El gobernador Axel Kicillof anunció este martes un plan para ampliar en 1350 plazas la capacidad de las cárceles en la provincia y aclaró, a raíz que la polémica abierta en torno a las excarcelaciones por el coronavirus, que la decisión de otorgar una prisión domiciliaria «es del Poder Judicial y no del Ejecutivo». En este sentido, aseguró que hubo una campaña para «dañar» a su gobierno y «generar miedo» en la población.
«Quiero aclarar ante tanta campaña mediática y de redes que quién va a la cárcel y quién tiene prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Ejecutivo», aclaró el gobernador en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.
Kicillof sostuvo que hubo una campaña, de algunos medios y de «una parte ínfima» de la oposición, en contra del gobierno para instalar que había «un plan para liberar» presos. «Ha habido una campaña cuyo objetivo no solamente tiene el efecto de tratar de dañar sino que es grave porque trata de generar miedo y angustia en la población que está haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en su casa. Nosotros, al revés de eso, nos dedicamos todos los días a proteger a los bonaerenses», aseguró. «Buena parte de la oposición está participando, colaborando y trabajando en la misma dirección. Me parece que es un grupo ínfimo que está con otro juego. Yo no me voy a prender en ese juego», advirtió.
El plan de infraestructura carcelaria que se anunció consiste en la construcción de 1350 nuevas plazas para empezar a descomprimir la superpoblación existente: hoy hay 43.200 presos para 27 mil plazas. Se trata de diez obras de ampliación en las cárceles y alcaidías de Lomas de Zamora, Florencio Varela, Magdalena y Lisandro Olmos (La Plata). «Esto significa casi tres unidades penitenciarias nuevas», aclaró Alak. No está previsto por ahora el uso de contenedores modulares para alojar presos.
Kicillof habló de la «pesada herencia» que recibió de María Eugenia Vidal y recordó que, cuando llegó al poder en diciembre, había una huelga de hambre de 15 mil internos. «Recibimos una situación penitenciaria de emergencia. El gobierno anterior tenía una deuda y no pagaba ni los alimentos ni los medicamentos. Lo resolvimos rápido», dijo y agregó: «Pagamos esa deuda y podemos anunciar que en los próximos meses vamos a inaugurar 1.350 nuevas plazas. Lo tenemos que hacer, porque nos corresponde. Tenemos que defender también a los trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense, a los que doy mi agradecimiento porque están exponiéndose».
También criticó la política criminal del gobierno de Cambiemos que superpobló las cárceles y «no construyó ninguna». En este punto trajo a colación una nota del portal Infobae del 7 de septiembre de 2018 en la que se sostenía que «El gobierno bonaerense quería darle prisión domiciliaria a 1500 presos para descomprimir las cárceles» como modo de contraponerlo con lo que ocurre hoy en su gobierno. «El entonces ministro de Justicia (Gustavo) Ferrari le recomendó eso a la Justicia», dijo Kicillof y apuntó que, «si quieren encontrar un Poder Ejecutivo tomando esa decisión, busquen en el gobierno anterior, no en este».
Para finalizar, Kicillof le apuntó al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, al recordar que en la resolución sobre prisiones domiciliarias que firmó el pasado 18 de marzo omitió aclarar a fiscales y defensores que quienes habían cometido graves no podrían acceder al beneficio. «No lo dice Conte Grand. Señalo esto porque se le consulta más adelante al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien deja claro, que no puede darse este beneficio a quienes hayan cometido delitos graves», dijo exponiendo al funcionario nombrado en el gobierno de Vidal.
El mandatario remarcó que no está de acuerdo con las domiciliarias en estos casos. «Este Gobierno no está de acuerdo, y nos parece aborrecible, cuando se le da prisión domiciliaria a quien cometió un delito grave, pero no está dentro de esta jurisdicción. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer», cerró.
«Quiero aclarar ante tanta campaña mediática y de redes que quién va a la cárcel y quién tiene prisión domiciliaria es una decisión del Poder Judicial y no del Ejecutivo. Ni las libertades ni las domiciliarias que se dieron son decisión del Ejecutivo», aclaró el gobernador en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno junto a los ministros de Justicia, Julio Alak, y de Seguridad, Sergio Berni.
Kicillof sostuvo que hubo una campaña, de algunos medios y de «una parte ínfima» de la oposición, en contra del gobierno para instalar que había «un plan para liberar» presos. «Ha habido una campaña cuyo objetivo no solamente tiene el efecto de tratar de dañar sino que es grave porque trata de generar miedo y angustia en la población que está haciendo un esfuerzo enorme por quedarse en su casa. Nosotros, al revés de eso, nos dedicamos todos los días a proteger a los bonaerenses», aseguró. «Buena parte de la oposición está participando, colaborando y trabajando en la misma dirección. Me parece que es un grupo ínfimo que está con otro juego. Yo no me voy a prender en ese juego», advirtió.
El plan de infraestructura carcelaria que se anunció consiste en la construcción de 1350 nuevas plazas para empezar a descomprimir la superpoblación existente: hoy hay 43.200 presos para 27 mil plazas. Se trata de diez obras de ampliación en las cárceles y alcaidías de Lomas de Zamora, Florencio Varela, Magdalena y Lisandro Olmos (La Plata). «Esto significa casi tres unidades penitenciarias nuevas», aclaró Alak. No está previsto por ahora el uso de contenedores modulares para alojar presos.
Kicillof habló de la «pesada herencia» que recibió de María Eugenia Vidal y recordó que, cuando llegó al poder en diciembre, había una huelga de hambre de 15 mil internos. «Recibimos una situación penitenciaria de emergencia. El gobierno anterior tenía una deuda y no pagaba ni los alimentos ni los medicamentos. Lo resolvimos rápido», dijo y agregó: «Pagamos esa deuda y podemos anunciar que en los próximos meses vamos a inaugurar 1.350 nuevas plazas. Lo tenemos que hacer, porque nos corresponde. Tenemos que defender también a los trabajadores del Servicio Penitenciario Bonaerense, a los que doy mi agradecimiento porque están exponiéndose».
También criticó la política criminal del gobierno de Cambiemos que superpobló las cárceles y «no construyó ninguna». En este punto trajo a colación una nota del portal Infobae del 7 de septiembre de 2018 en la que se sostenía que «El gobierno bonaerense quería darle prisión domiciliaria a 1500 presos para descomprimir las cárceles» como modo de contraponerlo con lo que ocurre hoy en su gobierno. «El entonces ministro de Justicia (Gustavo) Ferrari le recomendó eso a la Justicia», dijo Kicillof y apuntó que, «si quieren encontrar un Poder Ejecutivo tomando esa decisión, busquen en el gobierno anterior, no en este».
Para finalizar, Kicillof le apuntó al procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, al recordar que en la resolución sobre prisiones domiciliarias que firmó el pasado 18 de marzo omitió aclarar a fiscales y defensores que quienes habían cometido graves no podrían acceder al beneficio. «No lo dice Conte Grand. Señalo esto porque se le consulta más adelante al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, quien deja claro, que no puede darse este beneficio a quienes hayan cometido delitos graves», dijo exponiendo al funcionario nombrado en el gobierno de Vidal.
El mandatario remarcó que no está de acuerdo con las domiciliarias en estos casos. «Este Gobierno no está de acuerdo, y nos parece aborrecible, cuando se le da prisión domiciliaria a quien cometió un delito grave, pero no está dentro de esta jurisdicción. Tengo fe que la Suprema Corte de Justicia con buen criterio ponga orden y claridad en estas situaciones. Yo no lo puedo hacer», cerró.
