A pesar de la ruptura formal del diálogo con el gobierno y su adhesión a la marcha universitaria del miércoles 2 de octubre, la CGT aceptó el convite del jefe de Gabinete Guillermo Francos y una nutrida delegación integrada por los dirigentes del espacio dialoguista de la Central se reunió ayer con el funcionario. Francos estuvo acompañado por el Secretario de Trabajo Julio Cordero y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Es que la demorada reglamentación de los Títulos IV y V de la ley bases referidos a la “promoción del empleo registrado” y la “modernización laboral” en la que profundizaron la ofensiva contenida en la letra de la ley en diversos aspectos, sin embargo, no detalló sus alcances en dos puntos muy sensibles.

Por un lado, en lo que se refiere a la determinación de acciones sindicales como bloqueos y asambleas en los lugares de trabajo que estarían alcanzados por la figura de “grave injuria laboral” y, por el otro, los limites convencionales a la contratación de trabajadores bajo la forma de colaboradores sin relación de dependencia.

La versión de la CGT  

Por la mañana del martes el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola, difundió un comunicado en el que la Central comparte las inquietudes que acercó al jefe de Gabinete. La CGT señaló que nos encontramos “inmersos en una situación socio/laboral y económica de extrema preocupación”.

En primer lugar aseguraron que “la ley de financiamiento universitario es un paso adelante para la recuperación de salarios y estructuras docentes”. Según el comunicado, de la reunión surgió un acuerdo para “generar un espacio de trabajo que aborde la problemática salarial docente retrasada”. El comunicado, sin embargo, omite la ratificación del veto a la ley que confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Tal como surge de la reglamentación mencionada, los dirigentes presentes señalaron que “el articulado de la ley Bases sobre la modificación de la Ley de Contratos del Trabajo respecto del art 242 (llamado antibloqueo) requiere de una reglamentación que no deje indefensos a los trabajadores en sus justos reclamos”. Allí los funcionarios habrían asumido, de palabra, “un compromiso para dar lugar a una mesa de trabajo que permita abordar mecanismos previos a la aplicación de la sanción dispuesta por acciones gremiales”.

En función de la situación del transporte y el anuncio del gobierno sobre la inminente publicación de un decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas la Central reclamó “la necesidad de establecer caminos de soluciones en lo que atañe a las diversas problemáticas del transporte” que, según el propio secretario de Prensa el “Jefe de Gabinete propuso su intervención en los mismos”. De la reunión no participaron ni Pablo Moyano ni Juan Pablo Brey que ya anunciaron un paro conjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones Sindicales de Trabajadores del Transporte (UGATT) para el 17 de octubre.

En lo que posiblemente sea el punto más sensible para los dirigentes de la CGT junto con la por ahora demorada ley de Democracia Sindical “se expuso la problemática del mantenimiento del sistema de salud solidario haciendo especial hincapié en los aumentos exorbitantes del precio de los medicamentos”. En este punto, sin embargo, la CGT no dio pistas sobre el resultado de la reunión de la cual esperan como resultado la aparición de fondos para las obras sociales sindicales.

Recalculando

Finalmente, y luego de haber anunciado la ruptura del diálogo con el gobierno y su salida formal de la mesa de diálogo social, la misma CGT reconoció haber solicitado ayer “una mesa de diálogo tripartita con participación del Estado, los empleadores y los trabajadores para abordar los problemas sectoriales y miradas generales sobre producción, desarrollo y trabajo”.

El gobierno dejó trascender la ratificación de su propuesta para que la CGT se sume al Consejo de Mayo que, a pesar de haber sido lanzado y formalizado en junio no pudo avanzar en los términos en los que el ejecutivo aspiraba. La CGT, por su parte, ratificó su adhesión a la marcha universitaria pero sigue demorando una agenda propia de lucha.