El año pasado, a instancias del jefe de gobierno Jorge Macri, la legislatura porteña aprobó un proyecto mediante el cual se creó el fuero laboral porteño.
La ley conllevó la creación diez juzgados nuevos y dos salas que oficiarían de cámaras de apelaciones. Los diferendos que no llegaran a buen puerto en esas instancias quedarían en consideración del Tribunal Superior de Justica, una suerte de Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la que llegan todas las causas que no pueden resolverse en las instancias previas de los diversos fueros de la ciudad.
La iniciativa de reforzar la injerencia sobre el mundo del trabajo del la justicia porteña era una aspiración del primo del actual jefe de gobierno Mauricio Macri. El ex presidente de la nación buscaba contar con una justicia más afín para resolver casos laborales y horadar los vínculos de los juzgados laborales nacionales con los abogados laboralistas afines a la CGT y los sindicatos de base.
De esa manera, los conflictos laborales ocurridas en empresas radicadas en la ciudad podrían, llegado el caso, eludir la justicia nacional laboral. La iniciativa también busca promover la radicación formal de empresas con actividad en la provincia de buenos aires y en otras provincias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incrementando así la recaudación tributaria porteña.
En octubre la CGT emitió un comunicado en el cual defendía la actividad del fuero laboral nacional que “garantiza el respeto irrestricto de nuestros derechos”.
Para la Central, “intentan instalar la urgente necesidad de traspasar, fundamentalmente, la Justicia Nacional del Trabajo, fundando tal necesidad, irónicamente, en construir una justicia local ‘rápida y ágil’ que responda a las necesidades del patrón y no a la parte siempre más débil del eslabón: el trabajador o trabajadora”.
Los dirigentes de la CGT habían señalado que el desmantelamiento de la Justicia Laboral Nacional es “la condición necesaria para que empresariado y grandes capitales inviertan tranquilos en el distrito”.
La iniciativa, sin embargo, quedó condicionada a partir de una acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que se conoció ayer y que se pronunció en contra de reconocer la potestad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para ser la entidad de revisión de sentencias de los tribunales laborales porteños.
Para los dirigentes de la CGT, la decisión implicó un golpe al “centralismo porteño” y celebraron la decisión que, en su opinión, implica la defensa de “una justicia con mirada federal y al servicio de todo el país”.
Consultada por Tiempo Argentino, la presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AALL), Cynthia Benzion, calibró el alcance de la decisión: «es una resolución de una Cámara. En principio, los jueces de primera instancia tienen libertad para acatarlo o no pero es una directriz potente«.
