Las reuniones que Javier Milei mantuvo desde el miércoles en la Casa Rosada comenzaron a allanar el camino para el primer discurso de inauguración de sesiones ordinarias que el presidente ofreció. Quizás por eso algunos legisladores del PRO y de la Libertad Avanza no se sorprendieron de los principales anuncios que hizo economista, que este 1 de marzo cumplió 78 días al frente del Poder Ejecutivo. Para eso recibió a casi todo el bloque oficialista a mitad de semana, luego almorzó con el presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo y, este viernes, cuando el discurso ya estaba casi cerrado, se sumó otro encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, que este martes volverá a pisar el Congreso, pero para defender el DNU 70/23 ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
No todos estaban al tanto de los detalles del discurso, pero las autoridades del bloque amarillo y del oficialista sabían, al menos, que Milei iba a impulsar un giro para superar la fallida negociación parlamentaria que dejó a la Ley Ómnibus en un punto muerto durante el período de sesiones extraordinarias que duró hasta el último día de febrero. El regreso a comisiones del primer proyecto de ley que Milei mandó al Congreso pareció dejar en la nada seis semanas de debate. Antes del revés durante la votación en particular, ya había quedado al desnudo que la maltrecha relación con las provincias podía empeorar tan rápído como el drástico ajuste fiscal que había comenzado a aplicar.
El vínculo inicial entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales se transformó en un camino de espinas a partir del 10 de diciembre. Se fue construyendo con el freno casi total de las obras públicas en todo el país, la suspensión del Fondo Nacional del Incentivo Docente por primera vez desde la crisis de 2001, y el intento de cortar los subsidios estatales al transporte público en todas las provincias. Fueron sólo tres partes de una estrategia de pinzas que apuntó a doblegar a las provincias gobernadas por el peronismo, el radicalismo, y el PRO. La respuesta de los gobernadores fue dispar, pero cuando se cayó la Ley Ómnibus se transformaron en los principales destinatarios de la furia presidencial y de un ajuste aún peor.
La asfixia financiera, al menos por ahora, dejó a los mandatarios provinciales a merced de la Nación. Lo único fértil de ese terreno fue utilizado por Milei para volver a ganar tiempo y retomar la iniciativa cuando comienza la etapa más crítica de una pólítica economica signada por el ajuste, la alta inflación y el estancamiento. La negociación que se viene fue planteada por el presidente en el último tramo de su discurso: volverá a la carga con una nueva versión de la Ley Ómnibus, quizás dividida en capítulos, y buscará revertir la derrota parlamentaria de febrero con la negociación de un nuevo pacto fiscal que busque mitigar una parte del ajuste que ya están padeciendo las provincias.
Los nuevos términos del intercambio formaron parte del secretismo previo al discurso de este viernes. Algunas espadas legislativas del oficialismo ya estaban al tanto desde el miércoles y lo mismo sucedió en el PRO. El murmullo de una posible negociación para alivianar el ajuste en las provincias a cambio de retomar el fallido debate de febrero fue parte de las reuniones que se fueron desarrollando desde esta semana en cada bloque. Quizás por eso en el PRO aseguran que recién habrá una posibilidad de articular al partido que fundó Mauricio Macri con la fuerza de Milei a partir de junio, cuando haya pasado la etapa más dura que le pronostican al ajuste en marcha y después de que se conozcan los resultados de la nueva negociación, con tono extorsivo, que el presidente puso en marcha con su discurso. «La confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos. Hay otro camino posible, un camino distinto, un camino de paz y no de confrontación, un camino de acuerdo y no de conflicto», lanzó Milei. Sin embargo, después volvió a mostrar la advertencia que definirá la negociación que se viene: «Acuerdo sí», dijo, pero luego redobló: «Consenso contra el cambio, no».
La oferta cargada de amenazas fue escuchada por la decena de gobernadores presentes. Tampoco tomó por sorpresa al cordobés Martín Llaryora, que aplaudió la convocatoria del presidente para el 25 de mayo en su propia provincia. «Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos, a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social, llamado pacto de mayo: un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino», leyó el economista de ultraderecha.
Fue el nombre al nuevo pacto fiscal que se pondrá a prueba, entre las heridas financieras que ya tienen las provincias y las consecuencias del ajuste que empobrece a poblaciones del interior donde Milei ganó masivamente con porcentajes inéditos. Llaryora aplaudió menos que los diputados del PRO. A diferencia de los representantes del partido amarillo, el cordobés advirtió que «falta mucho para mayo». El exintendente de capital provincial fue más cauto que sus colegas radicales y macristas. En su mayoría salieron a respaldar las condiciones que lanzó Milei desde la Asamblea Legislativa. Volvieron a darle un crédito de tiempo para barajar y dar de nuevo, pero apretados por el temor de que sus condiciones financieras sigan chocándose con un callejón sin salida.
Para Milei, el primer resultado no fue perdidoso. Como dijo Llaryora, también sabe que falta mucho para mayo, pero con este nuevo intento de negociación también pudo darle más oxígeno al DNU 70/23, especialmente en el Senado, donde podría ser rechazado por los mismos gobernadores que le exigían al presidente un gesto de diálogo. Llegó la oferta y asoma costosa.
