En una nueva foto política anti libertaria, el gobernador Axel Kicillof, junto a sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Ziliotto (La Pampa) se sumaron este jueves a la cumbre de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) y reiteraron su rechazo unánime a la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y advirtieron por la destrucción de la actividad industrial en los primeros seis meses del año. «Sin industria no hay empleo», sentenciaron.
Los mandatarios provinciales, que no firmaron el «Pacto de Mayo» a excepción de Zamora, participaron este jueves del congreso que realizó la Confederación en la sede central del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (SMATA). Allí, el secretario general del Smata, Ricardo Pignanelli, junto a los sindicalistas Abel Furlán (UOM), Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Benítez (Textiles) y Walter Correa (Curtidores y ministro de Trabajo bonaerense) presentaron a los gobernadores los resultados de la encuesta realizada entre 25 sindicatos sobre el empleo, la producción, las ventas y los despidos ocurridos en el primer semestre del año.
Los datos que arrojó el relevamiento son alarmantes: el 90% de las organizaciones indicaron que la situación económica de las empresas empeoró, mientras que el 65% declaró una caída en las ventas de más del 15% y el 40% indicó que sólo está empleando 6 de cada 10 máquinas o menos.
Sobre el empleo, el 56% de las empresas declaró abonar los salarios en las fechas establecidas mientras que el 38% de las empresas está realizando los pagos en cuotas. El 80% de las empresas despidió trabajadores y el 90% recortó las horas extras. El 60% de los trabajadores sufrieron algún tipo de suspensión o fueron licenciados. A todo esto se suma otro dato publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que indica que entre diciembre y mayo se dieron de baja 330 mil cuentas sueldos.
Tras analizar la difícil situación que atraviesa el sector industrial, los gremios sentaron su postura en un comunicado ratificando que el DNU 70/23, la Ley Bases, el Pacto Fiscal y «muy particularmente» el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) «llevan a nuestro país a una acelerada disminución de la actividad industrial, de inmediato impacto en nuestras Pymes».
El diagnóstico, compartido por los gobernadores presentes en la reunión, es que los primeros seis de políticas del gobierno de Milei dejaron como saldo una disminución de la producción, una caída de las manufacturas de origen industrial, despidos laborales, suspensiones, recorte de horas extras, disminuación de actividades, retiros voluntarios y una tendiente precarización laboral. «La pretendida modernización laboral que impulsa el actual gobierno se sostiene sobre un ostensible falseamiento de la realidad», remarcó la confederación.
Además, sostuvieron que las medidas propuestas de apertura indiscriminada y desregulación del comercio exterior, «lejos de ser medidas que fortalezcan la industrialización de las empresas argentinas, promueve hacer de la Argentina una isla de armadurías sin valor agregado, sin trabajo nacional y sin conocimiento aplicado al desarrollo».
Defendieron también el MERCOSUR como espacio propicio para fomentar el desarrollo industrial en el país y advirtieron que la «tensa relación» con Brasil «impacta negativamente en el desarrollo de la industria» y deteriora el intercambio productivo con el país vecino. «Estas medidas ya fracasaron en el pasado generando la desintegración de nuestro entramado industrial», señalaron y cerraron: «Sin industria no hay empleo, sin desarrollo de la investigación y promoción de las políticas industriales no hay futuro».
