A través de la Resolución 5035/21 la AFIP informó que pedirá a unas 2 mil empresas el reintegro del aporte estatal brindado para pagar salarios, “ante la detección de incumplimientos”. El organismo no informó aún el listado de esas empresas. El principal motivo para la medida es la utilización de esos fondos para la compra de dólares.

Durante la etapa más estricta de las restricciones a la circulación, muchas empresas decidieron echar empleados para amortiguar el golpe económico, pese al decreto presidencial que prohibía los despidos. Con el fin de que no se pierdan fuentes de trabajo, el gobierno implementó un sistema de aportes a las empresas para el pago de salarios, a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Sin embargo, muchas empresas lo utilizaron para la compra de divisa extranjera, lo cual estuvo prohibido en todo momento.

Muchas son las justificaciones que las empresas podrían dar para explicar por qué les conviene comprar dólares en lugar de pagar salarios, pero ninguna de estas excusas son tomadas como válidas por el Comité de Evaluación y Monitoreo, encargado de velar por el cumplimiento de las condiciones acordadas para el pago de los ATP.

Así las cosas, la AFIP informará a las empresas en cuestión el detalle de los incumplimientos y de los montos a devolver. Luego de la notificación, las empresas tendrán hasta 15 días hábiles para regularizar la situación. Caso contrario, el organismo iniciará acciones judiciales.

La deuda “deberá ser informada a esta Administración Federal a través del servicio con Clave Fiscal denominado ‘Presentaciones Digitales’, en los términos establecidos en la Resolución General N° 4.503 y su complementaria, seleccionando la opción ‘Restitución Beneficio de Salario Complementario’”, afirma el texto de la citada Resolución.

La financiación contempla un pago a cuenta del 20% de la deuda y hasta cinco cuotas mensuales para el resto, con una tasa mensual del 2%, desde el día de inicio del plan hasta su vencimiento.

“El Programa ATP representó un esfuerzo inédito del Estado argentino que permitió amortiguar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 y las medidas dispuestas para garantizar los cuidados. Con el objetivo de sostener ingresos y puestos de trabajo en el sector privado, el Estado invirtió más de $ 220.000 millones durante 2020 para financiar el salario complementario”, apuntó la AFIP.

“La normativa del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP también establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior y tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación”, recordó el organismo.