El miércoles pasado, en la reunión de Colegio de Auditores Generales de la convulsionada Auditoría General de la Nación, el ex diputado nacional por la UCR, Jesús Rodríguez, contratado en abril pasado como miembro de ese cuerpo, divulgó el informe sobre el Servicio Penitenciario Federal (SPF), realizado entre septiembre de 2012 y marzo de 2014. La noticia pronto llegó a los medios, que alertaron sobre el precario estado de las cárceles argentinas y el inhumano trato que reciben los privados de la libertad. «El informe fue lapidario. Enfatizaron el hallazgo de fallas en el control interno, que no tienen manuales de procedimiento. Que el Hospital de Marcos Paz no está habilitado y que no reciben informes por muertes dudosas», reveló una fuente de la AGN.

Sin embargo, detrás de la novedad hay otras cosas por contar. Porque enmascarada en la avanzada del gobierno nacional sobre el SPF, se inscribe la estrategia de un grupo de poder vinculado al radicalismo y a los servicios de inteligencia.

Durante su ponencia, Rodríguez felicitó a la Procuración Penitenciaria de la Nación por «echar luz» sobre el asunto. La mención no es fortuita: la PPN está a cargo de Francisco Mugnolo, nombrado por decreto hace 16 años por Fernando de la Rúa. Los funcionarios se conocen: Rodríguez y Mugnolo fueron compañeros de bancada entre 1987 y 1991. Francisco es hermano de Juan Carlos, ex militar.

«Esta auditoría fue pedida por Javier Fernández y el radical Nieva», comentó el colaborador del Colegio de Auditores a Tiempo.

Fernández es el único peronista en este lío, vinculado al grupo del radicalismo que recobró protagonismo político a partir del 10 de diciembre. Uno de sus socios «políticos» es Darío Richarte, radical, abogado, miembro de la comisión directiva de Boca, ex vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y denunciado por La Alameda como socio de Antonio Stiuso, Matías Garfunkel y Juan José Gallea, a cargo de las finanzas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otros personajes del bajo fondo de la democracia argentina. Al entramado de relaciones espurias se suma el empresario vaciador Sergio Szpolski.

En este sentido, fuentes de distintos organismos públicos señalaron que el informe presentado se enmarca en la estrategia de este grupo para quedarse con el control de las cárceles y dar rienda suelta a «La Agencia».

Así se refieren a la Agencia Federal de Reinserción Social y Administración de Penas, proyecto presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación en julio pasado. La idea inicial era reemplazar al SPF por La Agencia; sin embargo, a través de las mesas de trabajo donde participan abogados, sociólogos y expertos en ejecución de la pena, esta idea perdió fuerza y la iniciativa se estancó.

En este punto, aparece otra pieza de la avanzada radical. Se trata de Leandro Halperín, abogado penalista, quien desde el 1º de marzo pasado es el subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa cartera es manejada por Martín Ocampo, compadre de Daniel Angelici, socio de Richarte.

«Halperín es un opinador serial sobre asuntos penitenciarios. El año pasado fue propuesto por el radicalismo para ocupar un lugar en el Comité contra la Tortura. Uno de los fundamentos fue que dirigió durante cuatro años el Programa de Educación Universitaria en Cárceles de la UBA. Participó en las mesas de discusión de La Agencia», señaló un vocero penitenciario.

«A fin de año, la Procuración debe cambiar autoridades y todos los funcionarios de Mugnolo se quedan sin caja. Por eso van a buscar aprobar la idea de la Agencia Federal. ¿A quién te pensás que van a poner a manejarla? ¿Quién creés que va a manejar los fondos? Pasan los años, los gobiernos, pero todo lo definen los mismos tipos», concluyó la fuente en relación al grupo de poder que tiene a Enrique «Coti» Nosiglia como estratega estelar. «