El lunes el gobierno nacional oficializó la intervención de los medios públicos mediante el decreto 117/24 publicado en Boletín Oficial.
Según lo dispuesto, el abogado Diego Martín Chaher fue designado interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar. Asimismo, la norma consigna el nombramiento de Sebastián Marías como interventor adjunto de Radio y Televisión Argentina y, con carácter ad-honorem, de Télam, de Contenidos Públicos y de Educ.Ar.
En respuesta la CGT emitió un comunicado que rechaza la política general de privatizaciones y respalda la lucha de los trabajadores de esas empresas.
Allí sostienen que “la Confederación General del Trabajo expresa su repudio ante la intervención de los medios públicos dispuesta el pasado lunes de 5 de febrero”.
Para la entidad gremial, la decisión viola “la normativa vigente en la materia pasando por encima del Congreso de la Nación, ya que varias de estas empresas contaban con directores designados por distintas representaciones parlamentarias”.
A la vez, denuncian que “esta decisión del Gobierno Nacional se encuentra en sintonía con su intención de privatizar las empresas de medios públicos, entre otras sociedades del Estado o con participación estatal, en detrimento de la soberanía nacional”.
La organización liderada por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña opinó que “los medios públicos ocupan un rol central en la sociedad democrática, siendo fundamentales para garantizar el derecho a una comunicación plural, con perspectiva federal y en la que se contemplen las voces de los distintos actores sociales”.
En sintonía con las denuncias de los gremios que militan dentro de esas empresas del Estado sostienen que “sin medios públicos, la agenda informativa queda a merced de los grandes conglomerados privados de medios y sus intereses económicos”.
Finalmente aseguran que “la CGT expresa su solidaridad y acompañamiento a las acciones gremiales, administrativas y judiciales promovidas desde las organizaciones gremiales de la comunicación, en defensa de los medios públicos y el derecho a una comunicación plural y democrática”.
