No será una ronda más la de este jueves 8 en la céntrica plaza San Martín, de la ciudad de Córdoba. A  metros del excentro clandestino de detención que funcionó  en el Departamento de Informaciones 2, actual Archivo Provincial de la Memoria, los organismos de Derechos Humanos marcharán exigiendo justicia por el crimen de Susana Montoya. El viernes pasado, la mujer de 74 años fue hallada sin vida en el patio de su casa ubicado en barrio Ampliación Poeta Lugones, noroeste de la capital provincial. La encontró su hijo Fernando Albareda, militante de Hijos Córdoba y empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien refirió haber ingresado al domicilio saltando una tapia vecina y haber hallado el cuerpo de su madre en penosas condiciones. Dos leyendas escritas con lápiz labial dominaban la escena: “Los vamos a matar a todos”, “Ahora vamos por tus hijos#Policía”.

Montoya era viuda de Ricardo Albareda, un subcomisario que militaba en el PRT-ERP y que logró infiltrarse en las más altas esferas de la policía provincial, hasta ser descubierto en 1979, secuestrado en el ex CCD Chalet de Hidráulica, torturado y aún hoy desaparecido.

El asesinato de Montoya tuvo inusitada saña y conmovió a las más altas esferas del poder político provincial, además de impactar de lleno en los organismos de Derechos Humanos, que el domingo emitieron un comunicado exigiendo justicia por el caso y seguridad para la familia Albareda. Reclamos que se repetirán este jueves, a seis días vista del inicio de la investigación comandada por el fiscal de distrito 4 turno 3, Juan Pablo Klinger.

De acuerdo a los testimonios que tomaron estado público, y con una causa que se maneja bajo estricto secreto de sumario, Montoya franqueó el paso de su vivienda a él o los atacantes, por lo que se supone que los conocía, y fue golpeada, estrangulada y apuñalada. La vivienda no registró forzaduras, no hubo testigos que escuchasen gritos ni movimientos extraños y a menos de cien metros una custodia policial designada por un resonante caso tampoco pudo aportar datos. No se observó el faltante de elementos de valor, pese a que en la vivienda había dinero, aunque sí hay quienes creen en un móvil económico: la altísima suma que Montoya y su hijo Fernando debían cobrar por el ajuste de los salarios adeudados al desaparecido Ricardo, este marzo ascendido a comisario post reparación de su legajo.

Con su hijo mayor ya aceptado como querellante, y aunque por estos días cobró mucha fuerza una hipótesis que sitúa a los posibles responsables en el entorno de la víctima, lo cierto es que a la fecha no hay imputados ni detenidos por el caso. La Provincia se cuidó de pronunciarse, salvo el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quien señaló que la hipótesis de un ataque de odio vinculado a la última dictadura “no la descartamos”, pero relativizó: “Lo tenemos que investigar pero no ha habido antecedentes de este tipo, de esta magnitud en la provincia de Córdoba, en esto años, por lo cual sería una cuestión muy extraña». La orden que recibió el funcionario provincial de parte del propio gobernador Martín Llaryora fue clara, y apunta a “llegar a los culpables y esclarecer el caso sea quien sea”. A esta altura, el crimen de Montoya y las posibles derivas del mismo han trascendido las fronteras provinciales.

Así las cosas, este miércoles funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano recibieron a funcionarios de los tres sitios estatales de Memoria y a referentes de los organismos de derechos humanos. La reunión, que había generado alguna expectativa, no arrojó mayores novedades salvo que se reforzará la seguridad en las sedes de estas instituciones, en profundo alerta desde el mismo momento en que se conoció el caso.

Los organismos, que ya venían realizando la ronda a la plaza los segundos y últimos martes de cada mes, sumarán este 8 de agosto una nueva bandera “Justicia por Susana, ya dijimos Nunca Más”.