El objetivo de Javier Milei de avanzar con la privatización del Banco Nación recibió un freno de parte de la Justicia. El Gobierno había publicado el DNU 116/2025 que buscaba transformar a la entidad en una sociedad anónima, pero el juez Alejo Ramos Padilla interpuso una cautelar para frenarlo y esa medida quedó ratificada. “No pueden avanzar”, señaló Sergio Palazzo, diputado nacional y secretario general de La Bancaria.
un fallo contra los planes de MIlei
El fallo inicial presentado por Ramos Padilla consideraba que el decreto de Milei era un paso previo a la posible privatización ya que, entre otras cosas, permitía el ingreso de capitales privados. Además, recordó que el banco había sido excluido de las empresas sujetas a privatización mencionadas en la Ley Bases y que el Ejecutivo no podía pasar por alto sobre la resolución del Congreso.

“Desde la Asociación Bancaria con suma satisfacción recibimos el nuevo fallo del Juez Federal Alejo Ramos Padilla, que transformó la medida cautelar interina, dictada oportunamente, en medida cautelar por los próximos 6 meses”, remarcaron desde el gremio a través de un comunicado.
¡Se hizo Justicia!
— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) March 14, 2025
Con alegría recibimos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla, que hizo lugar al pedido de medida cautelar.
Es decir que la medida Cautelar Interina la transformó por estos primeros seis meses en medida cautelar!
No pueden avanzar en la transformación en S.A del…
La reciente resolución repasa el trazo grueso y los argumentos de la primera medida. De esta manera, el gobierno tiene la potestad para presentar ante el Juzgado para, en todo caso, explicar su accionar e intentar avanzar con el decreto. “El camino hacia la privatización queda detenido momentáneamente, por lo que seguiremos firmes y alertas en la defensa de nuestro querido Banco Nación. La justicia nos sigue dando la razón”, concluye el mensaje de La Bancaria acerca de un freno que impacta en un objetivo central del Gobierno: su deseo de avanzar en la transformación del resto de las empresas del Estado.