceptaran trasladar los excedentes de liquidez que tenían depositados en cuentas remuneradas del BCRA.
El relato oficial
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que el “roleo” de deuda fue exitoso y que los pagos de intereses se atienden sin inconvenientes gracias al superávit fiscal. También argumentan, en contra de toda evidencia, que la deuda pública disminuyó en lugar de crecer.
Federico Furiase, asesor del ministro Luis Caputo y nombrado director en comisión del Banco Central, explicó en un tuit de la última semana que “incluyendo pasivos remunerados en pesos del BCRA y neteando por saldos en pesos del Tesoro en el Central, el ratio deuda pública bruta (con relación al PBI) acumula en el período noviembre 23-noviembre 24 una caída de 15,1 puntos porcentuales, mientras que el ratio relevante Deuda Pública con Privados + Organismos Internacionales acumula una reducción de 11,5 puntos porcentuales”.
El confuso relato oficial se choca con el informe mensual de la Secretaría de Finanzas, que reconoce una variación de U$S 93.585 millones en el stock de deuda entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. El boletín agrega un elemento clave: mientras que U$S 15.974 millones corresponden a deuda nueva (la diferencia entre emisión de nuevos títulos y cancelación de los anteriores), el resto responde al rubro ajuste de valuación.
Así, el sensible retraso cambiario, que provoca que la deuda en pesos sea más cara en dólares, explica el 83% del crecimiento.
¿Y ahora?
La cuestión candente es qué va a hacer el gobierno con todo esto, teniendo en cuenta que el almanaque 2025 que ya descansa en el escritorio de Luis Caputo tiene una marca roja el 9 de enero. Para ese día está programada la amortización y pagos de intereses de los bonos de deuda en moneda extranjera por un monto aproximado de U$S 4.800 millones. Desde el gobierno dicen que el monto de los cupones ya fue girado a Nueva York y que entre el dinero guardado en la cuenta del BCRA y las compras de las últimas semanas del año podrán hacer frente a la cancelación de capital.
Claro que el fixture de 2025 es mucho más apremiante. Según las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sólo en enero hay vencimientos de títulos y letras en pesos por $ 14,1 billones, más otros U$S 458 millones en obligaciones con organismos internacionales. De acuerdo a sus cálculos, en el primer semestre del año los compromisos relevantes en moneda local y extranjera (descartada la deuda entre organismos del Estado) suman $ 55,9 billones y U$S 7929 millones, respectivamente. Y el 9 de julio, vaya fecha, habrá otros U$S 4800 millones de vencimientos por bonos soberanos.
Para sortear esa hoja de ruta, el gobierno confía en concretar un canje de títulos en pesos y en poder regresar a los mercados internacionales de crédito en el segundo semestre del año que comienza o a lo sumo en los primeros meses de 2026. Para ello aprovechará la baja del riesgo país, que ante la certeza del pago de enero descendió por debajo de los 650 puntos y hará más accesible la colocación de nuevos bonos.
El otro recurso es un nuevo acuerdo con el FMI. En Economía lo dan por seguro (ver recuadro) y el Banco Central lo incluyó en su informe sobre Objetivos y Planes para 2025, presentado el último jueves, afirmando que «podría permitir una solución definitiva más pronta para el problema heredado de los stocks del Banco Central» (léase fortalecer reservas).
El gobierno espera obtener entre U$S 10.000 millones y U$S 15.000 millones que le permitirían apurar el levantamiento del cepo. Sólo con eso, el incremento de la deuda en 2025 está garantizado. «
Caputo da por seguro otro acuerdo con el FMI
El ministro de Economía, Luis Caputo, dio por sentado que Argentina celebrará en 2025 un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque no precisó la fecha. También dijo que el dinero que llegue por esa vía servirá para recapitalizar el Banco Central y así ayudar al levantamiento del cepo.
En una entrevista por un canal de streaming oficialista, Caputo estimó que si bien se saldrá del cepo el próximo año, “el timing es más difícil de decir porque implica que se cumplan ciertas condiciones. Si hay un acuerdo con el Fondo que implica plata adicional, esa plata iría a recapitalizar el Banco Central y sortearíamos una de esas condiciones”, afirmó.
Las conversaciones con el FMI ya arrancaron. El gobierno aspira a obtener entre U$S 10.000 millones y U$S 15.000 millones, más los U$S 1100 millones que quedaron pendientes de la revisión del programa vigente. Sin embargo, por lo que trascendió, en Washington quieren que se elimine la apreciación cambiaria (es decir, una devaluación) y que se deje de autorizar el desvío del 20% de las exportaciones al CCL para apurar la acumulación de reservas.
