La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente a la Policía Federal por la represión contra los jubilados que se manifiestan contra el veto presidencial al incremento de sus haberes y por los recortes en el suministro gratuito de medicamentos a través del PAMI.

La denuncia se extiende tácitamente hacia la conducción política de la Federal, es decir el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

“Solicitamos se abra una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de quienes determinaron y ordenaron las acciones denunciadas, las cuales resultan contrarias de forma manifiesta a las garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a los fines de que se dispongan las medidas necesarias a efectos de determinar responsabilidades penales de los funcionario públicos involucrados y se evalúen dictar las medidas de prevención que la magistratura considere pertinente”, sostiene la presentación.

La causa quedó radicada ante el juzgado federal número uno, a cargo de María Servini, con intervención del fiscal Carlos Stornelli, y fue registrada con el número 3587/2024. La CPM es un organismo estrechamente vinculado con la defensa de los derechos humanos, acciona habitualmente ante el Poder Judicial y su presidente honorario es el Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

La denuncia apunta a la represión de las fuerzas de seguridad de la marcha del 28 de agosto pasado, antesala y presagio de los hechos repetidos en la manifestación de la víspera en cercanías del Congreso. “Consideramos que las vulneraciones mencionadas incumplen los principios básicos del accionar policial, que debe adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas. Este deber implica la protección de los derechos y garantías fundamentales de las personas, en particular los establecidos en la Constituciones Nacional y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos Internacionales”.

La CPM constató “heridos producto del excesivo y desproporcionado uso de gases irritantes, tonfas, golpes de puño, patadas y escudos. (…) La mayoría de los heridos resultaron de la utilización de gases irritantes y golpes propinados por los efectivos. Sin embargo, el caso más relevante es el de dos hermanos jubilados que requirieron asistencia de los presentes debido a las contusiones sufridas. Uno de los hermanos recibió un golpe en la cabeza que le ocasionó un corte en la misma y provocó la rotura de sus lentes”.

La CPM denunció que “efectivos de Policía Federal ejercieron de forma desproporcionada, irracional y abusiva la fuerza a través de las denominadas armas no letales” y que “no habiendo motivo alguno, ni conflicto, las fuerzas utilizaron estos medios contra las personas que estaban concentradas de forma pacífica y comenzaron a reprimir de manera irracional e indiscriminada”.

Víctimas de ese accionar fueron, además de los jubilados y otras personas que se manifestaban, “periodistas y fotógrafos que estaban trabajando, provocando lesiones en la visión y en la piel”. El documento, de 16 páginas, precisa que “los movileros de LN+ y de Telefe fueron impactados por los gases directamente en sus rostro, generándoles los efectos típicos del gas (picazón en ojos y boca) y alergia en sus caras”. Además, el texto consigna que el fotógrafo Marcos Pérez Sierra, de Radio Gráfica, “resultó ser víctima del gas irritante y de una golpiza por parte de los agentes policiales”.

En el caso de Pérez Sierra, la CPM detalló: “nos expresó que sintió que el ataque hacia él fue personal. ‘El Subcomisario López me tira gas en la cámara, yo me corro unos pasos para atrás después avanza nuevamente, me empuja, yo le corro el brazo, me vuelve a empujar y me tira otra vez gas pero ya en los ojos, le corro el brazo y se me viene encima y me empieza a pegar patadas y con el envase del gas pimienta en la cabeza’”.

El subcomisario López es el uniformado que fue captado por fotógrafos y camarógrafos agrediendo a manifestantes. Las imágenes circulan profusamente en las redes sociales.

La CPM exigió el esclarecimiento total de los hechos porque “en aquellos casos en que el Estado está directamente implicado, la investigación y resolución del mismo debe ser aún más rigurosa y precisa. (…) Por la gravedad de los hechos y la participación de funcionarios públicos como autores esenciales, se requiere el cumplimiento de principios fundamentales que deberán orientar todo el curso de la investigación. Estos son: competencia, imparcialidad, independencia, prontitud y minuciosidad”.