Pura impostura: pocas veces como esta semana se pudo apreciar con tanta nitidez la relación incestuosa entre política, justicia y poder real.
La primera imagen se registró el martes, en la Casa Rosada. El flamante presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y su mano derecha, Elena Highton de Nolasco, compartieron un almuerzo con el presidente, Mauricio Macri, su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Fuera de escena, en un cuarto contiguo, siguieron las alternativas de ese encuentro el secretario José Torello y el lobbista judicial macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón.
La anunciada presencia de esos dos personajes sirvió de excusa para que los tres miembros restantes de la Corte declinaran la invitación. «¿Qué tenemos que conversar con una persona que ni siquiera es funcionaria?», argumentaron, palabras más o menos, los cortesanos que rechazaron el convite. Se referían al operador Rodríguez Simón, que ejerce su influencia en los tribunales, pero tiene cargo formal como diputado del Parlasur.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se excusaron también en un tecnicismo: la acordada 7 del año 2004 estableció que cuando una parte solicita audiencia con los ministros, en ese encuentro tiene que estar también presente la contraparte. Y el Ejecutivo es parte en varias causas sensibles que están a la firma del máximo tribunal.
Una de ellas es el Caso Blanco, un planteo judicial por actualización de haberes previsionales que podría beneficiar a más de 150 mil jubilados y está frenado desde hace semanas en la vocalía de Rosenkrantz. En privado –mediante sus operadores– y en público –a través del periodismo amigo–, el gobierno hizo saber su disgusto por un eventual fallo de la Corte que convalide el criterio de Cámara, quien ordenó utilizar como referencia el índice de la Construcción en lugar del Ripte que propone la Anses. La diferencia entre uno y otro implicaría una mejora de hasta 10 puntos en la actualización de los haberes. Según el gobierno, eso detonaría una «bomba fiscal».
Los comensales del martes juraron que el tema no formó parte del menú, pero en política no todo se dice con palabras. En las próximas semanas, si Rosenkrantz se digna a firmar el despacho que tiene retenido, se sabrá qué impresión se llevaron los cortesanos de la Rosada.
Dos días más tarde –el jueves 8– se registró otra cruza institucional: el juez federal Julián Ercolini almorzó con el titular de la Afip, Leandro Cuccioli, en el reservado de un restaurante ubicado a pocas cuadras del despacho presidencial.
El encuentro fue retratado por este diario, pero los detalles aún se mantienen en el misterio. Tanto el juez como el funcionario rehusaron hacer comentarios, lo que estimuló la especulación: la Afip es parte –y el macrismo está interesado– en varias causas que lleva Ercolini. Entre ellas, la denuncia por fraude fiscal por la que se dictó prisión a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El juez también lleva la denominada «Causa Los Sauces», que tiene como procesados a la expresidenta Cristina Fernández y a sus hijos, Máximo y Florencia.
Aunque el contenido de la charla no trascendió, la pregunta está servida: ¿qué hubiesen dicho los socios de Cambiemos y sus groupies mediáticos frente a escenas similares durante la era K? ¿Y qué habrían dicho si, como ocurrió, un día después del almuerzo la pareja de Ercolini, Julia Kenny, fuera presentada como flamante vocera de la Procuración que conduce el fiscal macrista Eduardo Casal? ¿O sobre la versión que le adjudica a Rosenkrantz haber nombrado al novio de su hija en la Dirección de Sistemas de la Corte y a un sobrino en la obra social del máximo tribunal?
El nepotismo, como el trasiego de influencias, son prácticas tradicionales en los tribunales. Y Cambiemos, está claro, lo explota a discreción.
Total normalidad.«
