A la Argentina le pusieron bandera de remate. Y en la mesa de saldos y retazos disponibles para su extranjerización sin límites se encuentran todos los cuerpos de agua dulce del país, según intenta imponer el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado esta semana por el Gobierno Nacional.

El Gobierno libertario lo hizo al derogar la Ley 26.736, conocida como «Ley de Tierras», que limita la venta a extranjeros pero también prohíbe explícitamente hacerlo si la propiedad contiene o es ribereña de cuerpos de agua de envergadura y permanentes. Al desaparecer la Ley, se despeja el camino para la apropiación extranjera del agua dulce, bajo todas sus formas.

El capital extranjero, en consecuencia, quedará habilitado para apropiarse de los grandes esteros del Litoral y la Mesopotamia, de los ríos de planicie y de montaña, de los humedales, de los lagos, nacientes y glaciares patagónicos, y hasta de las tierras donde se encuentran las zonas de recarga de los acuíferos, como el Guaraní y el Puelche.

Además quedarán a tiro de chequera los estratégicos Humedales Altoandinos en los desiertos del altiplano al oeste de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Se trata de grandes oasis en el desierto árido de la puna que actúan como fuente irreempazable de agua y alimento para la vida silvestre y los asentamientos humanos. Hace años que estos ecosistemas sufren el acoso de la actividad minera, por lo que el nuevo avance privatizador podría ser letal.

El presidente Javier Milei habilita la entrega al capital extranjero multinacional del control de acceso a un elemento indispensable para la vida como es el agua dulce. Sin regulación, ellos decidirán quién sí y quién no.

«En términos legales el agua es un bien de dominio público que está por fuera de la apropiación privada. Legalmente nunca puede ser extranjera, pero sí el acceso al agua puede serlo», explica la abogada Florencia Gómez, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del derogado exMinisterio de Ambiente.

Gómez precisa, empero, que en la realidad la cosa cambia: «Con un esquema como el de Joe Lewis en Lago Escondido, se terminan adueñando igual; la clave aquí es quién controla el acceso al agua». El inglés Lewis conformó un Ejército Parapolicial amparado por el Gobierno de Río Negro y avalado por el Poder Judicial, con el que impide por la fuerza el acceso al Lago. En consecuencia, asegura Florencia Gómez, «la derogación de la Ley de Tierras viene con la extranjerización del agua. Materialmente y de hecho, se está extranjerizando».

«Derógase la Ley N° 26.737». Así, con apenas 25 caracteres, el artículo 154 del polémico megadecreto de Milei busca eliminar la norma que desde 2011 fija límites estrictos a la extranjerización de la tierra y, en los hechos, impide la desnacionalización del agua.

El artículo 10 de aquella Ley prohibe explícitamente «la titularidad o posesión por parte de las personas extranjeras» de aquellas tierras que «contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes».

El decreto reglamentario 274/2012 define a los cuerpos de agua como «todas aquellas aguas dulces o saladas. En estado sólido o líquido como los mares, ríos, arroyos, lagos, lagunas, humedales, esteros, glaciares, acuíferos, que conforman el sistema hidrológico».

Y la envergadura se define por su capacidad de satisfacer los usos de interés general relevantes en la región en la que se encuentren. En otras palabras, lo que importa para vedarlo a las manos extranjeras es la necesidad de la comunidad a la que se encuentre vinculado el cuerpo de agua.

La derogación de la Ley de Tierras «afecta la soberanía sobre recursos naturales estratégicos. Por ejemplo, en el Departamento de Bariloche, en Río Negro, ya está excedido el límite del 15% de la tierra en manos extranjeras: allí hay un 22 por ciento. Y es la zona, precisamente, donde están las nacientes de los ríos, los glaciares y los lagos en zona de Seguridad de Frontera», detalla el abogado Fernando Kosovsky, cofundador del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT).

Kosovsky ejemplifica uno de los tantos peligros de la extranjerización en el caso del inglés Joe Lewis: «Acá tenemos un extranjero que controla territorialmente un paso internacional con seguridad privada armada, sin que haya control del Estado. No sólo no se controla al privado sino que no se protege a la población argentina. Es un error geopolítico y una pérdida de soberanía».

Una muestra de lo que puede venir se produjo en noviembre pasado, cuando la Inspección General de Justicia impidió a una poco transparente fundación estadounidense, la supuesta Fundación Humedales del  multimillonario Paul Tudor Jones, comprar 1,2 millones de hectáreas en el macrosistema Iberá, en la provincia de Corrientes. La operación fallida era intermediada por el estudio jurídico Allende-Ferrante el mismo que representa los intereses de Joe Lewis en sus negociados patagónicos.

La embestida de Milei no es la primera que se produce contra la protección del agua dulce. Ya en 2016, y también por Decreto de Necesidad y Urgencia, el expresidente Mauricio Macri había atacado la Ley de Tierras 26.737 al modificar, justamente, los estrictos términos de la norma que impedían la extranjerización del agua. Macri relajó significativamente los trámites obligatorios que debían efectuarse para verificar que una compra de tierras por un extranjero no incluyera un cuerpo de agua. Lo convirtió en algo casi automático desnaturalizando el espíritu de la norma que luego no fue sanada por el gobierno del expresidente Alberto Fernández.

«Javier Milei está jugando el segundo tiempo de Mauricio Macri», caracterizó la abogada ambiental Florencia Gómez ante un escenario donde el futuro distópico sobre una privatización del agua potable ya asoma en el horizonte. «