La justicia platense rechazó el pedido de la Secretaría de Derechos Humanos para ser querellante en la causa que investiga la desaparición de Jorge Julio López, el testigo desaparecido en septiembre de 2006 durante el juicio a Miguel Etchecolatz. La decisión se basó en la opinión de la Unidad Fiscal de La Plata que planteó que sería contradictorio porque en la causa se investiga a fuerzas de seguridad que dependen del Ejecutivo Nacional. El secretario Claudio Avruj había anunciado su pretensión de ser querellante en la causa a días de cumplirse 10 años de la desaparición.

“Una de las líneas de investigación seguida en la presente instrucción tiene como principal hipótesis determinar la posible responsabilidad de las fuerzas de seguridad dependientes en forma directa del Poder Ejecutivo. De esa manera, la incorporación de la Secretaría como querellante podría, eventualmente, redundar en una contradicción para el desarrollo de la pesquisa”, escribió en su fallo el juez Ernesto Kreplak, que subroga el Juzgado Federal N°1 de La Plata.

El magistrado se remitió al dictamen previo del fiscal Marcelo Molina, Coordinador de la Unidad Fiscal especializada en delitos de Lesa Humanidad, y ponderó la posición coincidente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en la causa.

En su dictamen, Molina sostuvo que “si como director del sumario y máximo conocedor de las diferentes líneas que actualmente se encuentran bajo investigación, el representante del Ministerio Público considera que la asunción de la calidad de parte querellante del Estado Nacional puede afectar en alguna medida la pesquisa, su oposición resulta determinante para este tribunal».

La presentación del Gobierno en la causa tuvo mucho de propagandístico: la noticia de que el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y el ministro de Justicia Germán Garavano habían acordado pedir que el Estado sea querellante en la investigación se conoció una semana antes del décimo aniversario de la desaparición de López. Al anuncio, realizado en las páginas de la sección política de Clarín se sumó luego un video institucional realizado y difundido por la secretaría, en el que aparecía el hijo del desaparecido.

En el rechazo de la LADH -compartida luego en su dictamen por la Fiscalía- el organismo recordó que el Estado Nacional “se había presentado como querellante en los juicios por crímenes durante el terrorismo de Estado sin mayores cuestionamientos» y puntualizó la diferencia con este caso, en el que «no ha habido un quiebre temporal e institucional como el que supone el pasaje de un Estado terrorista a un nuevo Estado democrático».

En esa línea, remarcó que el Estado tiene “sobradas posibilidades de contribuir a la investigación en curso, acatando y cumpliendo los pedidos realizados” por la justicia. Entre otras cosas, el Ejecutivo puede acelerar solicitudes judiciales pendientes como completar el análisis del entrecruzamiento de llamados entre los sospechosos y avanzar en un registro que centralice toda la información de las morgues del país. Eso permitiría cotejar cuerpos NN en el caso López.