Es cierto que los tiempos de los jueces no son los mismos que los de los ciudadanos de a pie, lo que el fallecido magistrado argentino Carlos Fayt solíka definir, de manera irónica, como «cronoterapia» . Pero las largas que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil le está dando al pedido de habeas corpus y liberación de Lula da Silva, en el contexto de las filtraciones que comprometen al exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, se parecen más a una muestra de temor que a la necesidad de analizar de un modo calmo qué medida tomar con el exmandatario preso.
Este martes, el TSJ debía decidir sobre un reclamo de la defensa de Lula hecho en diciembre, basado en la parcialidad de Moro revelada en varias consideraciones pero sobre todo en que había aceptado el cargo de ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, lo que demostraría que los fallos contra el extornero mecánico tenían un fuerte contenido político.
El primer anuncio fue que no tomarían el caso porque había que resolver otras cuestiones, según la corte, y a pedido del juez Gilmar Mendes. Sin embargo, con el correr de las horas la información varió.
Fue Mendes quien este mismo martes propuso otorgar libertad provisional a Lula argumentando que se debe dar tiempo para analizar el recurso, lo que podría tardar más de lo previsto debido a los nuevos elementos surgidos a partir de filtraciones que vienen publicando el portal The Intercept y ahora Folha de San Paulo.
Mendes tiene pocas dudas de que los mensajes atribuidos a Moro y el jefe del grupo de fiscales del Lava Jato, Dallagnol, deslizan un manto de sospechas sobre la actuación del entonces juez. Pero entiende que mientras se toma una decisión definitiva sobre la condena, Lula puede estar en libertad.
En un principio el TSJ le había dado al hábeas corpus en el puesto número 17 entre los temas a tratar, de allí la primera versión sobre la acordada de este martes. Pero el clima político no daba para semejante gambeta y los togados se pusieron a debatir el caso mientras en los medios comenzaba la ya habitual ronda de apuestas, sobre cómo votarían los magistrados, el clásico poroteo, según los términos que se utilizan en este lado de la frontera.
De todas maneras, la respuesta no dejó contento a nadie. A los abogados del exdirigente sindical, porque el tema de fondo no fue tratado, y ni siquiera se pudo avanzar en estas nuevas revelaciones que entrañan una gravedad institucional inusitada. Y a kos que no quieren bien a Lula, y sobre todo al oficialismo, porque el tema sigue sin resolución y todo queda en suspenso.
«Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial», dijo uno de sus letrados, Cristiano Zanin Martins. «Nuestra expectativa es que reconozcan que Moro fue parcial», añadió posteriormente.
Siendo juez, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por la presunta compra de un apartamento triplex en Guarulhos, San Pablo, puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego por el TSJ. Pero el actual ministro no pudo mostrar pruebas concretas de que Lula fuese el dueño, solo se basó en su «íntima convicción» de que las cosas habían ocurrido como decía el dictamen elevado por Dallagnol.
Las filtraciones de sitio creado por el estadounidense Glenn Greenwald muestran la connivencia entre el magistrado y el fiscal para forzar los hechos, con el único objetivo de encarcelar a Lula y que no pudiera participar en las elecciones del año pasado, cuando era el favorito para ganar incluso en primera vuelta. La frutilla del postre fue que Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto gracias a esta argucia y que Moro integra su gabinete en un área tan sensible para las instituciones democráticas como la Justicia.
En concreto, la Sala 2 del TSJ rechazó liberar a Lula y por 3 votos contra 2 pateó para agosto, al finalizar el período de feria, el debate sobre la imparcialidad de Moro presentado en diciembre. Resta aún saber cómo responderán a las nuevas presentaciones en torno de los chatas publicados por la prensa y que ya causaron una conmoción política -una más- en el gobierno de Bolsonaro.
El poroteo quedó así: Mendes y su colega Ricardo Lewandowski votaron por la liberación mientras se debate el tema de fondo. Y Edson Fachin, Celso de Mello y Cármen Lúcia, por la negativa. Lewandowski, considerado un «garantista», declaró que en ese mismo tribunal «innimerables veces y en circunstancias análogas cuando hubo una lesión al derecho fundamental del reo la votación fue favorable al detenido». Y señaló que si el acusado no fuera Lula otra sería la respuesta institucional.
De inmediato tanto Lewandowski como Mendes fueron «atendidos» por el general de reserva Paulo Chagas, un ultraderechista muy influyente en el Ejército brasileño, que se permitió expresar la sospecha de que ambos magistrados son «más cómplices que jueces».