Mientras a nivel nacional el gobierno de Javier Milei, a través de su Mega-DNU, dio de baja la Agencia de Producción Pública de Medicamentos, en territorio bonaerense la gestión de Axel Kicillof avanza en sentido contrario: apunta a que se aprueben la creación de la Empresa Bonaerense de Emergencias en Salud y del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense. Ambas serían sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
Las dos propuestas forman parte del proyecto enviado el viernes por el Poder Ejecutivo a las cámaras legislativas, que el jueves tendrán doble sesión de Diputados y el Senado.
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo a la agencia Télam que se trata de «herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud». Añadió que se trabaja en estos proyectos “desde hace meses”, pero que “el contexto actual los vuelve más importantes”.
Ese contexto está signado –entre otras cosas- por el aumento del precio de los medicamentos en las últimas semanas. Ya sin acuerdos de regulación vigentes, se registraron subas del 85 por ciento entre el primero de noviembre y la primera quincena de diciembre, según datos del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar).
Por un laboratorio público
El proyecto de creación de un Centro de Industria Farmacéutica en la Provincia de Buenos Aires “busca fundar un laboratorio público. Es decir, insertarse en el mercado, producir, comercializar y distribuir medicamentos, vacunas e insumos con valores muy por debajo del mercado, ganando soberanía y generando trabajo”.
“Sabemos que son grandes problemas que cada distrito y cada localidad tiene. Tenemos el proyecto y sabemos cómo hacer para contribuir a esa solución. Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras las puedan convertir en ley para inmediatamente trabajar para concretarlas”, planteó Kreplak.
En los proyectos remitidos a las cámaras –a los que tuvo acceso la agencia estatal- se establece que el Centro, dependiente del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.
Su rol también incluirá “el control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.
Coordinación interjurisdiccional
En cuanto a la empresa provincial abocada a las emergencias, la propuesta enviada a la Legislatura tiene el objetivo de dar asistencia sanitaria ante urgencias y emergencias, así como cumplir funciones de logística y transporte de usuarios y usuarias del sistema de salud, como traslados pre hospitalarios o derivaciones, transporte de insumos críticos y residuos patogénicos, entre otras cosas.
El servicio de emergencias “tendrá por objeto fortalecer la coordinación interjurisdiccional de la atención de las emergencias médicas y complementar el servicio de atención médica de emergencias que actualmente prestan los municipios”.
El proyecto contempla además que “el Poder Ejecutivo dictará los estatutos societarios de las sociedades creadas con el fin de optimizar el cumplimiento del objeto social” y “a tales fines podrá autorizarlas a emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, para el cumplimiento de su objeto social”.
A contramano de Milei
Los proyectos remitidos por Kicillof van en sentido contrario al de Milei, quien incluyó en su Mega-DNU la supresión de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
Como reconstruyó este diario, la producción pública de medicamentos se remonta a 1916, cuando se creó el Instituto Bacteriológico. El primer intento a nivel nacional para ordenar y fortalecer esta política sanitaria llegó con la creación del Programa Nacional para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, en 2008, y continuó en 2011 con la sanción de la Ley 26.688, que declaró de interés nacional la investigación y producción de medicamentos, vacunas y productos médicos como bienes sociales. Luego, en diciembre de 2014, se puso en marcha la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos -ANLAP- para garantizar el cumplimiento de esa ley.
Esos 107 años de historia se dilapidaron en el DNU, que en su página 5 dice: “Que a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público es necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas mencionadas precedentemente, así como derogar la Ley 27.113 y suprimir la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS PÚBLICOS creada por el artículo 4° de ese texto legal”.
A fines de 2021, cuando había reclamos por la suba del precio de los medicamentos por encima de la inflación, especialistas señalaban la necesidad de fortalecer la red de más de treinta laboratorios públicos en todo el país, como vía para tener alternativas ante las empresas dominantes del mercado.
Por entonces, el sanitarista y exdirector del laboratorio del Ministerio de Defensa y creador del de San Rafael, Jorge Rachid, explicaba a Tiempo por qué los remedios no funcionan bajo la lógica del libre mercado que proclama el Ejecutivo por estos días: “El medicamento constituye un bien inelástico dentro de la economía, no es un producto que pueda estar sometido a las leyes del mercado. Ante dificultades económicas, uno puede dejar de ir al cine, pero no puede dejar de tomar medicamentos porque significa la muerte. El mercado no puede coexistir con la salud porque el primero es lucro y la segunda, solidaridad”.
