Los primeros meses del gobierno de Javier Milei y el brutal ajuste que promovió apenas asumido parecieron encaminar a un proceso de confluencia de las Centrales, al menos en el terreno de la disputa callejera con el ejecutivo.
En el último mes, sin embargo, ambos bloques exhibieron diferencias con relación a la actitud frente a la desregulación definitiva de las obras sociales, el pedido de juicio político al presidente por la cripto estafa y, ahora, con relación a la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia.
Breve historia de un divorcio
Entre diciembre de 2023 y mediados de 2024, la táctica de ambas CTA, que definieron ellas mismas avanzar en su reunificación, consistió en no confrontar ni delimitarse de la conducción de la CGT y, por el contrario, cederle y reconocer su liderazgo.
De esa forma fue la conducción integrada por Héctor Daer, Carlos Acuña y, por entonces, Pablo Moyano secundados por Andrés Rodríguez la que definió la primera acción de protesta el 28 de diciembre de 2023 en Tribunales contra el DNU 70/23 y, luego, el primer paro nacional para el 24 de enero de 2024. Meses después, el 9 de mayo, también fue la CGT la que definió un segundo paro nacional que, ambas CTA, acompañaron sin desarrollar una política autónoma.
Esa confluencia, sin embargo, empezó a mostrar grietas con el correr de los meses y a partir de las posiciones políticas y sindicales que fue asumiendo la conducción de la CGT.
Es que, a fines de julio de 2024, la relación se invirtió cuando la CGT a pesar de anunciar una supuesta ruptura del diálogo con el gobierno, se avino a acompañar, sin oradores, la movilización de los movimientos sociales el 8 de agosto a la que también convocaron, como siempre, las dos CTA.
De entonces a esta parte, a pesar de anunciar plenarios de secretarios generales de las regionales e incluso la posibilidad de un Comité Central Confederal, la CGT entró en una tregua con el gobierno que, sin conflicto alguno, allanó el camino para la aprobación de la ley bases, el anuncio de una nueva reforma laboral y el piso para las paritarias. A partir de ahí, la CGT continuó con su política de acompañar formalmente conflictos particulares como el de los sindicatos universitarios (mayormente enrolados en las CTA). Más cerca en el tiempo, y solo a través de las “mujeres trabajadoras del Consejo Directivo” decidió, textualmente, “acompañar” la movilización del 1° de febrero impulsada por las organizaciones del colectivo LGTBINBQ+.
Durante ese período, las CTA, sin embargo, tampoco se decidieron a convocar a un paro propio aunque acompañaron las de sus gremios de base como los estatales de ATE y los y las docentes de CTERA.
Disidencias
Las diferencias en el último período se pusieron de manifiesto primero con relación a la actitud frente a la desregulación de las obras sociales sindicales en favor de las prepagas. Mientras que ambas CTA, a pesar de no contar con sindicatos con ese tipo de entidades, rechazaron la desregulación oficial, la CGT, con matices y divisiones, buscó un camino de negociación.
Andrés Rodríguez señaló en una reunión con periodistas que muchos dirigentes “coincidimos con el gobierno en su política de racionalizar el sistema”. En estas horas el ministro de Salud Mario Lugones negocia con la mesa chica de la CGT la restitución de casi un millón de afiliados de las obras sociales que “acordaron de buena fe” con las obras sociales el otorgamiento de servicios complementarios a los afiliados.
Tampoco hubo acuerdo con relación al pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei presentado por los bloques de la oposición que fueron respaldados por las CTA mientras la CGT mantuvo un silencio demasiado prudente en vistas de la negociación por las obras sociales.
Pero el decreto de designación de los nuevos integrantes de la Corte Suprema ya no dio lugar a interpretaciones. El titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) y secretario de Derechos Humanos de la CGT, Julio Piumato, emitió un comunicado respaldando la designación de Ariel Lijo. El mismo había invitado al juez a la cena de fin de año de su gremio de la que participó también Hugo Moyano y no escatimaron fotografías.
En diálogo con el programa radial “Palo y zanahoria” conducido por el periodista Mariano Martin, el titular de la UPCN y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, señaló que “sobre la figura del juez Ariel Lijo hay bastante apoyo en el movimiento sindical para que se convierta en juez de la Corte Suprema. Muchos dirigentes sindicales lo conocemos y consideramos que es una buena opción para que integre la Corte”.
El dirigente aclaró que “otra cosa es criticar el procedimiento que empleó el gobierno nacional para ese nombramiento. Es otra cuestión”. Sin embargo, se atajó, “los que deciden este procedimiento es el Congreso a través del Senado, no quiero meterme”.
Sobre Mansilla, Rodríguez continuó señalando que “no hago juicio porque no lo conozco ni tengo capacidad para hacer una evaluación sobre su trayectoria. Tampoco tengo nada que observar en contra”. Un dirigente del triunvirato de la CGT que podría ser Héctor Daer confió al conductor de ese programa que “Ariel Lijo va a ser nuestro hombre cuando se debata la reforma laboral”, que ya cuenta con un proyecto en el Congreso de la diputada libertaria Romina Diez.
Las CTA, por su parte, emitieron un comunicado conjunto en el que “rechazan las designaciones por decreto de Lijo y Mansilla para la Corte”.
Allí las centrales alternativas “llaman a respetar la democracia y las instituciones de la República”. A la vez recuerdan que “el juez Lijo recibió más de 30 impugnaciones a su designación y el juez García Mansilla, otras 20. Estas son suficientes razones y motivos para que se dude de su idoneidad para encabezar el primer escalafón judicial de la Nación.
La decisión adoptada por decreto, para Yasky y Godoy, “evidencia una vez más una preocupante tendencia autoritaria y a la concentración del poder absoluto de la Nación. Estos nombramientos no sólo son violatorios de la Constitución Nacional si no que tienen por objetivo evidente garantizar la impunidad del Presidente Milei y su círculo de altos funcionarios ante los procesos judiciales que ya se tramitan en tribunales locales y de Estados Unidos como consecuencia de la estafa con criptomonedas que es de público conocimiento”.
