La Cámara de Diputados tratará esta semana la Ley Bases y el paquete fiscal que, con modificaciones, aprobó la Cámara alta días atrás.

La CGT frenó la embestida que el gobierno quería imponer sobre los “aportes solidarios” que las patronales conceden a los sindicatos a la hora de firmar paritarias. Se trata de sumas suculentas en tanto, en general, son porcentuales similares a los de la cuota sindical pero se aplican sobre la totalidad de los trabajadores bajo convenio y no solamente sobre los afiliados a los gremios.

Los puntos clave

Las modificaciones que los senadores introdujeron a la media sanción original, sin embargo, incluyeron puntos sensibles para la CGT y el movimiento obrero. En el caso de la Ley Bases, por insistencia de los senadores radicales, se reincorporó un artículo que profundiza las limitaciones al derecho a huelga al establecer como causal de despido los bloqueos u ocupaciones de establecimientos. En ese punto la presión de los dirigentes sindicales sobre los diputados pasa por defender el texto de la Cámara baja que había dejado de lado ese punto.

Además se introdujo la modificación de los artículos 2 y 23 de la Ley de Contratos de Trabajo para legalizar los contratos de servicios y obra omitiendo la presunta relación de dependencia.

Otro de los puntos especialmente sensibles para los representantes sindicales es la restitución del impuesto a las ganancias que, en un sentido inverso, la media sanción en la Cámara baja había dispuesto y, especialmente, por la negociación con los gobernadores patagónicos el Senado decidió desestimar.

Se trata de más de un millón de trabajadores asalariados que, con la ley aprobada en septiembre pasado con el voto favorable de Javier Milei como diputado, fueron exentos a partir de la suba del piso imponible hasta el valor de 15 salarios mínimos. Es gran parte de los trabajadores que están bajo la representación de los sindicatos y que resignarán entre un 20% y un 35% de sus salarios si, como ya adelantó el gobierno, sus diputados y aquellos de las fuerzas aliadas insisten en sostener a pesar de los acuerdos alcanzados.

Lo mismo ocurre con las privatizaciones de los medios públicos y Aerolíneas Argentinas que el Senado descartó y el gobierno pretende reincorporar en la Cámara baja.

Punto de acuerdo

Esos son los puntos que podrían re unificar a la dirección de la CGT que, tal como quedó expuesto, encaró la discusión en el Senado con políticas divergentes. Mientras los sectores «dialoguistas» optaron por no movilizar ni parar, los gremios agrupados en el Frente Sindical de Pablo Moyano, el SMATA y la Bancaria, entre otros, decidieron marchar. La posición formal de la CGT había sido la de dar “libertad de acción” a los sindicatos.

Lo ocurrido en el Senado sin embargo, y según la lógica de cada uno de ellos, podría ratificar la actitud de ambos sectores. Para los dialoguistas, la negociación fue lo que, por caso, permitió extirpar Ganancias mientras que, dirán los más confrontativos, la dosificación de la movilización resultó el terreno fértil para las “traiciones” de los senadores peronistas que garantizaron su aprobación.

Ese debate es el que tendrán entre lunes y martes los dirigentes que, según confió el secretario de prensa de la CGT Jorge Sola a Tiempo, «seguramente se reúnan en la mesa chica» para evaluar la actitud a tomar.

La incógnita pasa por conocer si la insistencia del gobierno para restituir ganancias será suficiente para forzar una movilización masiva o un paro general. No parece el caso.

Pablo Moyano señaló en declaraciones radiales que “a partir del lunes y martes vamos a hablar con todos los diputados. Vamos a ver la actitud de aquellos bloques para que apoyen la ley del Senado donde no se pague ganancias”. Más allá de las diferencias que quedaron expuestas, el cosecretario general de la central adelantó que “la tranquilidad que tienen que tener los laburantes es que la CGT no se va a partir y va a seguir confrontando con este gobierno”.

Es de presumir que la CGT recuperará alguna forma de protagonismo en los próximos días con el propósito de lograr una mayoría que garantice la aprobación del paquete fiscal en los términos en los que emergió del Senado. Allí pondrá la mirada y, se espera, en forma unificada. Un triunfo de esa política servirá para cauterizar las heridas luego de la aprobación de la Ley Bases cuyo alcance, sin temor a exagerar, implica un retroceso de un siglo en materia de derechos para los trabajadores.

Qué harán las dos CTA

Las dos CTA aún no definieron su actitud de cara al tratamiento definitivo de las leyes.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, señaló a Tiempo que denunciarán en la Comisión Interamericana de DD HH «la violencia con la que se responde a manifestaciones pacíficas». Además, subrayó que «los diputados no tienen mayor margen de maniobra y pediremos que traten que lo que se vote sea la versión modificada que salió del Senado».
Luis Campos, del Instituto de Formación de la CTA Autónoma, señaló que «hay que seguir denunciando que el único objetivo de todo esto es avanzar sobre los derechos de los trabajadores y que no va a tener ningún impacto en términos de creación de empleo o de registración. Habrá que impulsar estrategias para revertir estos artículos en sede judicial y, más temprano o más tarde, derogar esta reforma regresiva».