Decenas de sindicatos y organizaciones sociales y políticas que participaron de la movilización a los Tribunales recibieron hoy una serie de cartas documento en las que, con la firma de funcionarios del Ministerio de Seguridad, el gobierno reclama el pago de entre 40 y 100 millones de pesos en concepto de costos operativos para la actuación de las fuerzas de seguridad en la protesta.
Un reclamo de similar naturaleza había realizado el mismo organismo a las organizaciones del Frente de Lucha Piquetera que se manifestaron el 20 de diciembre en la Plaza de Mayo. En este caso la selección de las organizaciones intimadas resulta antojadiza en tanto son menos de veinte cuando, en rigor, participaron de la movilización todos los sindicatos adheridos a la CGT y a ambas CTA además de la totalidad de las organizaciones sociales. La CGT, organizadora de la protesta dirigida a los Tribunales, no resulto intimada de manera directa pero recogió el guante en defensa de sus organizaciones adheridas y el derecho a la protesta.
En un comunicado conocido esta tarde el Consejo Directivo señaló que “el gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”.
Allí la Confederación General del Trabajo “manifiesta su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo”.
Los conducción de la CGT denuncia que “es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”. A la vez aseguran que se trata de una “afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional”.
Para la Central la intimación económica “expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado”.
Por último, parafraseando al propio gobierno destaca que la organización “no representa los intereses de “una casta”, sino los intereses de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga”.
La “provocación” tensa aún más la relación entre el movimiento obrero y el gobierno a días del paro general del 24 de enero que, evidentemente, implicará cortes de calle, movilizaciones que implicarán, por decisión gubernamental, una fuerte y costoso operativo policial.
