Un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), prohibió -durante los últimos días- a la empresa encargada de gestionar el Complejo Ambiental Piedras Blancas Cormecor S.A invadir la zona de resguardo ambiental de cuatro kilómetros. La recomendación la hizo el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La resolución judicial ordena: «Mediar una distancia mínima de cuatro kilómetros entre el borde externo del predio y el radio urbano de Villa Parque Santa Ana». Sin embargo, hasta el momento todo el predio de Cormecor está, «invadiendo ilegalmente la zona de resguardo», aseguraron desde la asamblea vecinal que lucha hace más de una década por la protección de la zona.
«Es importante aclarar que es falso que la Justicia haya autorizado que se instale a cuatro kilómetros, en caso de cambiar de emplazamiento -remarcaron en un comunicado- deberá iniciar de cero un proceso de evaluación de impacto ambiental. Que contemple las características específicas del nuevo proyecto y lugar donde se realice el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Córdoba», completaron.
Una lucha sostenida en el tiempo
En Villa Parque Santa Ana, «estamos organizados y articulamos con vecinos de otros parajes como Alto del Durazno. Ellos vienen luchando contra Cormecor hace varios años, antes que nosotros, que nos sumamos en 2015», contó Magdalena Shibli, miembro de la Asamblea Santa María sin Basura, en diálogo con Tiempo.
Y continuó: «Cuando nos enteramos de que se instalaría un mega basural en las inmediaciones de nuestro pueblo, nos reunimos y empezamos a realizar un montón de averiguaciones, a estudiar en profundidad sobre el impacto ambiental».
Magdalena aseguró: «Fue así que encontramos un montón de falencias técnicas al proyecto de la empresa, las que nos afectarían de lleno como comunidad. Además de contaminar el ambiente en el que vivimos. Por eso, llevamos adelante una lucha legal a través de un amparo colectivo que firmaron más de 450 familias de Santa Ana».
Más denuncias contra Cormecor
Siguió repasando. «Luego le sumamos otras denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. También realizamos una intensa lucha mediática y social, hicimos muchísimas manifestaciones, cortes de rutas y hasta llevamos adelante un acampe en la puerta del predio de la empresa. Fue durante el proceso de reconocimiento del amparo colectivo, que se logró en diciembre de 2019».
Entre 2015 y 2019 los vecinos se mantuvieron muy informados de cómo iba avanzando la cuestión legal, participando en audiencias y eventos. «Porque por suerte, en Villa Santa Ana tenemos una gran cantidad de vecinos que son profesionales y técnicos, que pudimos poner nuestros conocimientos al servicio de la causa y de esa manera descubrimos una gran cantidad de falencias que tiene el proyecto de la empresa», señaló la mujer.
«Chequeamos el dato y nos dimos cuenta de que el predio se encontraba a menos de mil metros de nuestro pueblo. Y el estudio de los vientos nos hizo ver cómo sería la dispersión de los olores y los contaminantes. Así descubrimos -denunció- que el estudio de impacto ambiental estaba mal hecho, porque nosotros encontramos que nos va a afectar de manera sistemática».
Detalles del territorio
Cormecor está a tan sólo 1,03 kilómetro de Villa Parque Santa Ana (Oeste); a 1,82 de Bouwer (Este) y a 3,93 Kilómetros de la localidad de Los Cedros (Norte). Es decir, que existen tres localidades ubicadas a menos de 4 kilómetros del predio dónde la empresa pretende enterrar la basura de 2 millones de habitantes por más de 30 años. La escuela del paraje «Potrero del Estado» está dentro del radio de 2 kilómetros del predio de Cormecor, lo que resulta contradictorio con lo ordenado por la Justicia.
«Tuvimos otro evento sobre el tema en el que nos dieron la razón de que esa zona se inunda, por ese lugar pasan numerosas corrientes de agua. Ahí se produjo -el 29 de marzo de 2017- la inundación de Taym, (Planta de Residuos Peligrosos», recordó.
