En su primera actividad pública del año, el gobernador Axel Kicillof se reunió este miércoles con representantes de sindicatos y cámaras pesqueras en Mar del Plata que están en pie de guerra contra el régimen pesquero incluido en la Ley Ómnibus de Javier Milei, rechazó de plano los cambios y advirtió que no aceptará «ningún tipo de presión» para acompañar medidas que perjudiquen al sector.
Acompañado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, el mandatario se reunió con los distintos actores que integran la cadena de producción pesquera y les dejó en claro que su gobierno «rechaza tanto la metodología como el contenido del proyecto de ley, ya que implica el remate de los recursos nacionales y pone en riesgo3 el trabajo local, la producción y las inversiones».
De esta manera, Kicillof se sumó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Rolando Figueroa (Neuquén), quienes rechazaron en un comunicado las modificaciones a la actividad pesquera por considerar que «afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, abriendo el acceso del Mar Argentino a buques extranjeros».
Con los cambios a la Ley Nacional de Pesca, incluidos en la Ley Ómnibus, el gobierno de Milei propone crear un sistema de licitaciones internacionales en el que las cuotas de captura se subasten al mejor postor, eliminando los parámetros actuales que condicionan la actividad al desembarco en puertos argentinos, la utilización de embarcaciones de bandera nacional, inversiones en el país y fomento de la mano de obra local.
El régimen pesquero libertario puso en alerta a todo el sector ya que, de aprobarse, tendría un impacto negativo en toda la cadena productiva pesquera, afectando los puestos de empleo y generando mayor incertidumbre e imprevisibilidad en el sector.
Asimismo, se limitarían las funciones del Consejo Federal Pesquero para restringir la posibilidad de las provincias con litoral marítimo de establecer cuotas y aprobar permisos: las cuotas serían asignadas por la Autoridad de Aplicación a los mejores oferentes, quienes luego tendrían la potestad de transferirlas sin necesidad de autorización previa.
Kicillof aseguró que la industria pesquera «tiene una importancia superlativa en la provincia de Buenos Aires» y sostuvo que, de avanzar, en Mar del Plata «afectaría a miles de empresas y familias de trabajadores dedicadas a la actividad hace muchas generaciones». En La Feliz, la industria pesquera mueve alrededor de 700 millones de dólares anuales.
Por último, Kicillof se refirió a las versiones sobre el intento del gobierno de Milei de otorgar recursos a los gobernadores que apoyen las modificaciones que propone la Ley Ómnibus. «Quiero decirlo delante de sus representantes: la provincia de Buenos Aires no va a aceptar ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al sector pesquero», cerró.
