Uno de los ejes que generó más contrapuntos en el debate presidencial de este domingo fue el de Seguridad, que tuvo mayor protagonismo de discursos punitivistas, mano dura y las advertencias por el peligro que encierra la desregulación del uso y la portación de armas. ¿Pero cuál es la realidad de estos temas?
La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que de convertirse en presidenta bajaría la edad de imputabilidad y chicaneó al liberal Javier Milei, al asegurar que éste propone la libre portación de armas.
Cuando Bullrich azuzó a Milei sobre su postura de “liberar las armas” para uso civil, el referente ultraliberal le respondió que había una Ley de Armas y que su planteo era limitarse a “cumplirla”.
“Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”, contestó Bullrich envalentonada. De hecho, la plataforma de Milei es clara: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
Lo cierto es que en otros momentos, sobre todo cuando era ministra de Seguridad, Bullrich se mostró a favor de que las víctimas de un delito se defiendan a los tiros, aún cuando todo ocurriera en medio de una situación confusa.
Al respecto, Tiempo dialogó con Julián Alfie, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) quien analizó: “Celebramos que en el debate de ayer haya existido un fuerte rechazo a la libre portación de armas, incluso por parte de sectores que se habían mostrado ambivalentes o incluso explícitamente a favor de esa libre circulación”.
“Es posible que todos los sectores políticos hayan tomado nota del fuerte rechazo que la sociedad argentina tiene respecto a la circulación de armas en la sociedad civil. De todos modos, hay que ser conscientes de que estos discursos ‘pro-armas’ no son aislados, sino que vienen en auge a nivel regional e internacional”, señaló Alfie.
El especialista, entonces, advirtió: “La ciudadanía debe estar alerta para evitar que, bajo discursos un poco más sutiles, se terminen eliminando los controles hoy existentes. Más armas significa más muertos y más violencia. Los problemas de inseguridad no se resuelven con más armas de fuego en las calles, sino con un mayor control para que ninguna arma sea usada ni en ocasión de robos, ni tampoco en el hogar, en las escuelas o en cualquier pelea entre vecinos. No se trata de ciudadanos buenos o ciudadanos malos, sino de un instrumento que aumenta los riesgos de que se produzca una muerte, lo posea quien lo posea”.
La inseguridad, los chicos y lo social
“Voy a cambiar el Código de imputabilidad de los menores a los 14 años, el Código Civil… el Código Penal, perdón; para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad, van a purgar sus penas como la tienen que purgar”, señaló Bullrich en la Facultad de Derecho de la UBA.
Rápidamente, la candidata a presidenta por el FITU, Myriam Bregman, salió a cruzarla: «La escucho cada tanto que vuelve con bajar la edad de imputabilidad. Me gustaría que nos cuente hasta dónde… ¿Hasta los 12? ¿Hasta los 10? ¿Hasta el jardín de infantes?”, replicó la dirigente de izquierda.
Si bien el candidato del oficialismo, Sergio Massa, optó por no meterse con este tema, se sabe que entre sus legisladores hay referentes que sostienen la necesidad de analizar esta idea en profundidad. Incluso, la baja de la edad de imputabilidad era una de las banderas de Massa hace unos años atrás.
Exclusión social
Juan Schiaretti pareció de los más centrados al arrancar exponiendo que resolver los problemas de inseguridad van antecedidos por el drama de la exclusión social. Pero a los pocos segundos ya estaba a la par de sus colegas presidenciables, e incluso propuso derribar aviones en la frontera.
Como en otras áreas, en la seguridad no se puede pensar un solo origen a resolver. Pero hay una causa de base: cuando hay crisis socioeconómica, suben los hechos delictivos. Entre ellos, los protagonizados por menores, que no tienen redes de contención ni escolares, ni sociales ni familiares.
De acuerdo al último informe presentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en base a las causas que se iniciaron en la Justicia Nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el primer semestre de este año, creció en un 21% la participación de los menores de edad en los hechos delictivos respecto al mismo período del año pasado. En números, se trata de 986 menores, y el 56% tienen entre 16 y 17 años. El 41% tenía domicilio en Capital Federal.
Otra problemática es el narcotráfico, donde intervienen negociados con fuerzas de seguridad, políticos y empresarios. En todo ese combo se suma la posible dolarización que propone Javier Milei que, en países como Ecuador, potenció la presencia de carteles y narcos que podían «lavar» y «legalizar» negocios de manera directa y aún más rentable. Hoy es el país de la región con mayor violencia política.
Pobreza
Pobreza e inseguridad van de la mano, aunque en el debate anoche casi no les hayan relacionado y solo se puso el foco en las penas, y no en atacar las causas estructurales. Según el Indec, hay 7,4 millones de niños, niñas y adolescentes que son pobres y 1,8 millones en extrema pobreza.
Ya en febrero, UNICEF alertaba que dos de cada tres niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos.
La semana pasada, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboró un informe sobre la situación y un diagnóstico en relación a las políticas sociales que benefician a las infancias. Concluyeron que si no existieran la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares y la prestación Alimentar, la pobreza infantil en Argentina sería 3 puntos más alta y la pobreza extrema, 10 puntos.
Existen grupos particularmente afectados por esta situación: los adolescentes entre 10 a 17 años, aquellos que viven en barrios populares y los que pertenecen a hogares monomarentales o monoparentales. “Hay un cruce de género que en este último caso hay que hacer porque hay muchos estudios que dan cuenta de que los hogares con jefatura femenina son más pobres que los que tienen una masculina”, puntualizaron desde ACIJ.
