Teresa Garcete vivía en la Villa 21-24 de Barracas cuando fue relocalizada en un complejo habitacional que depende del Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad. Le dijeron que sería, como mucho, por seis meses. Ya pasaron diez años. Más de 25 familias habitan ese complejo de Cachi 557, en Nueva Pompeya, donde lidian con la precarización y la falta de mantenimiento. Llevan meses denunciando falta de agua y desbordes cloacales, pero en las últimas semanas surgió una demanda más urgente: hay al menos 14 departamentos con fugas de gas. “Si llega a pasar algo, explota toda la cuadra”, advierten.
“Estoy desesperada buscando una solución. No es agua, es gas. Hubo días que tuvimos que amanecer en el pasillo porque era imposible estar adentro. El dolor de cabeza es constante”, cuenta Teresa a Tiempo. El último día del año pasado, gasistas matriculados corroboraron las fugas y dijeron que le pasarían el presupuesto de los arreglos al Gobierno de la Ciudad. Dos semanas después, el olor a gas pasó de doce a catorce departamentos del complejo. Las primeras viviendas comenzaron a detectar las fugas hace alrededor de cuatro meses.
Igual que Teresa, las 25 familias que se mudaron a Cachi lo hicieron en carácter transitorio, desde paradores, hogares y hoteles. Pero algunas ya llevan 15 años allí. Los hijos e hijas fueron creciendo y formando sus propias familias, por lo que ya son más de 30 en el lugar. “Somos una población de 107 personas, la mitad son menores de edad. También tenemos adultos mayores con complicaciones de salud y hay personas con distintas discapacidades, desde discapacidad motriz hasta problemas de salud mental”, contaron los habitantes en un comunicado para visibilizar sus demandas, sin éxito.
«Este complejo es una muestra de las políticas habitacionales del Gobierno de la Ciudad y su desprecio por los más humildes, hace más de 10 años que las familias viven en esa situación», señala a este medio Ignacio Álvarez, presidente de la Comuna 4. Y advierte: «De casualidad todavía no tuvimos que lamentar una tragedia en el predio. Las vecinas y vecinos viven con miedo de que en cualquier momento suceda algo, ya sea por una pérdida de gas o por un problema de infraestructura. Desde la Comuna venimos denunciando el estado de precariedad y le pedimos a la Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat que encuentre soluciones urgentes y definitivas. No se puede jugar así con la vida de la gente».
Cuando comenzaron los reclamos, desde Desarrollo Humano les dijeron que se comunicaron con la Dirección General de Atención Inmediata. “Pero en estos tiempos lo que nos dijeron desde ahí es que no tenemos un programa que nos represente. Que ellos representan sólo a hoteleros”, lamenta Teresa. Y aunque el gas es el problema más urgente, no es el único. “Venimos haciendo reclamos porque las viviendas están muy precarizadas. Las paredes se están rompiendo, hay peligro de derrumbe. Filtra agua, estamos sobre la Perito Moreno, pasan camiones pesados y se aflojaron todas las cañerías. La cloaca del piso superior nos llueve sobre los demás. Cae el agua con caca. Eso tampoco lo arreglaron”, se queja.
La pandemia, como en todas partes, hizo estragos. No sólo agravó la falta de respuesta ante los reclamos. Implicó también la desaparición de prácticamente todas las changas, en un grupo poblacional que vivía de ellas. “Mi familia y yo decidimos fundar un comedor de emergencia en el complejo. Pedimos ayuda a distintas organizaciones para sostener la olla, para que ninguno de los vecinos saliera, para poder mantenernos todos adentro. Lo hicimos hasta hace un mes y medio. Hoy, por la falta de recursos, ya no”.
Teresa fue la primera contagiada de covid en el complejo, en junio. Medio año después, todavía está en rehabilitación. Toda su familia contrajo la enfermedad, igual que otras tres familias de Cachi. “Acá se vive del día a día. Yo por mi situación de salud y con mi hija discapacitada, no trabajo. Mi esposo hacía changas, perdió su trabajo un poco antes de la pandemia y después ya no pudo conseguir. Habrá cuatro familias con trabajo; gente que recibe ayuda estatal, cuatro o cinco. El resto, lo que se pueda. En tiempos de pandemia no hubo nada. Todos con mucho miedo, encerrados”.