Inundación catastrófica
Magdalena explicó. «La inundación produjo un desastre, el agua colapsó los bordes de contención en el predio de Taym e inundó las lagunas del predio con contaminantes peligrosos y esa agua corrió hasta el Canal Los Molinos que abastece a toda la provincia de Córdoba. Al día siguiente no tuvimos agua, se hicieron numerosos estudios y la planta de Taym permanece clausurada desde ese acontecimiento».
Además, «nosotros marcamos todo el tiempo las falencias y los vicios del proceso administrativo del otorgamiento de la licencia ambiental, que era falsa -igual que el estudio de impacto- y vimos que no cumplía con condicionamientos técnicos que se habían pedido inicialmente», apuntó la mujer.
«Era un proyecto que no tenía licencia social, porque los vecinos de Santa Ana no fuimos debidamente notificados de la audiencia pública. Nuestras demandas -reclamó- no fueron atendidas. Y eso es una parte muy importante en el proceso administrativo del otorgamiento de una licencia ambiental».
Complicidad mediática con Cormecor
«Lo más importante que tenemos para decir es que la semana pasada tuvimos un nuevo fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el amparo colectivo, al que ya le habían dado lugar en diciembre de 2019. Cuando esto sucedió, hubo una gran desinformación por parte de determinados medios de comunicación que difundieron la noticia con títulos. Por ejemplo, ‘Cormecor puede ubicarse a cuatro kilómetros de Villa Parque Santa Ana’, y eso es falso», denunció.
«Ese titular esconde lo que realmente dice el fallo, que es que Cormecor no puede ubicarse a menos de cuatro kilómetros. Sin embargo, el predio en su totalidad está dentro de los cuatro kilómetros de resguardo ambiental», aseguró Magdalena.
Por lo tanto, «lo que necesitamos ahora, es aclarar que el reciente fallo ratifica lo que dijo el fallo de 2019 que dio lugar al amparo colectivo. Que también indica que Cormecor no está habilitado para ubicarse cerca de nuestro pueblo», agregó.
Además, «el fallo es muy específico, muy explícito en afirmar que la empresa no puede salirse del territorio delimitado por el estudio del impacto ambiental. Los habilita a hacer modificaciones dentro del predio y a instalarse siempre que cumplan con el requisito de los cuatro kilómetros de distancia de resguardo ambiental», explicó.
El nuevo fallo menciona a Villa Parque Santa Ana. «Pero se olvida de otros pueblos vecinos, esto me parece muy grave, está el pueblo de Bouwer, que ya tienen un enterramiento masivo de residuos y llevó a cabo una instancia de lucha para cerrar el basural. También está la Comuna de los Cedros y otros pobladores de la zona rural, por ejemplo de Alto el Durazno», contó la mujer.
Precariedad institucional
Otra cosa que remarca el nuevo fallo, «es que quedan en evidencia los vicios de otorgamiento de la licencia ambiental. Por ejemplo, cómo el secretario de ambiente en ese momento, Javier Britch, pide un informe a un técnico que suplante lo que estaba recomendando el Instituto Superior de Estudios Ambientales ISEA y la propia Comisión Técnica Interdisciplinaria», denunció Magdalena.
Son los profesionales que hicieron la recomendación de los cuatro kilómetros de resguardo ambiental. «Este funcionario la reemplazó por una nota sin fecha, redactada por un geólogo que afirma que se puede instalar Cormecor a menos de un kilómetro», apuntó.
Y completó: «Con ese papel dieron por cerrada la condiciones del distanciamiento respecto a las comunidades aledañas, esto queda muy evidenciado en el fallo, muestra como un proceso administrativo es viciado por un funcionario de turno».
La mujer reclama que no pueden pasar por encima de las Leyes Ambientales, porque son muy claras respecto a cómo deben hacerse los procesos de otorgamiento de una licencia ambiental. Que sea transparente y que los pobladores del lugar sean notificados.
«Este nuevo fallo lo que hace es anular parcialmente la licencia ambiental. Lo que nos llama muchísimo la atención, es que marca de manera detallada como fue viciado el proceso administrativo, la corrupción de un funcionario público. No entendemos cómo es posible que la licencia no haya sido anulada por completo. Y, que ese funcionario no sea denunciado y juzgado penalmente por incumplimiento de sus deberes», finalizó Magdalena.
