El principal resultado de la sesión del pasado miércoles en Diputados es que perdieron millones de jubilados y jubiladas que no llegan a cubrir la canasta básica y que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Pero esa no es la lectura del gobierno, que tiene otras prioridades. El presidente calificó a los 87 legisladores que apoyaron el veto como “héroes” e incluso los invitó a un asado.

Quedó a la vista que el gobierno operó para conseguir los apoyos. Fue un hecho público que quedó registrado. Algunos legisladores cambiaron su voto, otros que estuvieron ausentes en la anterior votación, esta vez se presentaron, mientras que otros se abstuvieron, lo que para el caso es lo mismo que apoyar el veto.

Las diputadas y los diputados tienen que rendir cuentas a sus votantes. No es tan fácil volver a sus lugares de origen y enfrentar a quienes les dieron el mandato, que seguramente en muchos casos no fue para que perjudiquen a los jubilados.

No hay nada para festejar, ya que se impidió que los jubilados recompongan sus haberes a los niveles que tenían antes que asuma este gobierno. Más aún, el vocero Manuel Adorni anunció que “no hay ninguna definición en cuanto a cambiar el monto del bono” de $ 70.000, lo que continúa quitando poder adquisitivo a los haberes mínimos, que son la mayoría. Si el bono de $ 70.000 implicaba en marzo un tercio del haber recibido, en septiembre sólo representa un cuarto del total, y en octubre será menos aún.

Perder ganando por 153 a 87 una votación es una manera particular de perder. El miércoles hubo una notable coincidencia de una amplísima mayoría de la Cámara de Diputados que volvió a decir que quería sostener el proyecto de mejora previsional, y es lo que hay que destacar.

Por su parte, la totalidad del bloque de Unión por la Patria estuvo presente y votó de la misma manera. Dio una muestra de unidad y cohesión, en el marco de fuertes presiones, ya que hay muchas jurisdicciones con serios problemas financieros producto de que el gobierno cortó en seco la obra pública y las transferencias discrecionales. Otros grupos también mantuvieron una postura coherente con la expresada al momento de votarse la ley.

A pesar de la derrota hay un resultado meritorio y promisorio que debe ser pensado más globalmente. En este último tiempo se han logrado mayorías para sancionar no sólo la ley jubilatoria (finalmente vetada). En la semana el Senado también aprobó la ley para el incremento del presupuesto universitario (e incremento a los docentes) que el presidente ya se apuró a decir que vetará en forma total.

También resalta el rechazo del Senado al DNU sobre los fondos reservados de la SIDE. El acuerdo de los dos bloques mayoritarios, UP y UCR, permitió que se vuelva a poner en el orden del día y se concrete la media sanción que faltaba para anular el decreto. Es un hecho de una trascendencia política muy grande y debe ser puesto en el rol de la valorización política como único camino para salir de este atolladero, a través de la construcción de acuerdos.

Acuerdos que deben seguir consolidándose. Uno de los grandes desafíos por delante es seguir trabajando para la construcción de mayorías que permitan rechazar el Decreto 70/23.

La Constitución sabiamente ha creado poderes divididos con roles diferentes. En la Cámara de Diputados se escuchó nuevamente el argumento de que Javier Milei ganó, que merece gobernar y que por ende la oposición debe “apoyar”.

Ese no es el espíritu de la democracia argentina. La Constitución establece la renovación de los cuerpos legislativos de manera diferente de la del Poder Ejecutivo, justamente para generar un equilibrio de poderes. De lo contrario, existiría una elección única en la que se elegirían todos los cargos al mismo tiempo y el que gana la elección tiene mayoría parlamentaria. En ningún país democrático sucede así.

En este marco, la visita de Milei al Congreso para presentar en el recinto el Presupuesto 2025 es un hecho no habitual, aunque totalmente legal.

Sin embargo, los usos y costumbres marcan que no se presenta en una suerte de Asamblea Legislativa, sino en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a la que históricamente asisten funcionarios del Poder Ejecutivo (PE), que presentan y defienden los lineamientos en reuniones amplias y abiertas de las que pueden participar todos los legisladores y legisladoras.

Esa es la característica del tratamiento parlamentario del Presupuesto, donde hay un intercambio necesario que forma parte del conocimiento que los legisladores necesitan para el tratamiento del proyecto de ley. El mismo no se vota a libro cerrado. Sufre modificaciones producto de que hay múltiples actores involucrados (provincias, cámaras empresarias, universidades, etc.) en las definiciones presupuestarias.

En representación del PE perfectamente puede venir el Presidente. Habrá que esperar el devenir de los hechos, pero a priori puede imaginarse que se trate de una puesta en escena, similar a las disertaciones que Milei suele realizar en distintos ámbitos. Debe quedar claro un concepto: el Presupuesto Nacional no es una información del PE al Congreso, es la presentación de un proyecto de ley que elabora el PE para que lo trate el Parlamento.

En esta ocasión, desde el Gobierno se ha comentado que será un presupuesto de ingresos, y que los gastos se adecuarán a éstos. Se gastaría lo que ingresa. Es decir que no habría una planificación del gasto necesario y la búsqueda de los recursos para cubrir ese gasto, como suele ser la planificación presupuestaria.

Es la esencia de este proyecto anarcocapitalista, un estilo de modelo neoliberal recargado, que propone la eliminación del Estado y consecuentemente la eliminación de todas las regulaciones, lo que significa dejar todo en manos de la negociación de las partes, cuando el poder está de un solo lado, indudablemente. Es difícil que esto pueda concebirse como una definición de “libertad”.

Hay otra forma de encarar el Presupuesto, previendo la generación de mayores ingresos. Por un lado, a partir de un programa que genere crecimiento económico con mayor equidad. Pero también con impuestos a la riqueza, como lo está proponiendo la OCDE junto con el G20: un tributo del 15% a las transnacionales. O como el presidente de Brasil, Lula da Silva, que promulgó una ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados superricos en fondos personalizados y las empresas offshore. Pero también con opciones similares en nuestro país, además de revisar los gastos tributarios y beneficios impositivos estimados en el 4,7 % del PIB.

Para enfrentar este modelo, tanto los partidos políticos, el Parlamento, organizaciones sociales, como la ciudadanía en su conjunto, tienen que ir buscando la manera de construir coincidencias, consensos, para actuar en forma conjunta.

En ese sentido, no se puede dejar de mencionar la intervención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner el viernes pasado, en la cual expresó, entre otras tantas cuestiones, que “de distintos partidos políticos votaron en el Senado el financiamiento educativo”, para agregar que el triunfo del gobierno fue “pírrico” porque los cinco radicales que se dieron vuelta “pegaron a Milei con la casta”. “De la casta que él hablaba es la casta con la cual pudo joder a los jubilados”, señaló.

En relación con el veto de la movilidad jubilatoria afirmó que, a pesar de haber ido “para atrás (…) la política y la historia no es una línea recta que siempre va para adelante. Hay marchas, contramarchas, pero lo importante es estar en marcha”, frase que funciona perfectamente para cerrar esta nota. «