Se cumplen seis décadas del inicio de una dictadura que fue el primer golpe de Estado del continente que, como piezas de dominó, fue haciendo caer a las democracias populares en América Latina bajo la doctrina de seguridad nacional, impulsada y financiada por los Estados Unidos.
Así, ese gobierno de facto reestructuró todo el aparato represivo bajo esos principios, instrumentó un Servicio Nacional de Informaciones (SIN) que centralizó y planificó el accionar de la Dictadura sobre la sociedad, aplicando el uso generalizado de la prisión y la tortura de civiles, lo que implicó una política de exterminio, desaparición forzada y masiva de personas, encuadradas en delitos de lesa humanidad. Y es preciso señalar que no importa el número sino el tipo de delito que se cometió.
Por eso, la democracia brasileña tiene el desafío de mantener viva la Memoria de lo sucedido, para garantizar la Verdad (frente a quienes reivindican la Dictadura) y sentenciar un castigo a manera de Justicia para las víctimas y el pueblo brasileño.
En especial cuando la democracia estuvo en jaque el 8 de enero de 2023, por los mismos que reivindican el Golpe de 1964 y, que tras los testimonios de comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, los bolsonaritas se ven acorralados por la evolución de las investigaciones judiciales, intentando generar una contraofensiva en marchas por la Avenida Paulista.
Y serían más corajudos que su propio líder, el expresidente Jair Bolsonaro que así como apoyó la intentona golpista desde el resguardo de los Estados Unidos, pareciera haber buscado asilo político en la Embajada de Hungría, esperando el cobijo de otro ultraderechista, Viktor Orbán, actual Primer Ministro de ese país.
La estadía de dos días en la Embajada, se produjo luego de que la Policía Federal de ese país le retuvo el pasaporte el 12 de febrero pasado. Por eso, un magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, le dió 48 horas a Bolsonaro para que explique el motivo de esa visita a la delegación húngara. A lo que la defensa del expresidente pidió una reunión con el Juez para dar una explicación personal. No obstante, la Corte podría dictaminar prisión o el uso de tobillera electrónica, a fin de evitar que se fugue, ante una sentencia.
Lo malo es que para mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas a este camino, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva quedó con la encerrona de levantar los actos oficiales de conmemoración del 60° Aniversario del golpe, lo que dejó perplejos al espectro de su apoyo político que esperaban un acto con un pedido de disculpas del Estado y la posición contundente de avanzar por el juicio y castigo. «