Bajar la edad de la punibilidad a los 13 años es una política de seguridad ciudadana y justicia penal regresiva. Tras haber pasado mi adolescencia en los institutos de menores y de haber estado preso en las cárceles bonaerenses durante más de una década, sé en forma clara y precisa lo que estas instituciones generan en las mentes y los cuerpos de las personas. Son lugares que funcionan como máquinas de producir y reproducir violencias.

Estos establecimientos destinados al cautiverio apagan muchos sentidos en las personas, rompen vínculos afectivos y te alejan de muchísimos valores sociales. Dejan marcas que son muy difíciles de borrar y también generan daños en la salud mental que, en algunos casos, resultan irreversibles, como son los postraumáticos.

Desde una perspectiva de Derechos Humanos y de un saber acumulado a través de la experiencia, considero que la nuevo Régimen Penal Juvenil que pretende implementar este gobierno sería someter a las niñeces y adolescencias a un sistema de crueldad, castigo y tortura permanente.

En todas las instituciones de encierro que estuve fui torturado de distintas maneras: porque además de los golpes hay aislamiento extremo, hambre, frío, negación de la salud, de medicamento y muchos otros sufrimientos que son métodos de tortura. Fueron reconocidos como tales por los lineamientos nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos; que es una disciplina universal.

Además, las reformas que el oficialismo pretende hacer en la Justicia Penal Juvenil son contradictorias y atentan contra el orden establecido. Porque desde 1994, la Convención de los Derechos del Niño es parte de la Constitución Nacional Argentina.

Las autoridades de turno deberían proyectar una política de seguridad seria y respetuosa, que sea de prevención, no para reprimir el delito una vez que ya ocurrió, porque eso genera un efecto de repetición de los hechos delictivos y la reincidencia aumenta. Porque las personas salen enojadas del encierro, por todas las injusticias que padecieron bajo la custodia del Estado.

En las sociedades contemporáneas modernas abordar la problemática de la inseguridad resulta algo muy complejo. Se debe a que están estructuradas por una economía de mercado y consumo masivo, donde no todas las personas pueden acceder a los productos que ofrecen. Entonces resulta lógico que las personas de todas las edades -en términos mayoritarios- cometan delitos contra la propiedad privada para acceder a los mismos. Ya fue comprobado que es así, por eso quedó afuera la discusión regional e internacional que existe sobre la problemática. 

La sobrepoblación en las instituciones de encierro de todo el país es la consecuencia que nos dejan las desigualdades de oportunidades que existen en la comunidad. Porque hay muchas personas que no pueden cubrir sus necesidades básicas, el núcleo de la problemática es económico, según cómo el Estado reparta la riqueza estatal.

Quienes ocupan cargos políticos deberían trabajar en la creación de políticas públicas que garanticen el bienestar común, para que los chicos estén en sus hogares con sus familias y vayan a las escuelas. Las personas somos lo que la vida ha hecho de cada uno de nosotros. Por eso desde las militancias populares surgió la conocida frase que dice “ningún pibe nace chorro”.

Mientras tanto, los medios hegemónicos de comunicación -sobre todo la televisión- se dedican a la construcción de la figura del enemigo público en la sociedad. Y los señalados siempre son jóvenes de los sectores más desfavorecidos de la comunidad; los hijos del pueblo trabajador. Los pobres son considerados peligrosos porque no tienen las condiciones materiales de vida que tienen los ricos.

La clase política -en términos generales- debería reflexionar sobre las reglas y las normas que implementan en la sociedad. Porque en materia de seguridad está todo muy centralizado y se tiene que expandir a nivel federal para que funcione. Además, tendrían que armar comités vecinales donde la ciudadanía también participe en la discusión, porque serán sus hijos quienes van a padecer las consecuencias en el futuro.  

Estoy convencido política y conceptualmente de que cualquier persona que sea atravesada por la educación podrá comprender y leer a la sociedad en la que vive de una manera diferente. Lo sé empíricamente y a través de la experiencia. Tengo 40 años, soy hijo de la democracia, durante casi toda mi vida cometí delitos contra la propiedad privada, estuve preso siendo adolescente y también cuando cumplí la mayoría de edad. Sin embargo, estudié derecho, luego sociología y me cambió la mente.

Además, incorporé los valores del cooperativismo, el compañerismo, la solidaridad, el bien común y la ayuda mutua entre otros ejes. También hay empresas privadas que tienen este modelo incorporado para convivir como una gran familia, pero en el sector cooperativo son fundamentales.

En la actualidad soy redactor en este diario y participo como voluntario en distintos proyectos destinados al acompañamiento de personas que están en el encierro y también de quienes salen en libertad. Brindamos herramientas educativas superlativas para que nuestras compañeras y compañeros no vuelvan a reincidir en el delito. Los resultados -siempre en términos generales y mayoritarios- son positivos; es un dato que surgió de la práctica y la experiencia.

Soy titular del taller de periodismo “Los lápices siguen escribiendo”, que está destinado a jóvenes en conflicto con la Ley Penal. En el cual, los estudiantes, además de incorporar las herramientas básicas del periodismo y de aprender a confeccionar una nota al estilo clásico, se realiza una comparación de lo que ellos están viviendo en el encierro con la situación de aquellos valientes jóvenes que durante los ’70 se organizaron y lucharon para que algo mejore. Les explico que ellos también tendrían que estar formándose en las escuelas y participando en la construcción de políticas públicas inclusivas.

Los estudiantes del taller reciben la enseñanza de que la escritura es un oficio. Considero que es algo muy importante, porque también empecé así, en un taller de periodismo, dentro de una cárcel. Y ahora apoyo todas las luchas que considero justas para hacer un pequeño aporte al bien común. Aprendí que entre todos juntos debemos reconstruir la integridad mental de la sociedad.

Por eso, lo que la clase política debería brindar a las infancias y juventudes, no es el encierro punitivo como castigo, sino un abanico de posibilidades para que puedan triunfar en la vida y ser felices a través de la educación. Sin embargo, las instituciones de encierro no promocionan este tipo de actividades: entonces las personas allí cautivas involucionan en el tiempo.