Luego de más de tres largos años de debate, ha comenzado la fase de alegatos en el Juicio Brigadas, donde se juzgan delitos de lesa humanidad perpetrados en los centros clandestinos de detención conocidos como el ex Pozo de Banfield, el de Quilmes, la Brigada de San Justo y El Infierno de Avellaneda.
Gonzalo Miranda inició la exposición representando a la Fiscalía, indicando que los 12 imputados enfrentan acusaciones por delitos cometidos contra 605 personas, entre 1974 y 1979.
Miranda subrayó que este proceso penal implica «crímenes de Estado» que causaron daños incalculables a las personas afectadas, impactando no solo a quienes fueron secuestrados, torturados, abusados o asesinados, sino también a sus entornos. Describió la «onda expansiva de terror y sufrimiento» que alcanzó niveles extraordinarios.
Ana Oberlin destacó las dificultades para reconstruir datos debido a la clandestinidad de las acciones criminales y detalló la diversidad de las víctimas, incluyendo militantes, empresarios, niños, niñas, menores apropiados y personas vinculadas a catalogados como enemigos. La mayoría de las víctimas eran varones (50%) y se describieron las edades y las circunstancias en las que fueron afectadas.
La conexión internacional del juicio Brigadas
Se mencionaron las torturas sufridas por las víctimas, que incluyeron violencia sexual, y se destacó que un 86% de las personas victimizadas continúan desaparecidas. Se abordó el papel de los centros clandestinos de detención y la conexión internacional a través del Plan Cóndor.
Los hechos específicos se detallaron, destacando la sistematicidad en los secuestros con violencia, saqueos y violencia en lugares de detención. Se subrayó la inhumanidad de las condiciones de vida de las víctimas en los centros clandestinos.
El análisis de los CCDTyE (Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio) se centró en el Pozo de Banfield, el de Quilmes, la Brigada de Lanús y la de San Justo, describiendo las condiciones inhumanas y las reformas para ocultar los hechos.
Se expuso el contexto histórico, mencionando leyes y decretos que respaldaron la persecución ideológica y el uso de las fuerzas armadas. Se resaltó la participación en asociación ilícita con fuerzas extranjeras a través del Plan Cóndor.
Se abordó la prueba testimonial, destacando la importancia de las discrepancias que reflejan la autenticidad de los testimonios. Se presentaron casos específicos del Pozo de Banfield, detallando secuestros, liberaciones y desenlaces trágicos.
Los alegatos continuarán en la próxima audiencia, programada para el 19 de diciembre.
